1918 fue año de elecciones. Cuando la primera guerra mundial estaba en las últimas, el sufragio universal no estaba tan extendido por el planeta como ahora, pero con mayor o menor grado de democracia, países como Gran Bretaña, España, Irlanda o Estados Unidos tenían citas electorales programadas. La llegada de la gripe española obligó a cancelar actos de campaña, enfermó a candidatos –de hecho, Brasil tuvo que repetir las elecciones, al ponerse enfermo el presidente electo– y dificultó el acceso a las urnas. Elecciones y pandemias las hemos vuelto a tener a menudo desde entonces, aunque quizás no a una escala tan global.  

102 años después, dificultades similares hacen temer que en algunos países la covid-19 pueda tener una víctima inesperada: la democracia. Porque celebrar unos comicios en tiempos de gripe, de ébola o de covid conlleva no solo una gran dificultad logística en términos de salud, sino riesgos en cuanto a la participación y a la transparencia. 

Queda muy poco para que se vuelva a votar en Galicia y en el País Vasco. Las elecciones de las dos Comunidades, que debían haberse celebrado el 12 de abril, van a tener lugar pasada la primera ola de la pandemia. Otros países, como Corea o Francia, también se han encontrado en esta tesitura en momentos en los que el virus era más prevalente, y la pandemia ha supuesto un esfuerzo organizativo suplementario que, sin embargo, no logró, en el caso de Francia, que la participación llegara al nivel de  votaciones anteriores. Sí ocurrió en Corea, donde se registró casi un punto más de participación. “La logística de unas nuevas elecciones se planifica casi desde el día siguiente a que un gobierno salga elegido”, explica Ismael Peña-López, director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat. De hecho y, pesar de que en Cataluña no hay, de momento, elecciones a la vista, dice que “hay que hacer preparativos por si se diera la eventualidad”. Peña-López explica que hay una parte del dispositivo que ya está preparado desde hace mucho tiempo, pero que otros aspectos “como la comunicación o la recogida de datos, tiene que adaptarse. No sabemos cuándo y si habrá elecciones, pero debemos prever desde cosas tan prosaicas como dónde meter el equipo gestor si tenemos que respetar las distancias sociales. No contemplamos que organizar los cincuenta y cuatro días de campaña telemáticamente sea una opción. Claro que buena parte del dispositivo cambiará dependiendo del escenario en el que nos encontremos.” Sin embargo, Peña-López deposita mucha confianza en la idea de que las elecciones bajo el signo de la pandemia puedan abrir la puerta al voto electrónico, de momento solo posible en unos pocos países del mundo, como Estonia “Tenemos la experiencia de que con el voto rogado, el del exterior, siempre cae la participación por los problemas que genera. La tecnología para el voto electrónico está preparada y no tiene más riesgos que el voto por correo tradicional. Y además se puede auditar mejor que el de papel; si alguien te engaña, anulas el boleto corrupto y no hay que deshacerse de toda la urna.No se puede falsificar un millón de votos. Fallan los miedos, y que no tenemos ley de voto electrónico, pero en todo el mundo pasa algo parecido”.

En las elecciones vascas y gallegas la Junta Electoral Central ha reforzado el voto por correo, ha simplificado los trámites, y ha hecho que, de facto, los carteros actúen como mesas electorales móviles y fedatarios. En Euskadi, las peticiones de voto por correo se han multiplicado por ocho respecto a otros años. Pero ¿cómo llegar hasta poblaciones envejecidas o vulnerables? La digitalización de la democracia ¿no crearía una nueva brecha digital? Peña-López cree que no. “En primer lugar, hay una parte de la población que se abstiene tradicionalmente porque no es ya que no tengan acceso a internet, sino que tienen una serie de problemas que les dificultan participar en el sistema democrático, y que tenemos que resolver antes. En cuanto a la brecha por edad, más allá de que el voto electrónico no excluye las formas tradicionales de funcionar, tenemos la posibilidad de llevar la urna al votante, porque nos permite, por ejemplo, convertir la salida de un supermercado en una mesa electoral. Puede suponer una brecha, claro, pero nos permite ir a hospitales, prisiones, y a otros lugares donde ahora existe ya una brecha; además, es más barato”. Concuerda con él el asesor en relaciones internacionales Adam Casals, quien apunta, sin embargo, que el voto digital “tiene todavía algunos problemas, pero que van por el camino de resolverse mediante el blockchain”.

Curiosamente, un aspecto positivo que sí podría tener la pandemia –y opuesto al que tuvo, por ejemplo, en 1918 en Estados Unidos, donde la propaganda electoral por correo jugó un rol fundamental en la campaña– es la desaparición o la reducción del papel que recibimos en casa. “Depende de un factor muy prosaico”  –comenta Peña-López– “que es que lo que se paga a Correos para hacer el envío, porque ahora a los partidos no les sale a cuenta hacerlo de manera conjunta”. De hecho, se ha prohibido la entrega en mano de propaganda electoral en las dos comunidades que ahora encaran elecciones, y los actos de campaña también tienen serias restricciones. Muchas otras mecánicas también han tenido que cambiar, comenta Emilio de la Iglesia, coordinador de prevención de la Xunta. “Nosotros hemos aprobado un protocolo con una serie de medidas, desde itinerarios señalados, zonas de espera separadas, cabinas situadas contra la pared de manera que no tengan una cortina para garantizar el secreto del voto, limpieza constante... también daremos mascarillas y pantallas a cada miembro de la mesa, y habrá bandejas para dejar el DNI y no tener que tocarlo. Naturalmente, solo se podrá acceder al colegio con mascarilla, y habrá accesos preferentes para algunos colectivos. Nuestros técnicos en riesgos laborales han examinado ya los locales y lo volverán a hacer el día antes de la votación”. La Junta Electoral Central no ha respondido a las demandas de información, pero remite a las normas que ya han publicado y que ofrecen indicaciones en la misma línea que las de la Xunta. Las campañas también han cambiado. En la comarca gallega de A Mariña, nuevamente confinada, la primera medida fue que algunos grupos políticos –PSdG, Galicia en común y BNG– decidieron suspender los mítines. De momento, hay 80.000 personas aisladas y se ha prohibido que las personas con diagnóstico o síntomas de covid voten, pero la situación se revisará en unos días.

Pero celebrar unas elecciones en tiempos de pandemia no solo presenta dificultades logísticas, sino que la disrupción en la normalidad también afecta a la salud de las democracias. En Galicia, se estima que la participación puede hundirse a mínimos históricos, aunque las previsiones iniciales la situaran cinco puntos abajo. “Es muy probable que incida en las participaciones”, dice el sociólogo Aran Solé, “porque no es lo mismo hacer cola debiendo guardar la distancia que no hacerlo, tener que llevar mascarilla…”. Solé no se atreve a hacer previsiones de cómo  puede condicionar el signo del voto la pandemia, pero apunta a que la abstención de la franja de personas mayores de 65 años “puede afectar en las opciones más conservadoras. En líneas generales, se trata de un voto que no quiere cambios y busca estabilidad”. Solé cree que en España es posible que la gestión de la pandemia y del confinamiento sean bien valorados, a la luz de las primeras encuestas, “pero esto no tiene por qué ser extrapolable: en Estados Unidos se detecta el proceso contrario”. Hay pocos estudios sobre la incidencia de las epidemias en las afiliaciones políticas. Estos días ha circulado por la red un estudio que ha levantado mucha polvareda, elaborado por un economista de la Reserva Federal de Nueva York, que vincula las peores tasas de mortalidad en Alemania por la pandemia de gripe de 1918 con un menor nivel de gasto público municipal y una subida en el voto a la extrema derecha. La tesis es provocativa, y el estudio es riguroso, por lo que no extraña que haya provocado un cierto revuelo. Pero los mismos autores sugieren que hay que tener cuidado con extraer conclusiones sobre la actualidad.

Y, además, la pandemia actual causa ya dificultades muy reales y observables. Adam Casals comenta sobre todo “el problema de la homologación de elecciones. Uno de los efectos negativos de la pandemia es que dificulta la llegada de observadores internacionales. En África, en particular, la situación empieza a ser un poco preocupante tanto por la escalada de casos como porque coincide con que este año hay muchas elecciones”. Casals, sin embargo, señala que la participación también depende de factores intrínsecos de cada país, no necesariamente relacionados con la pandemia. “Por ejemplo”, dice, “en Serbia ha habido una mayor abstención, pero ha sido por un boicot de la oposición”. Concuerda con él un veterano observador que ha trabajado en diferentes elecciones en todo el mundo, quien señala que “muy posiblemente la participación no decaiga en aquellos lugares donde la población percibe que hay legitimidad democrática, pero la pandemia sí puede utilizarse políticamente en algunos casos, por ejemplo, posponiendo o avanzando elecciones a conveniencia de los partidos de gobierno”. Este observador recuerda el caso de la República Democrática del Congo, donde hace dos años el Ébola sirvió de excusa para posponer las elecciones en la región de Nord Kivu –y poco afín al gobierno– hasta unos meses después de la proclamación del presidente.

La ODIHR (Office of Democratic Institutions and Human Rights, el ente dependiente de la OSCE que envía equipos de observadores internacionales en procesos electorales de todo desde Europa) ha reducido las misiones de observación y en su lugar ahora envía “misiones de evaluación especiales”, con menos expertos, a trabajar sobre el terreno. En Burundi, por ejemplo, las elecciones de finales de mayo se llevaron a cabo sin observadores –en este caso, de la Unión Africana– a quienes el gobierno quería imponer una cuarentena obligatoria de catorce días, impidiendo de facto su trabajo. En otros países, como Etiopía, al Parlamento se le acaba el mandato y hay que encontrar una salida jurídica que permita cambiar la normativa electoral. Algo similar ha ocurrido en Bolivia, donde se ha dado un intenso debate sobre la fecha de las elecciones. Aunque en otros, como Ecuador, donde el voto es obligatorio, se estudian soluciones técnicas que puedan garantizar el sufragio sin poner en peligro a la población. Y algunos más han mantenido la fecha de las elecciones a pesar de todo. Como afirma un informe de la International Foundation for Electoral Systems, refiriéndose a las lecciones aprendidas de las elecciones de 2014 en plena epidemia de ébola “votar es posible incluso en las circunstancias sanitarias más duras”. Un motivo, al menos, por la esperanza.