Para Ana Ruzo la vida anterior a la pandemia de la covid-19 ya era una incierta cifra de muertes. Antes de que el virus confinara a los chilenos en sus hogares, la cineasta y fotógrafa salió a las calles de Santiago durante meses, junto con más de un millón de personas en todo el país, para protestar contra la desigualdad generalizada. Unas manifestaciones inicialmente desencadenadas por el aumento de la tarifa del metro en octubre de 2019. “Tengo imágenes en mi cerebro que no podré olvidar fácilmente”, dijo sobre la represión estatal que siguió a las protestas. “Vi personas que habían perdido un ojo y muchas otras que sangraban”.

Ruzo relató la dificultad de presenciar la violencia: “Era difícil volver a casa después de ver todo eso sabiendo que [algunas de]… esas personas [en las calles] no iban a estar allí al día siguiente”.

“Lo describiría como una experiencia de guerra absoluta”, agregó. “Absolutamente”.

Por esa misma época, el vecino al norte de Chile, Bolivia, estaba experimentando su propia crisis tras la toma de la presidencia del país por parte de Jeanine Áñez, una diputada de la oposición, después de que el primer presidente indígena de América del Sur, Evo Morales, fuera presionado para que presentara su dimisión tras unas controvertidas  elecciones a finales de octubre de 2019. Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, estaba entonces en primera línea. También describió la situación de Bolivia bajo el nuevo gobierno interino como algo similar a una guerra. “Olía a muerte y sufrimiento”, dijo al describir las secuelas de la masacre de Sacaba, una de las dos masacres perpetradas desde la toma de posesión de Áñez, en la que al menos ocho personas fueron asesinadas después de que las fuerzas del Estado, según se dice, dispararan contra un grupo de manifestantes que en su gran mayoría eran indígenas. “He trabajado en zonas de guerra… y me recordó más a una zona de guerra que a un país en un período democrático”.

La mayoría de las empresas mineras del mundo tienen su sede en Canadá y el 41% de las grandes compañías mineras de América Latina son canadienses

El abogado, que ayudó a llevar el caso contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín por una masacre similar de manifestantes indígenas en 2003, recordó su visita a un hospital cercano después de la masacre de Sacaba. Vio el cuerpo de un hombre cuya cabeza había “literalmente… explotado a causa de una bala”. Habló con otro hombre que se había escondido en una casa hasta que los militares “simple y llanamente derribaron la puerta”. El hombre comenzó a asfixiarse por los gases que los agentes habían lanzado, pero “permaneció allí porque tenía demasiado miedo de que lo mataran o le hicieran desaparecer si salía al exterior”, dijo Becker. Los agentes golpeaban al resto de personas que había en la casa, le dijo el hombre a Becker, mientras proferían a gritos insultos en contra de los indígenas.

Becker explicó que mucha gente en Bolivia llama al gobierno de Áñez dicta-suave. Existe el temor de que la pandemia de coronavirus agudice su agresividad.

La respuesta internacional a estas crisis actuales ha sido variada. Canadá ha adoptado un enfoque más proactivo hacia América Latina bajo el mandato del primer ministro Justin Trudeau. Sin embargo, más allá de condenar las “irregularidades electorales en Bolivia”, el gobierno no ha hecho ninguna declaración acerca de la represión estatal en ninguno de los países, aparte de las advertencias a los viajeros de nacionalidad canadiense, a pesar de la creciente evidencia de violaciones de derechos humanos aportadas por la ONU y las organizaciones internacionales. Por el contrario, acordó trabajar con Áñez y ha mantenido sus lazos con Chile. El papel de la minería canadiense –y cómo informa del modo en que Canadá elige formar o mantener aliados– puede explicar su enfoque en la región.

Existe un importante vínculo entre la minería canadiense y la política exterior canadiense. Según los registros de los grupos de presión política obtenidos por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) –una asociación de dos facultades de derecho canadienses que defiende los intereses de las comunidades afectadas por la extracción de recursos (particularmente las comunidades indígenas)–, los representantes de la industria minera realizan campañas de presión potentes e insistentes dirigidas al gobierno canadiense. Muchos de estos contactos incluyen aquellos que forman parte de Global Affairs Canada, el departamento de asuntos exteriores del país, y Natural Resources Canada, el departamento gubernamental del que forma parte la industria minera de Canadá.

Además, Canadá domina este sector: la mayoría de las empresas mineras del mundo tienen su sede en Canadá, mientras que el 41% de las grandes compañías mineras de América Latina son canadienses, según el JCAP. Estas compañías también se han visto envueltas en controversias en los últimos años. Un informe histórico que el JCAP publicó en 2016 encontró que veintiocho de estas compañías estuvieron implicadas en cuarenta y cuatro muertes, 403 lesiones y 709 casos de criminalización en trece países latinoamericanos durante un período de quince años.

Dos compañías mineras canadienses se vieron involucradas en dos de los conflictos mineros más importantes que han tenido lugar en el país en las últimas tres décadas

La organización canadiense MiningWatch ha sugerido que el silencio del país ante los abusos por parte del Estado en Chile es estratégico: “Los intereses mineros canadienses podrían estar en el centro de esta decisión de hacer la vista gorda ante la represión más feroz desde la dictadura de Pinochet”. Según Natural Resources Canada, hay más de cuarenta empresas mineras canadienses en Chile, lo que lo convierte –junto con México–  en el país donde Canadá realiza la segunda mayor inversión extranjera directa después de Estados Unidos. La represión que Ana Ruzo presenció allí ha sido documentada por varios grupos internacionales en defensa de los derechos humanos; sin embargo, Trudeau respondió a una llamada telefónica del presidente chileno Sebastián Piñera a finales de octubre durante el apogeo de las protestas. En su conversación, Trudeau no parece que tratara explícitamente el asunto de las manifestaciones. En cambio, ambos líderes expresaron su preocupación por las elecciones en Bolivia y discutieron los continuos esfuerzos para “abordar la crisis de Venezuela”, según un comunicado de prensa del gobierno canadiense.

Vladimir Díaz-Cuellar, un experto en economía política boliviana de la Universidad Carleton de Ottawa, Canadá, está de acuerdo en que la reacción de Canadá ante los sucesos que han tenido lugar en América Latina debe analizarse desde la perspectiva de sus intereses económicos.  “Que no digan nada sobre la crisis de un país [donde han muerto muchas personas] dice mucho sobre el sesgo del gobierno canadiense”, dijo, refiriéndose a Chile.

Ruzo tampoco duda de dicha conexión al manifestar que ello explica el silencio de Canadá sobre su aliado clave.  “Hace un tiempo, Piñera dijo que Chile era un paraíso”, dijo, “Y es un paraíso: para hombres de negocios y para todos aquellos que quieran sobreexplotar la tierra y a la gente, y enriquecerse destruyendo la herencia de todo un país”.

La actividad minera canadiense en Bolivia, en comparación, no es tan importante, pero ha tenido profundas consecuencias sociales en el país, explicó Cuéllar. Dos compañías mineras canadienses se vieron involucradas en dos de los conflictos mineros más importantes que han tenido lugar en el país en las últimas tres décadas: el conflicto de Amayapama en 1996 y el conflicto de Mallku Khota en 2012. “[Con respecto a] los intereses mineros canadienses en Bolivia, lo que realmente importa históricamente son las consecuencias sociales y políticas de ese pequeñísimo capital invertido en el país y que de hecho costó algunas vidas en algunas comunidades rurales –centros mineros– en Bolivia”, dijo Cuéllar.

En un artículo académico de 2016 que Cuéllar coescribió con Kirsten Francescone titulado “Intereses mineros canadienses en Bolivia, 1985–2015: trayectorias de fracasos, éxitos y violencia”, los dos detallan el impacto de estos conflictos. En el primero, el de Amayapama, también conocido como la masacre de Navidad, se vieron implicados Vista Gold (una compañía creada tras la fusión entre la empresa canadiense Da Capo Resources y Granges, una empresa estadounidense más pequeña), sus trabajadores y las comunidades indígenas de la zona. El conflicto se intensificó entre estos grupos cuando, el 19 de diciembre de 1996, tres mil agentes de las fuerzas de seguridad fueron enviados al yacimiento después de que los empleados tomaran el control de la mina y expulsaran al personal de la compañía. El accionista de Da Capo David O’Connor había presionado al gobierno de Bolivia para que tomara medidas. En tres días de disturbios, nueve personas fueron asesinadas por los militares, incluidos estudiantes, mineros y campesinos indígenas. El CEO de Vista Gold, Michael B. Richings, dijo más tarde que la acción había sido “necesaria”.

En los 90, el sector del gobierno canadiense dedicado al desarrollo ayudó a Bolivia con una serie de iniciativas de privatización, junto con el Banco Mundial y el FMI

En 2012, South American Silver Corp. (SASC) y su filial boliviana, la Compañía Minera Mallku Khota (CMMK), estuvieron detrás de otro conflicto a gran escala. CMMK había estado intentando explotar una de las minas de plata más grandes del mundo en Mallku Khota, al norte de Potosí, a pesar de la resistencia de las comunidades indígenas de la zona durante años. Las tensiones aumentaron el 7 de julio de 2012, cuando cuatrocientos policías fueron enviados a la zona para recuperar a los rehenes de la compañía que presuntamente habían sido detenidos por la comunidad, lo que se saldó con una muerte y trece heridos. En consecuencia, el gobierno –entonces dirigido por Morales–  anuló el derecho de CMMK a explorar en Mallku Khota y calificó la medida de nacionalización. La oficina del entonces ministro de comercio internacional de Canadá, Ed Fast, envió una carta al gobierno boliviano criticando esta campaña de nacionalización y advirtiendo de que obstaculizarían las inversiones extranjeras en Bolivia. SASC pronto llevó a Bolivia al tribunal internacional alegando que había incurrido en pérdidas como resultado de la acción del gobierno boliviano. En 2018, el Tribunal Permanente de Arbitraje con sede en La Haya otorgó a SASC (ahora propiedad de TriMetals Mining) 28 millones de dólares, aunque había solicitado una compensación por un total de 385,7 millones de dólares.

Canadá se ha opuesto durante mucho tiempo a la campaña de nacionalización en Bolivia. Como explican Cuéllar y Francescone, en la década de 1990, el sector del gobierno canadiense dedicado al desarrollo ayudó a Bolivia con una serie de iniciativas de privatización, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto incluyó la desnacionalización de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entre otras reformas neoliberales. Tras la aplicación de estas reformas, la presencia de empresas mineras canadienses empezó a proliferar en Bolivia.

Con estos antecedentes, explicó Cuéllar, “Este gobierno de transición… y muy probablemente el gobierno que vendrá después [estará más abierto] a la inversión extranjera directa, y eso incluye los intereses mineros canadienses”.

La crisis global provocada por la covid-19 ha planteado retos únicos tanto para Bolivia como para Chile.

Las elecciones bolivianas del 3 de mayo se pospusieron después de que el país emitiera una orden de confinamiento en marzo para sofocar la propagación del virus, lo cual avivó los temores de una represión mayor. “Los críticos con el gobierno están enormemente preocupados ante la posibilidad de que utilicen esto [para] ganar más tiempo para reprimir a más opositores”, dijo Becker. Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch ya han expresado su preocupación por el nuevo decreto sobre la COVID-19 que el gobierno de Áñez implementó el 25 de marzo, con una disposición contra la información errónea que creen que podría usarse para procesar a quienes critican al gobierno. Funcionarios del gobierno boliviano, afirma la organización de derechos humanos, han mencionado a los opositores políticos como posibles objetivos de esta disposición.

En Chile se ha pospuesto hasta octubre un plebiscito para cambiar la constitución de la época de la dictadura del país, y asimismo se han detenido las manifestaciones callejeras, aunque la gente lo ha cambiado por las caceroladas con ollas y sartenes desde los balcones en continua protesta.

En la capital Ruzo se ha dado cuenta de algo más esperanzador. “Lo que está comenzando a suceder es que las mismas personas que estaban en las calles… defendiendo a las personas desarmadas de los ataques terroristas del Estado y la policía chilena”, explicaba, “son las mismas personas que ahora salen pertrechadas con botellas de cloro y spray… para desinfectar las calles, las paradas de autobús”.

“Así que, ya ves”, agregó Ruzo, “la gente protege a la gente”.

La pandemia también ha afectado a la industria minera canadiense. En Bolivia, la compañía canadiense Pan American Silver suspendió sus operaciones a finales de marzo de 2020 para cumplir con las regulaciones bolivianas. Pero los preparativos para reiniciarlas están en marcha. En Chile, la empresa canadiense BHP ha impedido que los trabajadores de alto riesgo acudan a los yacimientos y ha incorporado medidas de distanciamiento social en sus campamentos de trabajadores, pero por lo demás, han permanecido abiertos. Un nuevo informe publicado este mes por Mining Watch junto con otras seis organizaciones sin ánimo de lucro de Estados Unidos y Reino Unido, titulado “Voces desde el terreno”, ha criticado a la industria minera canadiense por sus acciones. Las organizaciones acusan a la industria de propagar la covid-19 tanto entre sus propios trabajadores como a las comunidades alejadas en las que operan sus minas, tanto en Canadá como en el extranjero.

Una cosa parece clara: ni la pandemia ni la represión continua en Chile o Bolivia verán a Canadá suspender sus operaciones mineras en la región en el futuro próximo.

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Este artículo se publicó en The Baffler.

Traducción de Paloma Farré.