En el Día Mundial de las Personas Mayores –1 de octubre– son muchos los que nada quieren celebrar. No tienen motivos para hacerlo, a no ser que sea para hablar del drama sobrenatural que vivieron en las residencias y que su voz trascienda con transparencia, sin trampas ni medias verdades. Pero ni en eso confían plenamente los afectados. Al menos no Javier Garzón (Madrid, 1963), miembro de Marea Residencia, el colectivo que antes de la llegada de la pandemia ya ponía el grito en el cielo por la situación que rodea a muchos geriátricos madrileños. “Una de las cosas dolorosas fue comprobar la mala disposición de las empresas que controlan los centros para facilitar los medios que requería una situación tan grave. Hubo muchas muertes indignas en las residencias”, afirma con un poso inevitable de amargura. Pero mira hacia adelante y denuncia: “El Gobierno de Madrid sigue renovando licencias para gestionar residencias a empresas que han sido sancionadas”. La esperanza en la justicia es lo que le mantiene en el camino de obstáculos que ha empezado a recorrer junto a cientos de afectados –familiares, usuarios, trabajadores y amigos– . El primer paso ya está dado: la tramitación de querellas en los tribunales contra los posibles responsables. “Hasta el momento se han presentado entre 80 y 100 contra los consejeros madrileños de Justicia y Sanidad, aunque hemos recopilado datos de 400 personas más. Aguardamos la respuesta del Tribunal Supremo sobre el aforamiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para seguir avanzando”, avisa. Hace sol en este Madrid otoñal tan triste y extenuado pero Javier Garzón aplaca los fantasmas que acechan con un paseo enmascarado por el Retiro junto su perro Zorro como fiel compañero.

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¿Tienen algo que celebrar?

No, nada. El 1 de octubre es una jornada de lucha y reivindicación. Vemos que esta sociedad trata a las personas de edad avanzada con edadismo, con discriminación y dejadez. Se las juzga en función de la edad y no de sus capacidades. Les quita valor como ciudadanos de derecho pero les mantiene las obligaciones. Vamos a apoyar los diferentes actos que se han organizado pero sabiendo que las fuerzas están mermadas por culpa del confinamiento.

¿Cuáles son sus demandas?

Tenemos dos reivindicaciones principales. La primera es salvaguardar la vida de los supervivientes que siguen viviendo en las residencias y que los culpables del geronticidio que se produjo durante la pandemia paguen por ello. La otra demanda es denunciar públicamente que el modelo implantado en España, específicamente en Madrid, no es el adecuado para preservar la vida de las personas mayores.

El ingreso residencial es la última opción de todas porque en el 99% de los casos no es voluntario sino forzado por un entorno familiar, económico o laboral

Exigimos otras alternativas como los pisos tutelados, la asistencia en el hogar o el cumplimiento de la ley de promoción de autonomía personal y ayuda a las personas en situación de dependencia. Me gustaría recordar que el ingreso residencial es la última opción de todas porque en el 99% de los casos no es voluntario sino forzado por un entorno familiar, económico o laboral, que impide a la persona seguir viviendo en su propio hogar. Los derechos de los ciudadanos no pueden estar nunca por debajo de los beneficios empresariales, algo que en Madrid desgraciadamente sucede.

Tratan de impulsar diversas iniciativas para que la verdad de todo lo sucedido en las residencias en marzo y abril salga a la luz.

Sí. Marea Residencia es el impulsor de las querellas contra los responsables políticos de la comunidad de Madrid. Contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra el consejero de Justicia, Enrique López. Hasta el momento se han presentado entre 80 y 100, aunque hemos recopilado datos de 400 personas más. Aguardamos la respuesta del Tribunal Supremo sobre el aforamiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para seguir avanzando. Llevamos tiempo haciendo un enorme trabajo para coordinar las demandas procedentes de Madrid capital y de algunas localidades del área metropolitana. Tenemos testimonios de trabajadores, de familiares e, incluso, de algún usuario. Y hemos conseguido algo que para nosotros es muy importante y simbólico: que el Parlamento europeo vaya a escucharnos ya que ha admitido a trámite una solicitud de intervención sobre este drama y donde explicaremos cómo se gestionaron las residencias de Madrid durante la pandemia.

¿Qué es lo que más les dolió?

La mala disposición de las empresas que controlan los centros para dotar a los trabajadores de las herramientas que necesitaban para cuidar convenientemente a los usuarios, que son personas vulnerables. Por ejemplo, no facilitaron medios de actuación adecuados para trabajar como requería una situación tan grave. Estas deficiencias, lamentablemente, venían produciéndose incluso antes de la llegada de la covid. Piense que se trata de un sector que trabaja en los cuidados de personas con la movilidad reducida y que, por lo tanto, les exige mucho esfuerzo físico. Por eso necesitaban que las medidas de protección se hubieran multiplicado durante la pandemia, algo que no se produjo en la mayoría de los centros. Ha sido muy duro, sí. Tenemos testimonios de familias que al ir a recoger el cuerpo de su pariente  fueron coaccionados por personal de algunos centros para que renunciaran a obtener el informe forense. A cambio, les devolvían el cuerpo del fallecido sin incinerar. Por eso las cifras oficiales de muertos, unos 4.000, no se corresponden las que son en realidad.

¿Cuántas víctimas hubo, según sus cálculos?

Unas 11.000. A muchas personas fallecidas en residencias no les hicieron las pruebas del coronavirus y, por lo tanto, no figuran  en las estadísticas de víctimas por covid. Mi propio suegro contrajo la enfermedad en los primeros días de la pandemia pero las secuelas que le quedaron fueron lo suficientemente graves como para que fallezca ahora, en octubre. Sabemos que eso está ocurriendo con muchas personas que estuvieron en contacto con el virus y que han muerto más tarde por fallos cardiacos, respiratorios, etc.

En su opinión, ¿faltó protección?

Sí. Hablamos de personas que necesitan una protección especial porque están débiles.

¿Hubo tratos vejatorios, como algunos apuntan?

Hubo tratos discriminatorios. Algunos fueron recluidos como presos por el mero hecho de estar enfermos y a sus familias se les retiró el derecho a poder verlos, a poder visitarlos y a poder recibir una información adecuada sobre su estado de salud. Todos conocemos casos de usuarios de residencias que murieron en soledad, desatendidos, algo indigno por mucho que las trabajadoras pusieran todo de su parte para acompañarles o para consolar a las familias.

Una de las más graves controversias es el protocolo de actuación aplicado por el gobierno de la comunidad en las residencias. ¿Qué ocurrió?

La decisión fue no derivar a los usuarios a los hospitales según su situación de dependencia. Ese fue el trágico panorama que vivimos durante los meses duros de la pandemia.

Desde entonces, ¿perciben algún cambio de tipo organizativo o asistencial?

Todo sigue igual. Las residencias continúan en las mismas manos, lo que resulta bastante inconcebible viendo la gestión que muchas empresas han realizado antes, durante y después de la pandemia. Como los protocolos oficiales son tan abiertos, cada director lo interpreta a su manera.  Y una cosa más: el Gobierno de Madrid sigue renovando licitaciones de residencias a empresas que han sido sancionadas. Me parece increíble.

Cualquier centro privado gana de media un millón de euros al año que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, no sólo los usuarios con su pensión

Es decir, el modelo sigue siendo el mismo que antes de la pandemia

Lo que es inconcebible es que no exista una ley estatal que establezca unos mínimos de calidad para el buen funcionamiento de este tipo de residencias. Cualquier centro privado gana de media un millón de euros al año que lo pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, no sólo los usuarios con su pensión. No puede ser que una empresa esté generando semejantes beneficios cuando lo que ofrece son prestaciones sociales. Y no lo es porque los beneficios deberían destinarse a aumentar la calidad de los servicios que ofrecen.

Algunas empresas adjudicatarias han solicitado a la administración que les reembolsen las pérdidas que les ha ocasionado la covid. ¿Qué sienten al escuchar estas peticiones?

Desde un punto de vista empresarial, me parece una indignidad. Si asumen la gestión de las residencias como un negocio deberían entender que ese juego también incluye el riesgo de sufrir pérdidas y que no pueden reclamar a la administración pública que se lo reembolse. Por lo tanto, me parece una bajeza. Pero aún me parece más indigno que la Comunidad de Madrid siga pagándoles las plazas vacantes que dejaron muchos fallecidos o usuarios que han vuelto a vivir a casa de sus familiares. Y hablamos de muchos millones de euros. Este asunto debería servirnos para hacernos una idea de la importancia real que dan a los derechos humanos los responsables políticos de la Comunidad de Madrid. Todo lo que gana una empresa de este sector es dinero que se detrae a posibles inversiones que mejoren la calidad de vida y la atención de los usuarios.

Pero el Gobierno de Díaz Ayuso y Vox culpan al ejecutivo central de la tragedia porque la tragedia se produjo durante el estado de mando único en España. ¿Cuál es su opinión?

El gobierno central no tiene competencias en el sector de las residencias, como tampoco la tiene en la sanidad ni en la educación. Lo que hizo fue implementar una partida presupuestaria extra para las comunidades autónomas de 300 millones con el fin de que reforzaran, si así lo requerían las circunstancias, las plantillas y la logística de protección con las que contaban los centros. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué lo invirtieron comunidades como la de Madrid? El que haya partidos que quieran mantener vivo que fue un problema del gobierno de la nación responde a un interés económico y político, o por ignorancia asumida conscientemente. O por ambas a la vez. Cualquier persona con un mínimo de cordura y conocimiento sabe que la responsabilidad fue de quien gobierna Madrid. Del Partido Popular.

Ser pobre o estar en situación de dependencia se paga muy caro en España

Lo que ha ocurrido no se debe sólo a una situación excepcional que nadie podía prever ni estaba preparado para afrontarla. Lo que hemos vivido es también la consecuencia de la dejadez y la falta de control de estos centros durante muchos años. Llevan mucho tiempo saqueando el sector público y las residencias es una de sus víctimas.

¿Han denunciado la actitud de determinadas empresas?

Sí. Se han puesto denuncias contra directores de centros pero ya vemos cómo funciona la justicia. Los  jueces tienen distintas varas para medir estos comportamientos. Donde unos ven delito, otros no lo ven.

Otra de las situaciones sorprendentes fue la respuesta al decreto de marzo del Ministerio de Derechos Sociales para intervenir en aquellos centros donde había evidencias de un contagio masivo. En mayo, cuando la Fiscalía tenía 40 investigaciones abiertas en Madrid, el Gobierno de la Comunidad sólo había intervenido en 14 frente a las 209 en Catalunya.

Lamentablemente, los responsables del gobierno madrileño lo ven todo en clave política. Y si hace falta obstruir o entorpecer las soluciones, no tienen muchos problemas. En mayo, un juzgado pidió a la Comunidad hasta en cuatro ocasiones que interviniera las residencias de Leganés y su respuesta fue apelar la resolución cuatro veces.

¿A qué cree usted que se debieron estas reticencias, máxime cuando ya se conocían los efectos devastadores del coronavirus en las residencias de personas mayores?

Es evidente que para que su mala gestión no quede al descubierto.

¿Confía en que el gobierno regional colabore con transparencia para aclarar qué falló en las residencias para que se produjera una mortalidad tan elevada?

No. Para empezar, la Comisión de investigación que han montado en la Asamblea ha excluido a Mareas Residencias cuando somos la asociación que ha movilizado y agrupado a más afectados, entre familiares, trabajadores y usuarios, de la región. Es contradictorio ser transparente y no escuchar la voz de muchos afectados.

No alberga esperanzas de solución

Sinceramente, no lo pienso ni un minuto porque si creyera que no se impartirá justicia abandonaría la lucha en la que me encuentro. Parece que delinquir y atentar contra los derechos humanos sale muy barato en este país. Es que ser pobre o estar en situación de dependencia se paga muy caro en España. 

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