El reciente documental de HBO sobre el lío de Florida en las elecciones del año 2000, 537 Votos, transmite un mensaje claro: el rechazo de los demócratas a dar la voz de alarma ante el atraco a cámara lenta que se estaba produciendo permitió en última instancia que les robaran las elecciones.

Durante toda esa debacle, parecía que los demócratas pensaban que las cosas iban a terminar saliendo como ellos querían solo utilizando los argumentos adecuados dentro de los confines del sistema judicial; nunca entendieron que la imagen de cara al público podía desempeñar un papel importante en lo que terminó siendo una reyerta política decisiva fuera de los tribunales.

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Veinte años después, se está haciendo caso omiso a la lección que se podría extraer de esa debacle. Donald Trump y sus compinches están llevando a cabo una campaña propagandística diseñada para crear las condiciones que permitan que el proceso del Colegio Electoral termine con un golpe de Estado.

Se trata de una emergencia total y absoluta y, sin embargo, la estrategia demócrata parece ser seguir haciendo como si no pasara nada, con la esperanza de que se impongan las normas, aunque nada de lo que está pasando sea normal.

Trump tiene una estrategia planificada

En la semana que ha transcurrido desde las elecciones, Trump y sus aliados republicanos han lanzado una campaña para poner en duda los resultados de las mismas, no solo en los tribunales, sino también en la mente de las personas. Las demandas y el reciente memorándum del Fiscal General, William Barr, están diseñados tanto para obtener un fallo favorable como para copar los titulares. Sus tuits alegando un fraude y las mediáticas promesas ofreciendo recompensas económicas a quienes presenten pruebas del fraude están pensados para ese fin.

Lo más llamativo de todo esto es que los legisladores republicanos de Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Michigan y Arizona ya están insinuando que los resultados podrían ser fraudulentos, a pesar de no haber presentado ninguna prueba de fraude generalizado.

Las legislaturas podrían utilizar la percepción de que se ha producido un fraude para invocar su poder constitucional y nombrar listas de compromisarios de Trump

¿Por qué la percepción del público es tan importante? Porque como señala en un terroríficamente profético artículo de 2019 el profesor de derecho de la Universidad Ohio State, Edward Foley: las legislaturas podrían utilizar la percepción del público de que se ha producido un fraude para invocar su poder constitucional, ignorar el voto popular de sus estados, rechazar los resultados certificados de la elección y nombrar listas de compromisarios de Trump.

En un artículo que predecía casi exactamente lo que ya ha sucedido en Pennsylvania, Foley imaginó a Trump llevando la delantera al principio, luego perdiendo esa ventaja a medida que se contaban los votos y, por último, formulando acusaciones de fraude y creando el marco idóneo para lo que plantea a continuación:

A instancias de Trump, la legislatura del Estado (donde los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras) pretendería utilizar la autoridad que le concede el Artículo II de la Constitución para nombrar directamente a los compromisarios presidenciales del Estado. Siguiendo el ejemplo de Trump, las dos cámaras legislativas afirmarían que el voto popular no es de fiar por el drástico cambio que se ha producido en el tiempo adicional. Por lo tanto, las dos cámaras afirmarían que tienen el derecho constitucional de reemplazar el voto popular e imponer su autoridad para nombrar a los compromisarios presidenciales del Estado; así lograrían que ese nombramiento estuviera en consonancia con el escrutinio del voto popular que se produjo la noche de las elecciones, que Trump seguiría afirmando que es el “verdadero” resultado.

El gobernador demócrata del Estado se negaría a aceptar esa imposición de la autoridad por parte de la legislatura del Estado, pero las dos cámaras de la legislatura proclamarían que la aceptación del gobernador no es necesaria. Citarían antiguas prácticas históricas en las que las legislaturas del Estado nombraron compromisarios presidenciales sin ninguna participación del gobernador del Estado. Alegarían que al igual que las enmiendas constitucionales, y al contrario que la legislación normal y corriente, el nombramiento de los compromisarios presidenciales, cuando es asumido directamente por una legislatura de Estado, no está sujeto al veto del gobernador.

Foley señaló que la propaganda política, fuera del cerrado ámbito judicial, podría entonces ponerse en marcha.

“Podría ser una toma de poder demasiado evidente. Me gustaría pensar que la política estadounidense no se ha vuelto tan tribal que un partido político está dispuesto a apropiarse del poder sin una base verosímil que tenga sus raíces en los votos reales de la ciudadanía”, afirma Foley. “Si durante la campaña en sí, Trump puede ganar fuelle con la acusación de que ese cambio tan drástico equivale a la existencia de papeletas fraudulentas (en la línea del tuit que publicó en 2018 sobre Florida),  entonces se vuelve más justificable, políticamente hablando, afirmar que la legislatura debe intervenir para reflejar la ‘verdadera’ voluntad de los votantes del Estado”.

Normalizar la idea de un segundo mandato de Trump

Claro que lograrlo no será fácil. Los republicanos tendrán que obtener no uno sino varios de los cinco estados con legislaturas republicanas que ha ganado Biden para intentar ignorar el voto popular.

No obstante, el Congreso también tendrá un papel que desempeñar a la hora de decidir qué compromisarios reconocer, y esto concede a la mayoría demócrata en esa Cámara algo de capacidad de influencia.

Aunque tampoco está claro que ninguna de esas maniobras vaya a ser admitida ante los tribunales (pero recordemos: la Corte Suprema tiene ahora a tres jueces nombrados por los republicanos que ya trabajaron directamente en el caso de Bush contra Gore que decidió las elecciones de 2000 en favor del partido republicano).

Esto es claramente lo que está intentando hacer el partido republicano, y lo han reconocido públicamente. De hecho, el hijo de Trump ha difundido la idea de que las legislaturas anulen las elecciones y lo mismo ha hecho el fiel aliado de Trump, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Mientras tanto, un legislador republicano que participa en la investigación del nuevo fraude electoral de Wisconsin insinuó que se podría ignorar el voto popular del Estado.

Por eso hemos visto a los funcionarios republicanos seguir haciendo política como si Trump no hubiera perdido las elecciones, y asumir que habrá un segundo mandato de Trump. Esto no es solo un comportamiento infantil o la rabieta de alguien inmaduro, sino que forma parte de un plan despiadado.

Lo que están haciendo es intentar normalizar la idea de que, independientemente de cuál haya sido el voto real de los estadounidenses, es inevitable que se produzca un segundo mandato de Trump porque las legislaturas de los Estados y el Congreso finalmente le entregarán el Colegio Electoral.

¿Dónde está la llamada a la acción de los demócratas?

Una de las principales conclusiones de todo esto debería ser que, a largo plazo, el Colegio Electoral tiene que desaparecer porque se ha vuelto una enorme amenaza para la democracia, más allá de otorgar las elecciones a los perdedores del voto popular a escala nacional. El sistema está siendo utilizado también como arma por un partido republicano que está decidido a impedir que se cumpla la voluntad de los votantes.

La crisis que estamos experimentando en la actualidad requiere, a corto plazo, una respuesta firme y decidida. No necesitamos vanidosas maniobras estúpidas, de autobombo y despilfarradoras por parte de algunos grupos de estafadores como el Lincoln Project, que está preparando una campaña para intentar conseguir que los abogados de Trump en los grandes despachos se sientan mal consigo mismos, como si a un político mezquino como Trump se le pudiera privar de alguna manera de representación legal.

A largo plazo, el Colegio Electoral tiene que desaparecer porque se ha vuelto una enorme amenaza para la democracia

Hace falta una campaña pública ruidosa que se concentre en evitar que los legisladores estatales se sientan empoderados para ignorar a sus propios votantes. Y esa campaña podría tener éxito porque al menos algunas de esas legislaturas del Estado controladas por el partido republicano lo están por un margen muy estrecho, lo que significa que podrían ser sensibles a una futura reacción contraria de los votantes en 2022, que resultaría de las acciones que emprendan hoy para robar las actuales elecciones presidenciales.

Y sin embargo, en lugar de dar la señal de alarma, Joe Biden y Kamala Harris parecen haber decidido adoptar la actitud de “aquí no pasa nada”. La campaña Biden-Harris ha seguido comportándose como si todo estuviera bien, ha desvelado algunos nombres del equipo de transición y ha anunciado que Biden ha hablado con algunos líderes mundiales. Los comentarios de Biden sobre las elecciones han sido todavía más sedantes y anodinos que los de Al Gore durante el recuento de Florida en 2000. Lo más que ha sido capaz de afirmar es que el comportamiento del partido republicano es embarazoso y que podría perjudicar el legado de Trump, como si esto fuera un capítulo de El ala oeste en el que se supone neciamente que a uno solo de los funcionarios republicanos electos del país le importan esas cosas.

Y aun así, hemos aprendido una y otra vez que la vida real no es para nada un capítulo de la serie El ala oeste. A los republicanos no les importa nada que no sea conseguir y conservar el poder sea como sea: son despiadados Terminators T1000 dispuestos a ganar por todos los medios.

Entonces, ¿dónde está la llamada a la acción? ¿Dónde está el activismo? ¿Dónde están las solicitudes en los cinco Estados con legislaturas republicanas que ha ganado Biden para empezar a presionar a sus legisladores estatales para que se comprometan a respetar el voto popular?

Puede que Biden piense que cualquier reacción negativa terminará beneficiando a Trump y que la mejor estrategia es negar toda la atención a las acusaciones de fraude. Y, es verdad, puede que haya suerte y las cosas se terminen arreglando solas sin hacer ningún aspaviento.

No obstante, la historia nos indica que es bastante arriesgado apostar por una estrategia pasiva, fiarlo todo al destino y simplemente esperar que todo salga bien solo adoptando procedimientos “normales” en estos momentos donde la situación es claramente anormal.

En realidad, negarse a emprender una campaña pública mucho más organizada para cuestionar el intento de golpe de Trump es exactamente el tipo de estrategia que adoptaron los demócratas hace 20 años en Florida durante los disturbios de Brooks Brothers, y mira lo que pasó al final. Terminamos con una presidencia ilegítima de Bush que nos trajo la guerra de Irak y la crisis financiera que acabó o arruinó millones de vidas.

Esta vez podría ser incluso peor, podría ser el final de lo que queda de la democracia estadounidense.

David Sirota. Periodista, denveriano, editor de Jacobin, columnista de The Guardian. Trabajó con Bernie en 2000 y de nuevo en 2020.

Publicado originalmente en inglés en The Daily Poster. Traducción de Álvaro San José.

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