El 26 de septiembre se celebró el cuarto aniversario de la primera firma del Acuerdo de Paz más importante de la historia colombiana reciente, cuyo fin era acabar con el conflicto armado que lleva golpeando el país por más de cincuenta años. Representantes del equipo negociador del expresidente Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), líderes sociales, Naciones Unidas, estuvieron presentes en la 1ª Conferencia Internacional “El Mundo exige Paz” para hacer un balance de la implementación del Acuerdo con las FARC-EP.

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CTXT conversó con Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y Facilitador de Paz desde el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y parte de la Comisión Facilitadora de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Se cumplen 4 años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, un marco inédito para encarar el conflicto armado colombiano. Sin embargo, la violencia persiste. ¿Qué otros grupos armados siguen activos en el país?

En los años noventa se desmovilizaron la mayoría de los grupos armados, quedó FARC-EP, ELN y una disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL). Después del acuerdo con las FARC, no se logró encadenar la negociación con ELN y otros grupos que era la expectativa que teníamos en el movimiento de paz. El ELN es una guerrilla mucho más pequeña que las FARC, pero que también cuenta con una historia de 50 años y se presenta como el único proyecto armado que queda en el país por lo que no es fácil de desactivar. La terminación del conflicto requiere resolver otros problemas que no dependen de la negociación con las FARC o con el ELN. Esto no quiere decir que las negociaciones sean irrelevantes.

¿Qué papel tiene el crimen organizado y el narcotráfico en la violencia actual de Colombia?

Las bandas criminales, que hay muchas, están creciendo y se están desarrollando en el país. Hay cada vez más bandas pragmáticas (cazadoras de rentas) no ligadas a guerras, aunque en Colombia es difícil establecer fronteras. Han entrado carteles de México, bandas de narcotráfico  que vienen amenazando gente por varios puntos del territorio. Todo eso existe, pero cada cosa hay que analizarla en su justa dimensión. Para el gobierno todo es narcotráfico porque eso le da réditos políticos. Si se resuelve la guerra se limita el campo de acción de los grupos ilegales porque el Estado cobra más legitimidad y tiene nuevos socios que antes estaban en la guerra, como ha ocurrido con las FARC.

Para enfrentar este tema, uno de los puntos fundamentales que recogió el Acuerdo es la reforma rural integral. ¿Cómo está este proceso?

El gobierno se decanta por las fumigaciones en los campos y los bombardeos, una solución que ya probó que no sirve porque no resuelve el problema, deja muchos muertos y mucha conflictividad

La idea fue darle al campesinado la oportunidad de tener una economía legal, sacarlos de las economías ligadas al narcotráfico. El narcotráfico son grupos armados y mafias globales, pero en Colombia hay un agregado: una crisis social-rural que tiene el campesinado sin alternativas. En el marco del Acuerdo se contempla un plan de acceso a tierras, la formalización para quien no tiene título de propiedad, un plan de salud y de educación rural, infraestructura en los campos, ayudas y estímulos económicos. Casi nada de eso se está implementando. El gobierno se decanta por las fumigaciones en los campos y los bombardeos, una solución que ya probó que no sirve porque no resuelve el problema, deja muchos muertos y mucha conflictividad. Si la gente no tiene una fuente económica alternativa va a depender de esas economías y se va a apoyar en cualquier grupo armado que exista en los territorios para defender su supervivencia. 

Las cifras de ACNUR muestran que en 2017 la violencia disminuyó y después se incrementó considerablemente en 2018; en 2019 se mantuvo intensa y el 2020 apunta a un mayor incremento de la violencia respecto al año anterior. ¿Cómo se explica esto?

La negociación con las FARC se hizo sin cese del fuego. El Estado consideraba que tenía que mantener presión militar para que la guerrilla no se levantara de la mesa y la guerrilla consideraba que tenía que tomar acciones fuertes para una mejor correlación de fuerzas en la mesa. Vimos muchos bombardeos, la propia muerte del dirigente de las FARC ocurrió en el marco de la negociación. 

Durante el diálogo hubo un fuerte incremento de la violencia y una crisis humanitaria grave. Cuando se cerró la negociación y se entregaron las armas, entramos en una etapa de “entusiasmo por la paz”, hubo una disminución de la violencia porque había mucha expectativa e intentos de negociación con otros grupos. Ahora subió otra vez porque existen disputas por territorios, hay un fortalecimiento de todos estas bandas y porque ya está claro que las negociaciones de paz con ellos no están tan cerca. Estamos en un momento de “desesperanza de la paz”.

¿Hay un patrón en el asesinato a liderazgos sociales?

La importancia política y social del asesinato de un líder o lideresa, no es la misma que el asesinato de un ciudadano corriente, la explicación es distinta. Hay sistematicidades en el asesinato de líderes sociales, el desafío ético es que el gobierno sea capaz de reconocer las distintas causas. Porque también hay asesinatos por agentes de Estado, por ejemplo, las zonas más militarizadas son las zonas en las que más muertes hay, o son incompetentes o forman parte del problema. Hay obviamente responsabilidades de guerrillas, de disidencias de las FARC, del ELN, y del EPL y hay situaciones de conflicto entre ellas sobre todo en la frontera con Venezuela. Hay también bandas paramilitares y narcotraficantes. Necesitamos discutir todo esto, hay que mirar todas las sistematicidades para reconocer la complejidad. En la medida que el gobierno es indiferente propicia la repetición de los fenómenos.

El presidente Iván Duque llegó al poder con un Acuerdo de Paz, ¿cómo está gestionando el conflicto?

El presidente Duque llegó al poder en representación del partido político que lideró una férrea oposición al proceso de paz durante la negociación y especialmente durante el referéndum popular que ganó el NO por un estrecho margen. Pero aun así, Duque recibe un Acuerdo de Paz firmado por el anterior jefe de Estado. Duque tuvo la gran oportunidad de implementar este acuerdo y crear un círculo virtuoso que propiciara otros procesos de diálogo de paz y pasar a la historia como el presidente que consolidó la paz. 

Pero está haciendo lo contrario y seguramente pasará a la historia como el único presidente que puso en riesgo un acuerdo de paz ya firmado. Su política es de implementación minimalista y el retorno a la política de seguridad de la era Uribe, que privilegia la lógica de la confrontación a la búsqueda de la paz. Insiste en estímulos a la Fuerza Pública, similares a los que, en el pasado, propiciaron los “falsos positivos”, al espionaje ilegal de la prensa, de los partidos de oposición y los defensores de derechos humanos y acciones militares como el bombardeo a campamentos donde las propias fuerzas armadas habían denunciado la presencia de menores de edad. 

Antes de la pandemia, Colombia venía de una fuerte expresión social en las calles. Recientemente volvimos a ver estas manifestaciones masivas. ¿Por qué la gente está reaccionando?

Duque pasará a la historia como el único presidente que puso en riesgo un acuerdo de paz ya firmado

La pandemia frenó las movilizaciones sociales en un primer momento, después se volvió a los términos anteriores. Parte de la movilización es por la paz. La gente percibe que el gobierno está acabando con un acuerdo que les prometía un futuro. 

Durante el conflicto, el gobierno decía que el líder social asesinado tenía vínculos con las FARC o con otros grupos armados. Entonces los liderazgos sociales eran asesinados con total impunidad y con la complacencia de la sociedad, que aceptaba la teoría de criminalizar a la víctima. En cambio, la paz, ha traído una ruptura de esa cultura. Se ha generalizado la idea de que asesinar líderes sociales es matar la defensa por los derechos, es matar a los defensores del agua y del medioambiente y a la democracia. 

¿Cuál es el papel de los jóvenes en la reacción social ante la violencia en Colombia?

Las nuevas generaciones llegaron a la vida pública dentro de la disputa y la discusión en torno  al Acuerdo de Paz, mientras que la generación anterior había llegado con el entusiasmo de la guerra de Uribe como forma de solucionar el conflicto. Esto explica las manifestaciones y las movilizaciones que estamos teniendo y esto es muy importante porque nos trae otras posibilidades. 

Uno de los puntos claves del Acuerdo fue el reconocimiento y compensación de las ocho millones de víctimas desplazadas de sus casas a causa del conflicto. ¿Está siendo efectivo el acceso a los derechos que les corresponden?

La propia Corte Constitucional de Colombia en 2004 llegó a la conclusión de que la gente desplazada tenía una ley pero que no se cumplía por parte de los gobiernos; la Corte la declaró “inconstitucional”. La sentencia de la Corte ordenó atender los mínimos vitales de los desplazados: salud, educación, vivienda.

¿Se está haciendo?

No. Hace 16 años la Corte dio la orden y aún no se ha cumplido para los desplazados. Te da una idea de lo raquítico que es el Estado colombiano para garantizar el mínimo vital, ya no digamos los derechos culturales y sociales. La Corte dice que cerca del 90% de los desplazados viven en la pobreza. Aunque se ha logrado mucho en materia de ayuda humanitaria –la salud, la educación, así sean de mala calidad–, están pendientes soluciones duraderas.

El Acuerdo contempla compensaciones a las víctimas, ¿el sistema de reparación está siendo efectivo? 

Colombia se ha comprometido a una indemnización a las víctimas que puede ser hasta de 10.000 dólares, esto es muy poco respecto de lo que la víctima perdió pero es una indemnización que ayuda a la gente. Hasta ahora se han entregado cerca de un millón de indemnizaciones. Esto quiere decir que faltan nueve millones de personas por indemnizar, no llegaron ni al 10%. En cuanto a la reparación colectiva, hay 750 sujetos que solicitaron la reparación colectiva (pueblos originarios, sindicatos, etc), y solo se han cerrado menos de 20. 

A miles de trabajadores rurales se les arrebató su tierra en el marco del conflicto armado. ¿Cómo evalúa la política de restitución de tierras que lleva a cabo Colombia?

La restitución de tierras está pensada para unas seis o siete millones de hectáreas de tierras despojadas o abandonadas en el marco del conflicto. De esa cifra, se han restituido 365.000 hectáreas. Es un sistema que se ha ido consolidando pero con unos tiempos muy lentos. 

¿Cómo evalúa las instituciones que se crearon en el marco del Acuerdo de Paz?

En el marco de verdad, justicia y reparación que ha creado el Acuerdo de Paz, digamos que las instituciones creadas como la JEP y la Comisión de la Verdad ya están consolidándose. Están funcionando, aunque lo hacen en medio del conflicto, esto establece unas limitaciones grandes. Por ejemplo, no pueden hacer una audiencia con las víctimas en cierto lugar porque toca hacerla en un recinto cerrado, toca proteger que no haya inteligencia criminal detrás de la reunión, toca evitar que maten a la gente cuando salga. Un ambiente de guerra es malísimo para la Comisión de la Verdad y para la tarea de la JEP, porque reproduce el miedo y es el miedo el que impide que la gente concurra a los escenarios.

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