La sociedad peruana, en particular la juventud, despertó en estos días de un larguísimo letargo. Entre los países andinos, Perú fue el único que no sufrió fuertes convulsiones sociales por la explosiva situación económica provocada por las políticas neoliberales durante el último año. Las huelgas generales y revueltas contra dirigencias deslegitimadas se sucedieron en Chile, Ecuador, Colombia y también en Bolivia, tras el golpe de Estado contra el orden constitucional. En todos los casos la represión policial fue brutal, provocando decenas de muertos y heridos, además de muchas detenciones y abusos. Esta violencia represiva no consiguió frenar la fuerza de las protestas de la población, cada vez más encendidas ante la respuesta policial a sus reclamos. Estas luchas sociales, encabezadas por la juventud, la mujeres y los movimientos indígenas contra gobiernos derechistas consiguieron sus principales objetivos en los casos de Chile (referéndum constitucional) y Bolivia (restauración de la democracia), alumbrando un nuevo horizonte para América Latina de restitución de derechos.

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En esta dinámica de luchas sociales ahora le ha llegado el turno a Perú, un país cuya población debe sacudirse el sopor del sueño neoliberal, de la pesadilla de una alta tasa de crecimiento económico durante las últimas décadas que solo benefició a los propietarios de las grandes corporaciones, en particular de compañías mineras, en colusión de intereses con las élites políticas y económicas nativas. Si existe un país de América del Sur en el que la corrupción es omnipresente e involucra de forma permanente a las principales estructuras de poder del Estado, ese país es Perú. Empezando por Alberto Fujimori –de cuya renuncia por fax desde Japón se acaban de cumplir 20 años–, todos los expresidentes peruanos investidos desde finales del siglo XX han pasado por la cárcel o arresto domiciliario y tienen causas pendientes por corrupción, la mayor parte relacionadas con los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. El caso más dramático fue el del veterano socialdemócrata (aprista) Alan García, quien se suicidó por las revelaciones que lo involucraban en dicha trama.

Tras las confesiones del representante de la constructora brasileña Odebrecht en Lima, en febrero de 2018, la Fiscalía peruana inició investigaciones por corrupción a cinco expresidentes. El ejecutivo de la multinacional brasileña reveló con detalle las aportaciones realizadas para las campañas electorales de los principales candidatos: tres millones de dólares para Ollanta Humala, 1,2 millones para Keiko Fujimori, 600.000 dólares para Alejandro Toledo, 200.000 para la campaña de Alan García de 2006 y 300.000 para la de Pedro Pablo Kuczynski de 2011.

Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en las últimas elecciones de 2016, y dimitió en marzo de 2018, cuando se supo que su consultora privada había recibido 780.000 dólares de Odebrecht. Kuczynski fue sustituido por su vicepresidente y embajador en Canadá, Martín Vizcarra Cornejo, del partido Peruanos Por el Kambio, la agrupación de la derecha liberal creada en 2011 por el propio Kuczynski (las siglas PPK coinciden con su nombre). La trayectoria de Vizcarra durante el gobierno de Kuczynski tampoco estuvo exenta de sospechas de corrupción, ya que tuvo una intervención muy polémica en la concesión del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

La confabulación de los ‘rateros’

Vizcarra asumió el gobierno prometiendo que su prioridad absoluta sería depurar el país de políticos (y diputados) corruptos, proponiendo la no reelección de congresistas y ampliando el foco al aún más desprestigiado poder judicial. En Perú abunda la percepción de que muchos jueces reciben dinero a cambio de sentencias favorables, a partir de numerosos casos que saltan a la luz pública. El fenómeno de la corrupción se extiende hasta la cúspide del poder judicial, como lo han demostrado unas grabaciones de audio de las conversaciones de jueces prevaricadores encumbrados en las más altas esferas, desde jueces de la Corte Suprema hasta ex miembros del Consejo Nacional de la  Magistratura (CNM), finalmente investigados por delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Más de la mitad de los diputados (68) están siendo investigados por la Fiscalía por diversos casos de corrupción

En este contexto de descomposición general de las instituciones, inicialmente algunas de las propuestas de Vizcarra fueron bien vistas por sectores sindicales y organizaciones sociales que aspiraban a la regeneración democrática del Perú, pero no llegaron a prosperar. El bloqueo político del fujimorismo y de los demás partidos corruptos no permitió su aprobación en el Congreso. En un intento de evitar el bloqueo parlamentario, Vizcarra disolvió en Congreso y convocó elecciones para renovarlo en enero de 2020. El resultado fue un debilitamiento de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, pero también se produjo una fragmentación del voto inclinada hacia los partidos de derecha.

Finalmente Vizcarra fue destituido por el Congreso el 10 de noviembre por “incapacidad moral permanente”, acusado por los legisladores de corrupción en una causa que por ahora no investiga la justicia: el supuesto cobro de comisiones ilegales de un consorcio de empresas conocidas como el “club de la construcción”. La figura invocada para su destitución es constitucional, pero nunca se llegó a aplicar y en la letra se refiere a la incapacidad mental, no a una presunta deshonestidad.

En su  lugar asumió la presidencia del país el hasta entonces presidente del Congreso, el empresario derechista Manuel Merino de Lama, quien solo tuvo 5.000 votos favorables en las últimas elecciones. La remoción de Vizcarra requería un mínimo de 87 congresistas que votasen por ella y contó con el apoyo de 105 de los 130 diputados, solo 19 votaron en contra. Más de la mitad de los diputados (68) están siendo investigados por la Fiscalía por diversos casos de corrupción y temían que la institución a las órdenes de Vizcarra pudiera activar más causas. Durante la sesión de destitución, el diputado José Luna Morales habría defendido la vacancia presidencial acusando a Vizcarra de haber urdido un complot para encarcelar a su padre, líder del partido Podemos de Perú (derechista), detenido el 7 de noviembre. Este diputado habría expresado en la reunión de portavoces: “Si no vacamos [cesamos] a Martín Vizcara, nos jodemos todos”, según habrían confirmado dos diputados presentes en la sesión a la prensa peruana.

Este cierre corporativo de los congresistas para esquivar la acción de la justicia encendió el descontento y la indignación popular, principalmente entre los jóvenes, que salieron cada día a manifestarse no para defender a Vizcarra –un hombre gris, de perfil técnico y probablemente tan corrupto como la mayoría de ellos– sino como expresión de repudio a las enésimas maquinaciones de los partidos en la trastienda del Congreso, contra el reparto de cargos (la llamada ‘repartija’) y el mercadeo delincuencial de impunidades. La imagen de esta institución ya se situaba por debajo del 15% en los sondeos de opinión cuando asumió Vizcarra como presidente, y se ha ido deteriorando aún más durante los últimos dos años. El rechazo de los manifestantes a las maniobras antidemocráticas de una clase política enquistada en el Parlamento desde la década de 1990 quedó registrado en las pancartas que representaban al presidente efímero y a quienes lo apoyaban con ilustraciones de ratas. El nombre de este roedor ya ha sido acuñado en el lenguaje popular para referirse a ellos, así como su extensión semántica no menos explícita: rateros.

La represión de la protesta social

Las organizaciones populares y movimientos sociales, y en general los militantes de izquierda, identificaron la maniobra del Congreso como un golpe de Estado contra la democracia, en particular por la proximidad de las elecciones, convocadas por Martín Vizcarra para el mes de abril. Las protestas callejeras encabezadas por los jóvenes se repitieron a lo largo de toda la semana, sin dejarse amedrentar por los disparos y cargas de las fuerzas represivas. El sábado se reportaron en Lima al menos dos muertos y más de un centenar de heridos. Las imágenes de la policía reprimiendo a los manifestantes con cartuchos de gases lacrimógenos y munición de perdigones se hicieron virales, realimentando la furia juvenil con su circulación en redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales, en cambio, inicialmente minimizaron y subestimaron las marchas, calificando a los jóvenes manifestantes de “delincuentes”, “vándalos” y hasta en algún caso de “terroristas”.

Las imágenes difundidas de violencia policial desproporcionada, tanto en Lima como en Ayacucho y otras ciudades, fueron caldeando día a día la protesta callejera. La policía reprimió manifestaciones pacíficas disparando cartuchos de gases para dispersarlas y escopetazos de perdigones. El reclamo unánime de los manifestantes fue la dimisión del presidente Manuel Merino y la convocatoria de elecciones, y la marcha nacional del sábado 14 de noviembre concluyó con dos muertos, numerosos desaparecidos y más de un centenar de heridos, 63 de los cuales permanecían hospitalizados al día siguiente. Entre los heridos se reportaron varios periodistas y camarógrafos bien identificados, a los que se atacó deliberadamente para silenciarlos. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú comunicó ataques a 35 periodistas en los cuatro primeros días de las protestas ciudadanas. Al día siguiente de la marcha nacional, el domingo 15 de noviembre, se precipitaron los acontecimientos: renunciaron 13 de los 19 ministros del gobierno efímero de Manuel Merino. Una parte de la prensa se hizo eco del clamor popular y algunos periódicos amanecieron exigiendo la dimisión del presidente en su portada.

Dando un vuelco espectacular, el presidente del Congreso anticipó que si Merino no renunciaba, sería destituido ese mismo día en sesión extraordinaria. Horas más tarde Manuel Merino anunció su dimisión. Su permanencia en el cargo no había durado ni siquiera una semana y se desconocía quién iba a sustituirlo.

Hubo grandes festejos en la calle, pero los jóvenes manifestantes no estaban dispuestos a retirarse hasta estar seguros de que no se nombraría para sustituirlo a otro miembro de la gran familia de corruptos que atraviesa a casi todos los partidos con representación parlamentaria. La vigilia popular se mantuvo durante todo el domingo, y concluyó con otros dos jóvenes heridos, uno de ellos grave por disparos de bala.

La elección de un nuevo presidente

Ante la presión de los manifestantes tras la renuncia de Merino, el Congreso se reunió de inmediato ese mismo domingo y se presentó una candidatura unitaria para sustituirlo encabezada por la diputada izquierdista del Frente Amplio, Rocío Silva, que sin embargo perdió la votación. Según se supo con posterioridad, los diputados sabían con antelación que esa candidatura no podía prosperar, pero a falta de otra opción la ensayaron para contentar a la gente en el exterior. La falta de resolución para designar presidente indignó a los manifestantes y fue criticada por algunas autoridades, como el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien declaró a un canal de televisión: “Pareciera que el Congreso no comprende, o que ni siquiera las manifestaciones o las muertes los detienen. El nivel de irresponsabilidad es enorme, el nivel de desconexión con lo que está sucediendo en el país parece que no tiene límites.”

En su discurso de investidura como presidente, Sagasti afirmó que su gobierno tenía como prioridad la lucha contra la corrupción

Al día siguiente se presentó una nueva candidatura, exclusivamente del Partido Morado, apadrinada en las redes sociales por el escritor Mario Vargas Llosa, que proponía como presidente al diputado Francisco Sagasti, un científico que siempre estuvo vinculado de algún modo a la política, con un marcado perfil de cuadro técnico y con antecedentes de gestión al más alto nivel, por ejemplo como jefe de Planeamiento Estratégico del Banco Mundial.

En su discurso de investidura como presidente, Sagasti afirmó que su gobierno tenía como prioridad la lucha contra la corrupción, y se comprometió a dos objetivos inalcanzables en cinco meses de presidencia interina:  implementar un plan “hambre cero” y dotar de conexión a internet a la mitad de la población peruana que carece de ella (y un 90% de la población rural). En el plano económico, en consecuencia con su trayectoria liberal aseguró que una de las prioridades de su mandato sería mantener a toda costa el equilibrio fiscal.

Hubo un momento memorable en su discurso, y este fue el sinceramiento con el que se expresó en nombre de la clase política, verbalizando “la desconexión que hay entre la ciudadanía, y sobre todo los jóvenes, y los que somos actores políticos”. El nuevo presidente peruano afirmó: “El desafío y la tarea central de nuestro gobierno es devolverle la confianza a la ciudadanía. Devolverles la confianza a los jóvenes, ya que nosotros, quienes estamos involucrados en política, nos hemos olvidado a veces de aquellas aspiraciones que teníamos todos nosotros cuando jóvenes, cuando salíamos a protestar, cuando participábamos en actos de reclamo y de defensa de derechos... Eso nos lo han recordado los jóvenes. Y eso requiere de nuestra parte una apertura y una disposición a escuchar a todos.”

Sagasti presentó una disculpa oficial por la represión contra los manifestantes: “Tenemos algunos heridos por manifestarse casi en su totalidad de manera pacífica. Tenemos desaparecidos. Cuando un peruano muere, y más si es joven, todo Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación”. Aseguró también que sus primeras acciones irían dirigidas a “encontrar a los compatriotas que permanecen desaparecidos” e investigar el accionar represivo, sentenciando: “No habrá impunidad”.

Como presidenta del Congreso fue designada en la misma lista la abogada Mirtha Vásquez, diputada del Frente Amplio por Cajamarca y defensora de los derechos indígenas contra los abusos de las mineras. La candidata fallida de su partido, Rocío Silva, decidió quedarse al margen de esta nueva votación. Cuando Silva dio a conocer su candidatura, fue objeto de una brutal campaña de descalificaciones en las redes sociales, orquestada por poderosos sectores económicos contrarios a que asumiera la presidencia.

El largo camino de las alternativas políticas

Un sector importante de la intelectualidad peruana, con cierto calado en la cultura popular, mantiene la estigmatización del socialismo y en particular del marxismo como el peor de todos los males. Las marcas del accionar de la organización maoísta Sendero Luminoso, esa ‘vanguardia esclarecida’ que durante tantos años cometió toda clase de atrocidades, enlutando a las poblaciones campesinas e indígenas y sembrando el terror en las ciudades, están muy presentes en la memoria colectiva. Este antecedente representa una pesada losa en el desarrollo de partidos de izquierda democráticos con inserción en los movimientos de masas.

Algunos miembros de las organizaciones de izquierda que participaron activamente en las revueltas admiten que, si bien fueron ellos quienes iniciaron las manifestaciones el primer día, en los días sucesivos se vieron completamente superados por la amplitud de la convocatoria de los movimientos juveniles que se sumaron a la lucha política, la mayor parte de ellos de cuño antifujimorista, contra el autoritarismo y la corrupción, pero que no se reconocen de izquierdas.

Sin embargo, tras décadas de políticas neoliberales que incrementaron la desigualdad y la pobreza, hay peruanos que empiezan a mirar de reojo el proceso de cambio que experimentó Bolivia a lo largo de una década y media, admirando su estabilidad y crecimiento económico. Este enfoque del desarrollo social y económico autocentrado, a partir de la fusión de ingredientes de modernidad con la cosmovisión tradicional de las culturas indígenas, dejó de ser a ojos de los peruanos de condición más humilde una utopía irrealizable para convertirse en un modo de vida próximo a imitar.

En Perú la población indígena es mayoritaria, al igual que en Bolivia, y es difícil imaginar una izquierda cuyos militantes no procedan en gran medida de las comunidades indígenas y campesinas a las que esa izquierda pretende liberar de sus condiciones de opresión. En un texto escrito hace 90 años sobre “El problema de las razas en América Latina”, José Carlos Mariátegui, el gran teórico peruano de una izquierda marxista arraigada en las culturas y tradiciones indígenas, ya advertía que una política revolucionaria debía convertir el “factor raza” en un elemento fundamental del proceso político. Mariátegui aclaraba que “el problema no es racial, sino social y económico”. Pero a continuación advertía de que “sólo militantes salidos del medio indígena pueden, por la mentalidad y el idioma, conseguir un ascendiente eficaz e inmediato sobre sus compañeros”. Teórico heterodoxo del pensamiento americanista, Mariátegui fue el primero en investigar la confluencia de valores entre el socialismo científico (materialismo dialéctico) y determinadas cosmovisiones indígenas. Un proyecto al que aún le queda mucho camino por recorrer.

A pesar de la amplia amalgama de ideologías del movimiento juvenil que salió a las calles a manifestarse y decir “¡basta!” a los políticos corruptos, lo más singular del momento es la acumulación de fuerzas que cobró ese impulso, hasta torcerle el brazo al presidente usurpador y a los diputados rateros. El pueblo peruano despertó, sacudiendo el ambiente viciado de la vetusta política con las manifestaciones más vehementes que se recuerden en lo que va de siglo. El (auto) empoderamiento de la ciudadanía dio sus frutos: permitió destituir a un presidente amañado por los diputados corruptos y percibido como ilegítimo por el pueblo. El temor de los congresistas a la reacción airada y decidida de los manifestantes, al pueblo rebelándose en las calles, finalmente los hizo recapitular. Esta hazaña lograda por la movilización popular en apenas cinco días quedará grabada en la memoria colectiva de esta nueva generación de peruanos, que ha aprendido a reclamar pacíficamente sus derechos políticos pisoteados por un sistema inmovilista y parasitario.

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