De acuerdo con los datos estadísticos, llevo años situado en el 5% de los declarantes del IRPF que más tributan por el mencionado impuesto. Creo, sinceramente, que hay muchos contribuyentes que deberían pagar más que yo y que probablemente estén pagando menos. Creo que los niveles de fraude y evasión son demasiado altos en nuestro país. Creo que hay muchos casos de corrupción y que la gestión de nuestro gasto público es manifiestamente mejorable. Pero me daría vergüenza decidir por todo ello irme a Andorra y alardear de ello.

Parece ser que un youtuber llamado El Rubius ha decidido otra cosa, porque en 2020 ha ganado (he leído) 4,3 millones de euros y paga demasiados impuestos. Él, y otros como él, lo encuentran justificado por razones como las contenidas en el primer párrafo o porque no les gusta en qué se gasta. Parece que otro llamado TheGrefg opina que “nuestra libertad les duele demasiado” y esa es la razón de la vigilancia de la Agencia Tributaria. ¿Habrá alguien que se lo crea? 

Es chocante escuchar a tantos “liberales” pidiendo ayudas para las empresas en crisis, que, al mismo tiempo, braman contra cualquier intento de mayor recaudación

Estas personas o empresas que buscan guaridas fiscales donde evadir sus obligaciones tributarias, suelen justificarse con este tipo de razones más o menos peregrinas. Pero ninguno busca un país estudiando cuáles son los más deseables por su alto grado de cumplimiento fiscal, baja corrupción, buena gestión pública, preferencias presupuestarias y respeto a la libertad. No. En todos los casos el único criterio de elección es la descaradamente baja presión impositiva.

Menos mal que también aparecen otros colegas suyos, como Ibai Llanos (al que tampoco tenía el gusto de conocer) que contesta diciendo que “es normal que a la gente que gana mucha pasta le quiten muchísimo dinero y más incluso que le deberían quitar”. 

Necesitamos recursos públicos con que financiar las necesidades colectivas. Es chocante escuchar tantas voces “liberales” pidiendo ayudas para las empresas en crisis, las ciudades desoladas, los desempleados o cualquier otro sector social que manifieste su grave situación en estos momentos de crisis… y que, al mismo tiempo, braman contra cualquier intento de mayor recaudación y defienden bajadas de impuestos. 

Si queremos que los servicios españoles sean comparables a “los europeos” (y cuando decimos esto siempre pensamos en Alemania o en Francia, no en Rumanía o Bulgaria, por poner algún ejemplo), si queremos que se den las ayudas y las inversiones públicas “como en Europa”, necesitaremos tener los mismos recursos públicos que en esos países, al menos en proporción a nuestra riqueza y capacidad productiva.

Pero es sabido que la media europea de presión fiscal está en el 41% y que España, según los datos de Eurostat, está en el puesto diecinueve con un 35,4%, bastante por debajo de la media. ¡Y no digamos de Francia o Alemania! Si estuviéramos en niveles europeos en el pago de impuestos podríamos haber tenido más medios médicos para responder a la pandemia, más ayudas para los sectores en crisis y para reactivar la economía, por ejemplo.

La garantía de los derechos recogidos en la Constitución solo es posible si existen impuestos suficientes para financiar las prestaciones correspondientes

Efectivamente, tal como dicen los tratados elementales de Hacienda Pública y nuestra Constitución (cualquier Constitución moderna), para contribuir a esos gastos hay que tributar en función de la capacidad de pago. Es obvio que quien apenas tiene para sobrevivir no debe pagar impuestos. Y que quienes llegan con dificultad a fin de mes poca capacidad de pago tienen. El peso de la contribución a las necesidades generales lo tenemos que hacer los que ganamos más que la media. Y el esfuerzo tiene que ser necesariamente mayor por parte de quienes ganan, por ejemplo, 4,3 millones de euros. Aunque pagara cerca de 2 millones en impuestos, todavía le quedarían otros dos y medio millones de ingresos anuales que parecen suficientes para una vida desahogada.

Me ha sorprendido ver la “comprensión” que han mostrado hacia los “nuevos andorranos” partidos tan radicalmente críticos con la insolidaridad de los independistas catalanes. No entiendo ese patriotismo asimétrico. 

Para mí, ser patriota es preocuparse por el bienestar y los derechos de la ciudadanía española. La garantía de los derechos recogidos en la Constitución solo es posible si existen impuestos suficientes para financiar las prestaciones correspondientes. Y somos quienes tenemos más capacidad de pago los que debemos contribuir en mayor medida. Si los más pudientes abandonamos el barco condenamos a nuestros compatriotas con menos recursos a un auténtico infierno, donde los derechos más elementales no podrán garantizarse de forma digna.

Otra cosa es que debamos seguir luchando para que reciban el tratamiento fiscal adecuado los que no pagan en proporción a lo que deberían pagar. La mayor recaudación que necesitamos no ha de venir de subir los impuestos existentes sino de eliminar los privilegios existentes. Fundamentalmente, debemos exigir una contribución mayor a los grandes patrimonios, a las rentas y capitales financieros, a las grandes empresas transnacionales… Estos son ejemplos de quienes pagan no solo menos de lo que debieran, sino menos que otros sectores o sujetos con menor capacidad de pago y peor trato fiscal. Y, por supuesto, luchar eficazmente contra la corrupción, el fraude y la evasión fiscal. Sin justicia fiscal, no hay justicia social.

Yo no quiero irme a Andorra. Yo quiero contribuir a la construcción de una España más justa y más solidaria. Empezando por mi propia contribución fiscal. 

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Juan A. Gimeno es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y de Economistas sin Fronteras, ex rector de la UNED.