El día 7 de febrero se celebraron las elecciones generales en la República del Ecuador para elegir al presidente, vicepresidente y asambleístas, incluyendo también los parlamentarios andinos. Los resultados, que no fueron oficialmente publicados hasta el domingo 21 de febrero, muestran la contundente victoria de Andrés Arauz, candidato del correísmo, con el 32,7 % de los votos y un margen de 13 puntos con el siguiente candidato, un buen resultado que, sin embargo, no permite eludir la segunda vuelta electoral. En segundo lugar se sitúa la candidatura de la derecha neoliberal financiera y conservadora representada por el banquero del Opus Dei Guillermo Lasso, con un 19,74% de los votos. Tras él, Yaku Pérez, de Pachakutik –el brazo político del movimiento indígena–, ha obtenido el 19,38 % de los sufragios.

Este ajustado margen entre los candidatos Lasso y Pérez disparó acusaciones cruzadas de fraude y exigencias de revisión del recuento que finalmente no fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras dos semanas de crispación, con numerosas injerencias por parte de otras instituciones del Estado, los resultados oficiales confirman que la segunda vuelta, que se celebrará el 11 de abril, enfrentará a Andrés Arauz y Guillermo Lasso.

El análisis de la primera vuelta electoral permite situar, al menos, tres tesis que evidencian un sugestivo cambio en el panorama socio-político ecuatoriano: la debacle de la derecha neoliberal financiera; la aparición de otros clivajes –más allá del ya clásico correísmo-anticorreísmo– que marcaron la contienda electoral y que anuncian una incipiente despolarización política: y la apertura de posibles –y necesarias– alianzas en el campo popular que puedan dar lugar a una nueva mayoría representante de un proyecto de ampliación de derechos, justicia social e intervención estatal inclusiva.

La primera fotografía nítida del proceso político en curso es la movilización del voto hacia las opciones encuadrables dentro de un amplio bloque de “progresismo”

Todo ello combinado con dos elementos más: por un lado, la altísima participación electoral (82% del censo), que demuestra una importante voluntad de cambio político de las y los ciudadanos que acudieron a las urnas pese a la compleja situación que vive el país por la incidencia de la pandemia; por otro, la entrada en el juego electoral de aspectos geopolíticos, como la llegada al país, luego de la victoria de Arauz, del Fiscal General de Colombia, o declaraciones de altos funcionarios de la OEA, que demuestran la importancia que esta contienda electoral reviste para la región.

La primera fotografía nítida del proceso político en curso es la movilización del voto hacia las opciones encuadrables dentro de un amplio bloque de “progresismo”. En sentido contrario, se visualiza la clara derrota de la derecha tradicional que representan los dos partidos, liberal-conservador y social-cristiano, que concurrieron en coalición a las elecciones, con Lasso a la cabeza. Entre las elecciones de 2017 y las de este año, la suma de ambos partidos ha perdido 24 puntos. Enfrente, la suma de la Izquierda Democrática, Pachakutik y la Unión Nacional por la Esperanza (la reciente coalición de movimientos y organizaciones estructurada alrededor de la identidad correísta) acumularon el 68% de los sufragios.

Como se hizo evidente en los días siguientes a las votaciones, esta distribución no permite vaticinar un posible endose en bloque de los votos, pero sí indica un importante voto de castigo al modelo de neoliberalismo oligárquico-financiero que el bloque de poder, apoyado sólidamente por las derechas, ha venido implementando durante los últimos cuatro años. La implantación –no consultada ni votada en las urnas– de un programa de ajuste estructural a la vieja usanza reveló las tramas más perversas cuando neoliberalismo y autoritarismo aparecen ligados. Fuga de capitales, exoneración de impuestos, condonación de deudas, privatización de empresas públicas, puertas giratorias para perpetuar acumulación de ganancias, desinstitucionalización del Estado, fueron algunos de los elementos que dibujaron el panorama. Este despojo se combinó con una apuesta autoritaria que combinó detenciones, persecución y operaciones judiciales-mediáticas (lawfare) contra el movimiento correísta, junto con la represión de toda protesta social. 

Esta inicial imagen de conjunto se hace más compleja si analizamos cada una de las candidaturas. Tanto la campaña como los resultados ponen de relieve el cruce entre la polarización correísmo-anticorreísmo y otros ejes de posicionamiento político-ideológico. En otras palabras, lo que antes era un electorado, incluso un país, partido en dos, ahora se ha fragmentado en función de otros polos discursivos, identitarios y programáticos.

Lo que antes era un electorado, incluso un país, partido en dos, ahora se ha fragmentado en función de otros polos discursivos, identitarios y programáticos

En primer lugar, ha emergido con fuerza un polo ideológico directamente vinculado con la revuelta popular de octubre de 2019 en la que cobró protagonismo el movimiento indígena: progresismo plurinacional-popular frente a neoliberalismo oligárquico. Dicho polo trascendió el clivaje correísmo-anticorreísmo en la medida en que en las protestas y reivindicaciones de aquel octubre confluyeron en bloque en el movimiento Revolución Ciudadana y movimientos y organizaciones sociales diversas (estudiantes, feministas, sindicatos) con el protagonismo indiscutible del movimiento indígena, que durante la década correísta había confrontado en múltiples ocasiones con el gobierno.

Para entender la irrupción de este nuevo eje es imprescindible puntualizar que el excelente desempeño electoral de Pachakutik no ha sido una sorpresa. Su candidato jugaba sobre los resultados de las elecciones seccionales de 2019, en las que Pachakutik obtuvo 5 prefecturas, entre ellas la del propio Pérez y más de 20 alcaldías. Además, su candidatura estaba llamada a capitalizar el crédito político que el movimiento indígena logró en el marco de la mayor movilización en lo que va del siglo, y que catapultó nuevamente al movimiento indígena como sujeto político en el plano nacional. El diálogo nacional y televisado entre el gobierno y la dirigencia indígena para destrabar el conflicto puso de relieve el protagonismo de los líderes indígenas (distintas vertientes dentro del movimiento) y su estandarte antineoliberal: rechazo al retiro de los subsidios a los combustibles y del acuerdo con el FMI. Sin embargo, entre octubre de 2019 y febrero de 2021 se han hecho evidentes las tensiones internas del movimiento.

No han faltado voces dentro del movimiento indígena, como el carismático líder Leónidas Iza, que han señalado que los resultados electorales habían sido buenos “a pesar” del candidato Pérez. De hecho, merece la pena señalar que Pérez nunca condenó la dura represión del gobierno de Moreno sobre las manifestaciones de octubre. Al contrario, su posición de apoyo al gobierno durante sus años en la prefectura de Azuay fue más que evidente. Además, determinadas propuestas del programa de Pérez casan mal con las reivindicaciones tradicionales del movimiento indígena, como la llamada a una consulta sobre la minería, la rebaja impositiva o la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Enfrente, Leónidas Iza se apresuró a marcar el campo de juego para la segunda vuelta con un claro proyecto ambientalista y antineoliberal, que debería imposibilitar un pacto con Lasso.

Más allá de estos ejes, el candidato posicionado en cuarto lugar, Xavier Hervas, en cabeza de la candidatura de Izquierda Democrática, con un nada desdeñable 15,69% de los votos, ha sido la gran revelación de este proceso. Con propuestas “suaves”, su campaña se orientó a un conjunto de votantes hastiados de la polarización, lanzando un mensaje fuera del eje ideológico pro o anti neoliberal. Sorprendentemente, en lugar de esperar al final del recuento, Hervas decidió dilapidar su capital político al día siguiente de las votaciones, llamando a un pacto por Ecuador contra la candidatura de Arauz, por representar a la “dictadura correísta”.

Con este complejo escenario se plantea una segunda vuelta que enfrentará a Andrés Arauz, liderando la Revolución Ciudadana, con Guillermo Lasso al frente de la suma de las derechas del país. La victoria de una opción de progreso requiere la suma de las fuerzas anti-neoliberales y esto implica, necesariamente, posicionar el debate hacia la segunda vuelta más allá del relato pro o anti Rafael Correa y sus años de gobierno. No cabe duda de la importancia del vínculo entre la candidatura de Arauz y el expresidente. Es indiscutible el capital político que mantiene el exmandatario entre las bases de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el Ecuador que hoy se expresa en las urnas ha mostrado su voluntad de ir más allá de dicha polarización. Se devela así la urgencia de renovar las agendas públicas con un componente más progresista en el campo de los derechos (sexuales, reproductivos, asociativos, sindicales y participación ciudadana) y respecto de la cuestión ecológica. Este asunto, que durante años ha sido un campo escabroso para el correísmo, es particularmente importante de cara a la construcción de alianzas con el movimiento indígena. Si se observa el programa defendido por Arauz, puede apreciarse un giro hacia objetivos como alcanzar la justicia ecológica, enfocar el cambio climático como crisis civilizatoria, reconocer la labor de los pueblos originarios en la protección de la biodiversidad, promover nueva opciones como la minería inversa y mantener la histórica postura de rechazo a la impunidad de las transnacionales por los crímenes ecológicos en el territorio ecuatoriano, muy particularmente el conocido caso ‘Chevron’.

Otros elementos que están ya generando dinámicas preocupantes de cara a la salud democrática del proceso electoral ecuatoriano son la actuación del CNE y la injerencia de actores extranjeros.

La convocatoria de estas elecciones vino marcada por una serie de actuaciones del CNE que dificultaron la inscripción de la candidatura de Arauz

El CNE es la instancia llamada a garantizar los derechos de las y los electores con rango de función del Estado en la Constitución ecuatoriana. Su composición actual comprende vocales representantes de Pachakutik y de las derechas, fruto de los pactos alcanzados durante el gobierno de Lenín Moreno que dejaron fuera de esta institución a la Revolución Ciudadana. La convocatoria de estas elecciones vino marcada por una serie de actuaciones del CNE que dificultaron la inscripción de la candidatura de Arauz, cuyo binomio fue aprobado in extremis. Tras un proceso caracterizado por cambios de criterio, obstáculos a la observación electoral y diversas inconsistencias técnicas, la actuación del CNE, desde la noche electoral hasta este momento, ha estado atravesada por el enfrentamiento interno de sus vocales, reflejando la confrontación por el segundo puesto entre Lasso y Pérez. Sin capacidad para llegar a un acuerdo, el Consejo ha acabado denegando la solicitud de revisión del recuento que parecía haberse pactado en un tête à tête de estos dos candidatos, realizado en la misma sede del CNE y ante decenas de periodistas. Por añadidura, diversas instituciones ajenas al proceso, como la Contraloría General del Estado o la Fiscalía, han aparecido en escena para “supervisar” la actuación del CNE y el sistema informático electoral, algo completamente irregular en pleno proceso electoral.

De manera paralela a la incertidumbre electoral, el nerviosismo de otros actores externos demuestra la importancia geopolítica del momento que se vive en Ecuador. En términos de política regional, no cabe duda de que una presidencia encabezada por Arauz fortalecerá el progresismo latinoamericano y la integración regional en clave soberana y anti-imperialista. Conscientes de esto, las élites han puesto de nuevo en marcha la maquinaria del lawfare, en un intento desesperado de abatir políticamente a Arauz y denigrar su imagen de cara a la segunda vuelta.

Así, el viernes 12 de febrero, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, viajó a Ecuador a petición de su homóloga en el país, Diana Salazar Méndez, con el objeto de hacer entrega de una información relativa a una supuesta vinculación entre Arauz y el ELN colombiano que, según publicó unas semanas atrás la cuestionada revista Semana, habría financiado su campaña. La intervención de ambas fiscalías se produce en un momento clave del proceso electoral como es el recuento, generando una amplia repercusión mediática con clara voluntad de afectar a la imagen del candidato ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, y al proceso electoral en general. Dada la gravedad de la injerencia y sus posibles repercusiones sobre el proceso electoral y la calidad democrática en Ecuador, numerosas personalidades y organizaciones latinoamericanas, como el Grupo de Puebla, alertaron a la comunidad internacional y a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos.

El 11 de abril se decidirá la futura presidencia y vicepresidencia del Ecuador. Tras años de durísimo ajuste neoliberal, todo apunta a un posible cambio progresista, en la línea de Argentina o Bolivia. Queda mucha campaña por delante y el candidato Arauz tiene la necesidad de tejer acuerdos, ampliar reivindicaciones y acumular fuerzas para formar un nuevo gobierno que camine hacia la justicia social y ecológica, algo que repercutirá en el buen vivir, no solo en Ecuador sino en el conjunto de la región latinoamericana.

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Adoración Guamán es doctora en derecho por las universidades de València y París X-Nanterre y ha sido docente en FLACSO-Ecuador. Ha coeditado el libro Neofascismo. La bestia neoliberal (2019) y junto con la abogada Carol Proner dirige para CLACSO el grupo de trabajo Lex mercatoria, derechos humanos y democracia.

Soledad Stoessel es licenciada en sociología y doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), actualmente docente e investigadora en Argentina y Ecuador.