El 22 de diciembre de 2020, el juzgado de Primera Instancia nº 52 de Madrid condenó a la revista digital CTXT.es por vulneración del honor del actor Antonio Resines, tras la publicación de una pieza periodística en la que se relataba cómo el actor, en su condición de presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, promovió la creación de una sociedad mercantil (AIE, agrupación de interés económico) para gestionar la gala de los Goya, lo que habría generado malestar entre los académicos y peticiones de dimisión.

Los abajo firmantes, investigadores y profesores del ámbito del periodismo y del análisis del discurso, consideramos que la sentencia se basa en ciertas asunciones poco rigurosas sobre el ejercicio del periodismo y sobre el funcionamiento de los textos periodísticos en la esfera pública.

Fuentes y documentos

La sentencia pasa por alto la complejidad del juego de voces que alimentan un texto periodístico, y atribuye al periodista y al medio responsabilidad tanto por las valoraciones que hacen las fuentes como, de forma más llamativa, por las reacciones de los lectores en redes sociales. La noticia periodística es una ventana a la complejidad del mundo y a los múltiples puntos de vista sobre este (Kovach y Rosentiel, 2014, 204). Por esta razón, el texto periodístico se construye como un collage de voces en el que el papel del periodista es lograr la aportación de esas voces, que representen las diferentes posturas en torno a un asunto, y hacerlas dialogar para ofrecer al lector una versión equilibrada e inteligible de un asunto del que no necesariamente tiene un conocimiento profundo.

La sentencia pasa por alto la complejidad del juego de voces que alimentan un texto periodístico

Como señala el Libro de estilo de El País (1.14), “las informaciones de que dispone un periodista sólo pueden ser obtenidas por dos vías: su presencia en el lugar de los hechos o la narración por una tercera persona”. Esta preponderancia de las fuentes es precisamente lo que diferencia al periodismo de opinión de la información (Armentia y Caminos, 2009, 227). En el caso que nos ocupa, el periodista Francisco Pastor declaró (y ratificó en el interrogatorio, según consta en la sentencia) que cuatro diferentes miembros de la Junta Directiva de la Academia de Cine expresaron su descontento con la gestión de Resines y “un cierto revuelo” (sentencia, p. 30) por la creación de la AIE sin consultar previamente con la Junta Directiva de la Academia.

Asimismo, la “diligencia” necesaria para confirmar la veracidad de la noticia (sentencia, p.30) se acredita con el acceso a los documentos que confirman fehacientemente a) la constitución de la AIE con el reparto de la propiedad consignada en la noticia (Resines un 1% y la Academia el 99% restante); b) el malestar de parte de la Junta Directiva por la “falta de transparencia que hace necesario convocar a un experto que explique a los miembros de la Junta Directiva… “Qué es una AIE tres meses después de haberla constituido” y cómo el presidente de la Academia “reconoce expresamente su error” (sentencia, p.11) y c) los Estatutos de la Academia, cuyo conocimiento permite sostener la tesis de que la constitución de la AIE encajaría en los supuesto legales establecidos para su creación.

De hecho, este último documento permite al periodista sostener la legalidad de la creación de la AIE. Como señala la pieza objeto de la sentencia citando el artículo 4 de la ley 12/1991 (a la que dirige un enlace para comprobar la veracidad de la cita), este tipo de empresas “sólo podrán constituirse por personas físicas o jurídicas que desempeñen actividades empresariales, agrícolas o artesanales, por entidades no lucrativas dedicadas a la investigación y por quienes ejerzan profesiones liberales”. Habiendo logrado consultar los estatutos de la Academia (aunque no son públicos), el periodista puede señalar que entre los objetivos de la entidad figura “promover la investigación científica en materia de cinematografía”, lo cual “acercaría la creación de la empresa a uno de los supuestos permitidos por la ley”. Tal y como señaló el director del medio en su contestación a la demanda, la noticia toma cierta distancia sobre la posible pérdida del control de las cuentas de la Academia por parte de los socios al señalar “cautelosamente” (como explica el director de CTXT Miguel Mora en su contestación a la demanda, sentencia p.16) que este obstáculo existiría “en principio” (sentencia p.16). Es decir, que es un punto de vista abierto a la interpretación y que, por tanto, sostiene tanto la legalidad de la creación de la AIE como las críticas al uso de este instrumento contable.

La consulta de varias fuentes personales y la aportación de varios documentos niegan veracidad a la afirmación de la demanda de que “la información nunca fue contrastada de ninguna manera por el medio de comunicación demandado ni por ninguna de las personas responsables de la noticia publicada –ahora codemandadas– incluido su autor, que no realizaron la más mínima indagación, ni tenían la más mínima intención ni interés en ello”. Cuestión diferente es la valoración que se haga de la creación de la empresa mercantil por parte de la Academia, que, como hemos explicado en el párrafo anterior, queda abierta al juicio de los lectores tras las explicaciones del periodista.

Respuestas al texto

Otro elemento importante dentro de la ortodoxia periodística sobre el uso de las fuentes es la necesidad de dar voz a las “partes en litigio” como señala el Libro de Estilo de El País (1.23). En caso de que una de las partes decline dar su versión “se hará constar… que determinada persona supuestamente perjudicada por una información no ha sido localizada”. El texto de la noticia explicita “CTXT ha tratado, sin éxito, de obtener declaraciones de Resines sobre la asamblea. El despacho del presidente de la Academia alegó falta de tiempo”.

Es evidente que un medio de comunicación, en la era digital, no tiene ni la capacidad ni la responsabilidad de cercenar las respuestas de los lectores a las informaciones que publica

Esta “falta de tiempo” que motivó la ausencia de la versión del presidente de la Academia que el texto señala diligentemente fue solventada al día siguiente de la publicación de la pieza al remitir el señor Resines un argumentario de 19 puntos al director del medio, solicitando su publicación en la web antes del texto. Al considerarlo una réplica, CTXT publicó parte de esa carta a continuación del texto, señalando que “dado que en él no se rebate ni desmiente ninguno de los datos expuestos en el cuerpo de la noticia, su divulgación no supone una rectificación”. Y, como señalan los periodistas en su contestación a la demanda (citada por la sentencia, p.16) una réplica sólo tiene sentido si es citada a continuación de lo replicado. Tal y como señala el Diccionario de la RAE, replicar consiste en “instar o argüir contra la respuesta o argumento” o “responder oponiéndose a lo que se dice o manda”.

Vemos, por tanto, que el texto periodístico cumple con diligencia los procedimientos periodísticos compartidos por la mayoría de los medios para dar voz a las fuentes y a los interesados.

La sentencia utiliza los mensajes de Twitter de algunos seguidores de CTXT como argumento a favor de la culpabilidad del periodista y del medio en la ofensa al honor de Antonio Resines. Es indiscutible que CTXT, como todos los medios en la actualidad, utiliza las redes sociales para hacer circular sus noticias y de este modo alcanzar un mayor número de lectores y así cumplir con su obligación de servir al público información independiente y de calidad (Deuze, 2017). Por tanto, el hecho de que los tweets “tuvieron un efecto multiplicador del eco que pudiera haber tenido por sí sola la noticia” con la “finalidad … de lograr una mayor difusión”, como señala la demanda, es simplemente la constatación de un procedimiento comunicativo ya habitual. Ahora bien, es evidente que un medio de comunicación, en la era digital, no tiene ni la capacidad ni la responsabilidad de cercenar las respuestas de los lectores a las informaciones que publica: es precisamente esta erosión de su antiguo papel de gatekeepers –y la consiguiente redefinición de su papel de mediadores (Peñamarín, 2020)–, lo que caracteriza la posición de los medios en la esfera pública contemporánea. Limitar esas respuestas –por muy en desacuerdo que se esté con sus posiciones y formas– sería una conducta irresponsable para cualquier medio, pues es coartar el derecho a la libre opinión de los lectores. En todo caso, el señor Resines o la Academia de Cine podrían haber demandado a los responsables de esos mensajes de respuesta siempre y cuando sus identidades fueran proporcionadas por Twitter que, como señala la sentencia, sí es, en este caso, ajena a toda responsabilidad sobre los contenidos alojados al ser proveedor de servicios de la sociedad de la información protegido por el principio jurídico de puerto seguro.

La interpretación de la noticia

Además de esta confusión sobre las diferentes voces que se articulan en torno a una pieza periodística (la conversación entre fuentes, periodistas y lectores), la sentencia se basa en una lectura poco acertada de ciertos términos que aparecen en la pieza periodística.

Establece la sentencia que los autores del texto deben ser condenados porque sus palabras “manifiestan una intención” de atentar contra el honor del demandante. Esta intención lesiva se deduce, según la magistrada, de la idea de privatización que orienta el texto desde el titular.

El titular periodístico necesita resumir la complejidad de la información en pocas líneas. Tal y como señala el Libro de Estilo de El País (3.4),  “los titulares y la entrada deben satisfacer la curiosidad primera del lector, que ha de quedar enterado de lo que ocurre sin necesidad de acudir al resto de la información”. Los matices y aclaraciones son patrimonio del texto de la noticia, mientras el titular debe “centrar la atención del lector” (3.1).

Si bien es cierto que la Academia de Cine es una entidad privada, también lo es (como señala la noticia) que recibe una considerable ayuda económica pública, una proyección de su principal actividad (los Premios Goya) a través de los medios de comunicación públicos y que es una entidad sin ánimo de lucro y de utilidad pública. En este contexto, la expresión “privatizar” implica la inserción de la gestión de la Academia en el entorno empresarial.

Como señala el director de CTXT en su contestación a la demanda, la decisión de recurrir a un tipo peculiar de empresa para gestionar los Goya “puede ser controvertida, pero en modo alguno deshonrosa” y “no supone ningún desprestigio para el señor Resines” (sentencia, p.14). Es precisamente la controversia en torno a los modos de gestión lo que convierte un mero acto mercantil en noticia. Para muchos lectores (y, como se señala en la pieza, para algunos miembros de la Academia) no es una decisión acertada: el hecho de que sujetos y entidades alejados a priori de objetivos empresariales recurran a figuras mercantiles de diverso tipo para gestionar sus actividades es un asunto polémico y orienta la discusión sobre la articulación de lo público y lo privado, lo mercantil y lo cultural en la España actual. Este carácter polémico, junto con la notable visibilidad de la academia y de su presidente, justifican sin duda la información.

Uno de los fines de los medios de comunicación en una sociedad democrática es precisamente el control de aquellos que gozan de visibilidad en la esfera pública (Kovach y Rosentiel, 2014, 178); esto incluye no sólo los poderes públicos sino todos aquellos que, por razón de su posición en el mundo común compartido, tengan especial relevancia. El elemento de controversia de la noticia se refiere a la manera en la que se gestionan los fondos, pero difícilmente se puede deducir de esta que “cualquiera que haya leído la noticia, tal y como aparece escrita, ha sacado la conclusión de que el Sr. Fernández Resines se prevalió de su cargo de presidente de la Academia de Cine para desviar la actividad consistente en la organización y producción de los Goya”, como señala la demanda. Tampoco es cierto que en el texto se diga que el presidente estaba “desplumando” a la Academia. Pero es necesario señalar, de nuevo, que su gestión estaba siendo contestada por diversos académicos: no en vano, presentó su dimisión cinco semanas después de la publicación del texto en discusión alegando “discrepancias” con su Junta Directiva.

La contestación interna a la gestión de Resines que genera el interés noticioso tiene que ver con la falta de transparencia en la gestión

En cualquier caso, la contestación interna a la gestión de Resines que genera el interés noticioso tiene que ver con la falta de transparencia en la gestión, que se evidencia factualmente en la pieza informativa. El hecho de que una institución de la reseñada visibilidad de la Academia del Cine no haga públicos sus estatutos, la necesidad de que un experto explique a la Junta Directiva el funcionamiento de la AIE una vez creada esta o la inclusión de un punto de aprobación de esta figura mercantil en la Asamblea casi medio año después de su constitución constituyen evidencias factuales de un modo de gestión en el que se solicita a los órganos colegiados la mera aprobación de medidas y no el permiso para adoptarlas.

Es necesario remarcar que existe una diferencia entre el juicio legal, competencia de los tribunales, y el juicio moral, competencia del tribunal de la opinión pública articulado a través de los medios de comunicación. Como ha afirmado James Carey, el periodismo no es más que “un modo de transmitir y amplificar las conversaciones de la gente” (Kovach y Rosentiel, 2014, 25). Los medios tienen la obligación ética de señalar los momentos de conflicto para que los lectores puedan formarse una opinión y tomar partido (Peñamarín, 2020, 10). Condenar a un medio de comunicación por hacerse eco de la discusión sobre la idoneidad y oportunidad de gestionar una entidad de notable visibilidad pública a través de una entidad mercantil es lesionar no sólo los intereses de la Academia de Cine y del mundo de la cinematografía, sino de todos aquellos que desean ejercer su derecho a estar informados y a tener opinión sobre lo que sucede en el espacio común compartido.

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Héctor Fouce y Joan Pedro-Carañana son miembros del Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.

REFERENCIAS CITADAS

– Armentia Vizuela, José Ignacio y Caminos Marcet, José María (2009) Redacción informativa en prensa. Ariel. Barcelona.

– Deuze, Mark (2017) “Considering a possible future for digital journalism”. Revista  Mediterránea de comunicación, v. 8, n. 1, pp. 9-18.

– Kovach, Bill y Rosentiel, Tom (2014) Los elementos del periodismo. Aguilar. Madrid.

– Peñamarín, Cristina (2020) “Pragmática de la Esfera Pública. Issues, Mediatización y Controversias” en Álvarez-Peralta, M. Controversias, narraciones, relatos mediáticos. Fragua. Madrid. Pp. 9-28.