El Club de Roma y el Instituto Tecnológico de Massachusetts advirtieron en 1972 de que, salvo transformaciones profundas y rápidas de las lógicas socioeconómicas, el desbordamiento de los sistemas vitales del planeta conduciría a un colapso civilizatorio irreversible. La advertencia del informe Los límites del crecimiento fue entonces ignorada, se perdió un tiempo precioso y los procesos desestabilizadores se proyectan ya con fuerza creciente sobre nuestras vidas.

Afrontamos un nuevo ciclo histórico, el Antropoceno, en el que la concatenación de crisis globales interrelacionadas afecta a las bases vitales, sociales, económicas y políticas vigentes en las últimas décadas. La covid-19 constituye un shock sanitario extraordinario (dos millones de fallecidos en todo el mundo al inicio de 2021, según la OMS), pero, desgraciadamente, no es ni será la única crisis del siglo. La emergencia climática y la destrucción medioambiental apuntan a escenarios de desestabilización general aún más dramáticos.   

La Europa neoliberal apuesta por su Green New Deal  

En este marco, los planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovidos por la Unión Europea reflejan la apuesta impulsada por el liderazgo liberal/conservador de Von der Leyen, Merkel y Macron y han conseguido unir al conjunto de los países europeos para abrir un nuevo ciclo europeo en torno a tres ideas centrales:

1. Asumir que, efectivamente, es necesario afrontar la emergencia provocada por la crisis ecosocial y que ello reclama introducir ciertos cambios en las lógicas socioeconómicas vigentes con el fin de alcanzar la descarbonización y rehabilitar los principales sistemas naturales antes de mediados de siglo.

2. Considerar que ello constituye una oportunidad para superar el estancamiento secular que arrastra la economía del primer mundo y ofrecer al capital y las empresas europeas los recursos y las orientaciones precisas para abrir un nuevo ciclo expansivo en torno a la sostenibilidad y la modernización digital.

3. Atajar, mediante un shock inversor millonario, el peligro de que el aumento de las desigualdades impulsadas por las recetas neoliberales en los últimos decenios acabe provocando el estallido de una profunda crisis social y política, como la manifestada en el Capitolio estadounidense en enero de este mismo año.

La Agenda Verde Europea proyecta una hoja de ruta inicial basado en medio centenar de actuaciones clave que se articulan en torno a 10 ejes: 1) ambición climática; 2) energía limpia, asequible y segura; 3) industria en una economía limpia y circular; 4) movilidad sostenible e inteligente; 5) ecologización de la agricultura; 6) preservación de la biodiversidad; 7) erradicación de sustancias tóxicas; 8) integración de la sostenibilidad en todas las políticas; 9) liderazgo mundial; y 10) Pacto Europeo por el clima.   

Parece que Europa quiere evitar reproducir la radicalidad neoliberal de la crisis anterior, se reafirma “en verde” y se vuelve keynesiana. Congela el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque solo por un periodo de tiempo indefinido, y llama a combatir la pandemia y sus secuelas socioeconómicas mediante una inyección de unos 3,75 billones de euros para los próximos seis/siete años (sumando el programa Next Generation UE, el presupuesto plurianual de la Comisión y la acción de cobertura financiera del BCE).

Se trata de una propuesta integral, articulada en torno al “crecimiento sostenible”,  que ha conseguido conectar con diversas aspiraciones de muchos actores europeos: más recursos inmediatos para los gobiernos, expansión económica para el capital y las empresas, impulso al empleo para los sindicatos, promesas de más justicia social y de género para la ciudadanía y formulación de ambiciosos objetivos de sostenibilidad para las organizaciones ecologistas.

Y, sin embargo, resulta imprescindible indagar sobre sus contradicciones, detectar las dificultades que existen para que las promesas se conviertan en realidad e, incluso, poner en cuestión alguna de sus postulados básicos.

¿Qué contradicciones suscita una agenda diseñada a escala de las grandes empresas? ¿Cómo se gestionará la deuda europea en un  marco global con tendencia a adquirir dimensiones desconocidas hasta ahora? ¿Será realmente posible revertir tendencias de fondo y avanzar hacia escenarios más justos y democráticos? ¿Será factible recuperar, transformar y adaptar las dinámicas socioeconómicas al nivel necesario en tan corto espacio de tiempo? ¿Y si hubiera que cuestionar el paradigma del crecimiento ilimitado y apostar por una rápida adaptación a los límites biofísicos de un planeta finito y desbordado? 

Son cuestiones inquietantes ante una encrucijada diabólica. No se trata solo de diseñar una recuperación que atienda las necesidades sanitarias para defender la vida y, a la vez, contemple el retorno de la actividad y el empleo lo antes posible con el fin de no desbordar los márgenes de un escudo social y del endeudamiento que lo sostiene.  La puesta en marcha a tiempo de una recuperación adecuadamente diseñada es también una condición necesaria para preservar la convivencia social y la democracia ante el avance de populismos autoritarios en amplios sectores de población que, despojada de sus vínculos comunitarios, se sienten crecientemente desconcertados, desprotegidos y desconfiados ante las promesas incumplidas y las falsas verdades de unas élites políticas y económicas cada día más alejadas de la realidad de sus vidas.

En el acuerdo final sobre descarbonización a 2030 se ha pactado una reducción del 55% de los gases de efecto invernadero sobre 1990, cinco puntos menos que la  propuesta del Parlamento Europeo

Para ilustrar la dificultad de transitar rápidamente de una situación de extralimitación a otra realmente sostenible basta recordar las conclusiones del conocido informe A good life for all within planetary boundaries (2018) de la Universidad de Leeds, en el que, tras analizar la situación de 151 países, se concluye que ninguno de ellos consigue compatibilizar los estándares de vida deseables y los equilibrios biofísicos clave para preservar esa vida. Son precisamente los países con economías más pujantes, como Europa, los que reflejan una mayor dificultad estructural a la hora de tratar de compatibilizar ambos factores, desvelando que su superación no parece ni fácil ni rápida, sin reconsiderar los propios paradigmas que nos han traído hasta aquí.  

¿Realmente cabe esperar, por ejemplo, que sea posible alcanzar sociedades neutras en carbono manteniendo las formas de producir, consumir y vivir anteriores a la pandemia, confiando en que los avances tecnocientíficos, por otra parte imprescindibles, conseguirán hacerlas compatibles por sí mismos en los tiempos necesarios? Como mero botón de muestra de lo arriesgado de este tipo de hipótesis, cabe recordar que, con relación a un tema central como la captación de carbono emitido a la atmósfera, el Comité Científico de las Academias Europeas ya advertía en 2018, por boca de su presidente T. Courvoisier, que “estas tecnologías ofrecen solo una limitada posibilidad realista de retirar dióxido de carbono de la atmósfera”, advirtiendo que, además, ello implicaría “altos costes económicos y, probablemente, importantes impactos sobre los ecosistemas terrestres y marinos”.

¿Qué contradicciones suscita una Agenda concebida a medida de las grandes corporaciones?        

Tras la complejísima negociación de la dirigencia europea para cerrar los acuerdos entre Estados, existen al menos dos razones por las que la Comisión Europea ha optado por una agenda concebida en torno a grandes corporaciones con buenas vinculaciones con los principales agentes financieros. Por un lado, la convicción de que esta es una oportunidad excepcional para crear un marco legal y financiero que permita superar la baja rentabilidad del capital en Europa y abrir un nuevo ciclo de expansión y proyección internacional basado en la innovación en torno al binomio sostenibilidad/digitalización. Por otro lado, el convencimiento de que la dimensión, complejidad y carácter innovador de los cambios a desplegar en tan corto espacio de tiempo constituyen un desafío que solo puede ser abordado con una estrecha alianza entre las instituciones europeas y nacionales y las grandes empresas, a las que se arroga cualidades tales como potencia, capacidad y experiencia para culminar con éxito las mencionadas transformaciones.

Sin duda que el tema tiene enjundia y una apuesta tan sesgada también invita a apuntar dos consideraciones de alcance.

En primer lugar, una interpretación lúcida de los desafíos que afrontamos requiere reconsiderar el sentido de las lógicas de crecimiento y globalización indiscriminada que nos han traído hasta aquí y apostar por la recuperación de redes de cooperación territorial en las que la economía local/regional, los circuitos circulares y de proximidad y los servicios comunitarios, serán fundamentales para alcanzar una nueva compatibilidad entre la acción humana y la naturaleza.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, si bien muchas grandes empresas productivas y financieras han comprendido que su propia supervivencia pasa por cambiar la orientación de sus modelos de negocios y se están volcando en ocupar/controlar los nuevos espacios socioeconómicos, su comportamiento también está condicionado por una serie de intereses y realidades fácticas que han de tenerse en cuenta:

1. Como resulta inevitable, la mayor parte de las carteras de negocio y la distribución de beneficios de los grandes conglomerados empresariales siguen vinculadas a prácticas insostenibles relacionadas con los combustibles fósiles, las grandes actuaciones infraestructurales y extractivas etc. que hoy se consideran como auténticas agresiones a ecosistemas fundamentales para la vida. Un caso paradigmático, pero muy común en el campo energético, puede encontrarse en el nuevo plan estratégico de Repsol (uno de los referentes del oligopolio energético español): más allá de invertir el 42% de sus inversiones (18.000 millones de euros entre 2021/25) en diversas líneas de descarbonización, seguirá teniendo el petróleo como clave en su matriz productiva y generará cinco veces más de caja libre que en el periodo 2016-2020, garantizando así a sus accionistas unos dividendos de 5.000 millones de euros

2. Tampoco puede obviarse que las reglas que siguen rigiendo los mercados financieros en los que operan estas macroempresas y la constante expansión y búsqueda de nuevos sectores de negocio que les permita valorizar continuamente su capital siguen promoviendo la privatización, mercantilización y especulación de recursos vitales para la vida en la Tierra.

En los últimos decenios se han tejido densas redes de acuerdos y tratados internacionales poco transparentes que garantizan una protección excepcional a los grandes inversores privados

3. En los últimos decenios se han tejido densas redes de acuerdos y tratados internacionales poco transparentes que garantizan una protección excepcional a los grandes inversores privados y que, sorteando las leyes y sistemas judiciales nacionales, suponen auténticos muros de contención a la hora de posibilitar la renovación de sectores clave de la economía. Este es el caso, entre otros varios, del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) de 1994 que podría blindar la emisión de más de un tercio del presupuesto global de carbono hasta 2050, dificultando así una reducción equitativa en la necesaria retirada de la circulación de los combustibles fósiles.

4. Inevitablemente, el cruce de intereses tan contradictorios va a condicionar la capacidad de cooperación con las grandes empresas a la hora de asumir su papel como socios preferentes en el desarrollo de la Agenda Verde Europea. A modo de mero ejemplo, baste recordar cómo la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) anticipaba al gobierno, en noviembre de 2020, su propia propuesta de decreto-ley para agilizar la gestión de los fondos europeos, recortando temporalmente la legislación vigente en materia de contratación pública y subvenciones, incluida la evaluación ambiental de los proyectos estratégicos.

Por todo ello, hay que ser conscientes de que la gobernanza de la Agenda Verde va a estar plagada de dificultades que puede que condicionen los objetivos clave o los ritmos de transformación que son imprescindibles para evitar que los procesos de desestabilización ecosocial se precipiten de forma indeseable. Baste recordar el escandaloso comportamiento de las grandes farmacéuticas y las “clausulas secretas” aceptadas por la Unión Europea en torno a las vacunas de la covid-19.   

De hecho, la pugna entre la Comisión (los Estados), el Parlamento (los elegidos) y los lobbys (principalmente empresariales) es constante. Así ha pasado con el acuerdo final sobre la revisión de los objetivos de descarbonización a 2030, donde finalmente se ha pactado la referencia de una reducción del 55% de la emisión de gases de efecto invernadero sobre 1990, cinco puntos menos que la  propuesta del Parlamento. Y eso es también lo que reflejan las recientes disputas en torno a la taxonomía (clasificación de actividades) impulsada por la Comisión Europea para definir, de cara a las inversiones privadas, qué es y qué no es sostenible, en función de los umbrales de emisiones de carbono imputables a cada actividad.

¿Será realmente posible revertir tendencias de fondo y avanzar hacia escenarios más justos y democráticos?

A finales del 2020, en el Parlamento Europeo se reivindicaba que la recuperación económica promovida por la Agenda Verde habría de contemplar también la necesidad de avanzar hacia la construcción de una Europa social sostenible para garantizar los niveles más elevados de justicia social, el aumento del bienestar, el progreso social, la seguridad, la prosperidad, la igualdad y la inclusión, sin dejar a nadie atrás.

Sin embargo, más allá de los problemas estructurales de origen de la Unión, no puede obviarse que con la implantación de las políticas neoliberales en los ochenta, la renuncia al establecimiento de un Pilar Social Europeo y la preeminencia otorgada a la estabilidad monetaria y la financiarización de la economía, se ha quebrado el ideal europeo de avanzar hacia una sociedad cada día más justa e integrada.

En los últimos tiempos, se ha producido un aumento significativo de las diferencias sociales y la divergencia entre territorios y, pese a las conquistas feministas, tampoco se ha conseguido alcanzar la igualdad de género en múltiples planos, entre ellos en el reparto más equitativo de los cuidados (el 70% de las horas trabajadas sigue recayendo sobre mujeres).

Las distorsiones sociales han aumentado durante la Gran Recesión (2008-2015) y en la mayoría de los países han aumentado las personas en riesgo de exclusión social y pobreza, los beneficios patrimoniales han ganado peso frente a los salarios y, según el Global Wealth Databook de Credit Suisse, el 10% de la población europea acumulaba en 2018 el 70% de la riqueza.

Como muestra de lo que está pasando en el plano humano, basta referirse a la situación que atraviesan los pensionistas de un país como Alemania, en donde la población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido durante los últimos 15 años en más de un 11% y suma ya 2,7 millones de personas. La población de mayor edad, junto a la juventud, la inmigración y las personas vinculadas a los sectores y territorios más afectados por unas transformaciones tecnológicas que aumentarán las desigualdades, serán las más perjudicadas durante los próximos años.  

Se trata de las secuelas de un capitalismo deshumanizado con mando en la Europa neoliberal y por eso “la transición justa que no deje nadie atrás” constituye una de las promesas más importantes de la Agenda Verde y, a la vez, que más incredulidad suscita. El propio Parlamento Europeo, junto a la aprobación de los Mecanismos de Transición Justa (100.000 millones de euros procedentes de diferentes programas europeos), entiende que se trata de tendencias de fondo que han de ser abordadas por la próxima Cumbre Social de Oporto y la futura Agenda sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas.

En todo caso, ante el aumento de la deuda pública, la presión por volver a la ortodoxia presupuestaria, entendida como reducción del gasto social, no ha desaparecido. De hecho, ya hay quien reclama el retorno al Pacto de Estabilidad y habrá que ver cómo operan las recomendaciones europeas a los planes de recuperación de los países y la correspondiente condicionalidad de sus sucesivas aprobaciones. Así, la Comisión Europea está pidiendo a España, que por ahora se resiste, un fuerte compromiso en temas tales como la reforma laboral o el sistema de pensiones.

Las dudas, más allá de las buenas intenciones, están ahí: ¿qué pasará si, una vez financiada la reactivación de grandes empresas tecnologizadas, se amplían las desigualdades y sectores significativos de la sociedad quedan descolgados? Ante la encrucijada, ¿cambio real de tendencias pasadas y, para evitar males mayores, avanzar hacia escenarios más justos y democráticos o vuelta a la “austeridad” con más desigualdad, divergencia y crisis sociopolíticas?   

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Fernando Prats es arquitecto urbanista. Miembro del Foro de Transiciones y coautor autor de La gran encrucijada: sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico, junto con Yayo Herrero y Alicia Torrego.