Los políticos raramente cumplen dos compromisos esenciales al gobernar: hacerlo con eficacia y éxito y al tiempo ser fieles a sus principios y su programa. Carlos Sánchez Mato, responsable de economía de Izquierda Unida, demostró que se pueden simultanear las dos obligaciones cuando ocupó la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, regido por Manuela Carmena. Le costó el cargo, pero dejó un departamento saneado y eficaz. Ahora da clases de economía en la Universidad y en la enseñanza media.

Hablamos con él de los Fondos de Recuperación Europeos que va a recibir España. Serán 140.000 millones de euros. Lo nunca visto. De ellos, 72.000 millones no habrá que devolverlos y el resto son créditos a bajo interés y a devolver a largo plazo. De momento, el Gobierno ya ha incluido en el presupuesto de este año 27.000 millones. Repasamos con Sánchez Mato cuál va a ser el aprovechamiento de este dinero público.

¿Es posible acometer un cambio de modelo social y productivo con los fondos europeos para la recuperación?

Por el importe, por supuesto que es posible. Estamos ante la mayor inyección de dinero que ha recibido el Estado español en la historia de España a precios constantes. En este caso, además, la mitad de esa aportación es vía transferencia, no sujeta a devolución. Insisto, por importe podría y debería servir para cambiar las cosas y abordar los retos más importantes que tiene la economía española. Nuestra economía está basada en sectores extremadamente vulnerables, como el turismo. De hecho, está sujeto a vulnerabilidades más allá de la covid-19. Pero también las teóricas condiciones que establecen esos fondos europeos darían la posibilidad. Y digo darían, en condicional, porque los fondos son condición necesaria, pero no suficiente. Eso significa que puede quedarse en algo que termine siendo un bluf, lo que sería una gran desgracia.

Examinemos pues con los recursos que nos van a llegar de Europa. ¿Hacia dónde debe ir ese dinero para contribuir a un cambio de modelo?

No da igual que realice un cambio de modelo la iniciativa pública que la privada. Eso es algo fundamental y tiene un efecto importante si es de un modo u otro. Me explico: por ejemplo, uno de los retos a los que hacer frente, y que está dotado con una cuantía muy significativa, es el que se refiere a la transición energética, para lograr un modelo más sostenible. Si ese reto se realiza con la fuerte inyección de dinero europeo, a través de operadores privados que necesitan rentabilizar esa inversión, se producirá un problema serio, porque hará que la energía no sea accesible a todas las rentas, me refiero a las rentas bajas. La pobreza energética no ha caído del cielo, se debe a un modelo energético que la ha causado.

La transición energética, que ha puesto como ejemplo, es la que contará con una mayor partida de dinero. De los 27.000 millones que el Gobierno empleará este año de los fondos para la recuperación, 5.300 se destinan a la transición energética. El 20 por ciento del total. Le he interrumpido cuando hablaba de la pobreza energética.

Si la transición se hace con parámetros similares y con dinero público proveniente de Bruselas, en el nuevo modelo se repetirían las circunstancias que llevan a la pobreza energética de la que hablamos o a olvidar el compromiso de una sociedad ecológica y decidida a salvar el planeta. No basta con pintar de verde los anagramas o la publicidad sobre el cambio de modelo. Por supuesto que puede haber empresas privadas, pero a ellas no les debería corresponder liderar el cambio con los recursos europeos para la recuperación. Por ejemplo, el desarrollo de las energías renovables. ¿Por qué tienen que hacerlo las empresas privadas? El propietario de los parques eólicos y de los parques fotovoltaicos debería ser el sector público, para que se actúe con ellos de forma que den un servicio energético, no una rentabilidad energética.

El propietario de los parques eólicos y de los parques fotovoltaicos debería ser el sector público

¿Debería pues aprovecharse para constituir empresas públicas que actuasen en el sector energético, como es el caso de los parques eólicos o fotovoltaicos?

Claro, claro, eso digo. En relación con estos, ahora acaban multitud de concesiones de saltos hidráulicos, que debería recuperar el Estado. Su inversión está más que cubierta hace mucho tiempo y la energía eléctrica que generan es casi a coste cero. Pues hay enormes resistencias en el PSOE a recuperarlos. Se pretende renovar esas concesiones.

Seguimos repasando los sectores que pueden contribuir a un cambio de modelo. El transporte.

Sobre todo, porque está muy relacionado con la energía. En lugar del sistema de constante transporte de mercancías por carretera que es depredador, porque contribuye al efecto invernadero y no supone un avance contra el cambio climático, se debería abordar el desarrollo ferroviario. Y hasta el momento los fondos estructurales europeos en el pasado lo que planteaban y financiaban era el AVE, y parece que ahora se insiste en ello. En los fondos que se van a recibir no parece que se apueste por el desarrollo ferroviario de mercancías.

Por lo que sí se apuesta es por la digitalización. Lo hacen la Unión Europea y el Gobierno español ¿En qué dirección debería ir esta digitalización del país?

En primer lugar, debería tener un efecto positivo sobre el bienestar de la gente. En ocasiones ocurre lo contrario. No se trata solo de potenciar algo que es evidente que es la nueva realidad, sino de asegurarse que eso va a generar bienestar a las personas. Por ejemplo, una digitalización solo dedicada a aumentar la productividad puede contribuir a algo que ya se da, una sobreproducción.

Probablemente los que más han sufrido en la pandemia han sido los mayores. Y no solo porque son mucho más vulnerables a la covid-19 por su edad, sino por el estado en que se encontraban muchas de las residencias. ¿Esto justificaría una nacionalización de los centros para mayores?

Lo que está claro es que la atención a los mayores, o a los más pequeños, no son ámbitos que puedan mercantilizarse, que deban ir asociados al lucro. Cuando eso ocurre, esa mercantilización al final lo que supone es una peor atención a la gente. La educación, la sanidad, la atención a las personas mayores deberían tener como elemento fundamental la rentabilidad social y no la obtención de beneficios por parte de agentes económicos privados. Por lo tanto, creo que es algo evidente que todas las actuaciones dirigidas a mejorar la red de cuidados tienen que pasar por la actuación colectiva y fuera del lucro económico privado.

La red de cuidados a mayores debería ser pública ¿Es a lo que se refiere?

Claro, fundamentalmente pública. Pero también se puede contar con otras actuaciones de carácter colectivo, por ejemplo, el trabajo cooperativo o de entidades sin ánimo de lucro. Lo que no cabe es la obtención de beneficio económico por parte de los grandes agentes privados, que han sido especialmente protagonistas en esta crisis. Es lo que podríamos llamar la vampirización de lo público. En servicios básicos para el ciudadano, la colaboración público-privada, para paliar las carencias de lo público, no va a ser la solución en ningún caso.

Ese es otro de los temores. Que el dinero que llegue de Bruselas, en este caso, con cifras mayores que nunca, vaya a beneficiar en primer lugar a los de siempre, con merma para el ciudadano y el sector público, que es el que debe protagonizar las actuaciones.

Los mecanismos que se han aprobado hasta el momento, en los reales decretos que cerraron el ejercicio 2020 por parte del Gobierno son muy criticables. Los movimientos sociales más críticos lo han manifestado. Se han realizado modificaciones en la ley de contratos del sector público, en la transparencia para la adjudicación de los fondos. No son decisiones para aplaudir, sino para criticar. Y para manifestar que las élites se han preocupado mucho de ver cómo se hace ese reparto y tener la posibilidad de llevarse una buena tajada. Eso va en contra de los intereses generales.

Eso abona el temor de que las grandes empresas se hayan tomado la llegada de los Fondos de Recuperación como una lluvia de millones que les puede caer.

No es que lo digamos nosotros, lo dice la propia CEOE, la patronal, y ese foro de grandes empresas (la cumbre de la empresa familiar) que se reunió durante la pandemia para dar instrucciones claras de lo que quería, no solo en materia de pensiones o del salario mínimo interprofesional, sino también de cómo quieren que se articulen estos fondos europeos y además qué cantidad esperan recibir como retribución. Esto, modificando determinados elementos en la ley de desindexación para que haya más rentabilidad en esas operaciones de colaboración público-privada. Eso es más de lo mismo y la gente tiene que ser consciente de que en ese tipo de dinámica, los que ganan y las que ganan son los de siempre y las de siempre.

Se trata de que los fondos sirvan para modificar el monocultivo del turismo, para cambiar distintas formas de hacer, estructuralmente asentadas en la economía española

De lo que se trata es de que los fondos sirvan para modificar el monocultivo del turismo, que sirvan para cambiar distintas formas de hacer, estructuralmente asentadas en la economía española. Y en la medida en que los agentes que “cortan el bacalao” se han ocupado de que todo sea como hasta ahora, no dan una pista clara de que las cosas vayan a cambiar.

¿No hay ya remedio de que sea así o, a estas alturas, puede evitarse?

Claro que se puede evitar, pero hay que pelear, porque nos va muchísimo en ello. Pero como siempre, quienes parten en mejor situación en ese reparto y en incidir en cómo se van a hacer las cosas son las élites. Se reúnen con Pedro Sánchez de manera habitual y han hecho su trabajo de lobby durante toda su vida. Eso no quiere decir que no haya capacidad de que se modifiquen las cosas. No se deben bajar los brazos. Hay que hacer ver a la gente que hay alternativas a esta situación. En cualquier caso, eso no significa que debamos desdeñar una cantidad ingente de fondos que, incluso en malas condiciones, puede generar mayores rentas a la gente que está sufriendo.

¿Tendrá España, más en concreto, las administraciones públicas, capacidad para ejecutar, para gastar, todo el dinero que va a suponer el fondo? Es una duda que se ha planteado.

Decía antes que la colaboración público-privada no va a ser la solución en ningún caso. El planteamiento debería pasar también porque las administraciones públicas sean dotadas adecuadamente de personal y no es precisamente lo que se ha hecho en los presupuestos de 2021. La oferta de empleo público que incluye es absolutamente raquítica. Por poner un ejemplo, difícilmente podemos luchar contra el fraude fiscal si acometemos exiguos incrementos de la plantilla de la Agencia Tributaria. Es absolutamente increíble que en el momento actual hayamos sufrido las enormes dificultades de gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTEs, porque el Ministerio de Trabajo ha sido esquilmado en los últimos años, porque las tasas de reposición del funcionariado han sido totalmente ridículas. Se ha jubilado mucha más gente de la que se ha incorporado. Y cuando hay necesidades de actuación de la administración pública, ya sea porque vienen fondos europeos o porque viene una crisis económica, que supone que hay que aplicar medidas de apoyo a empresas y autónomos, como el caso de los ERTEs, no hay funcionariado con capacidad de resolver las cosas. Ese tipo de situaciones las podemos extender al ámbito de la sanidad, de la educación y a tantos otros. Estas circunstancias tenemos que señalarlas como parte de la responsabilidad, en este caso de la irresponsabilidad, a la hora de gestionar los fondos.