Este 2021 hemos celebrado un 8 de marzo en condiciones excepcionales, como tantas otras cosas que ocurren en esta extraña normalidad. La actual coyuntura ha sacado a la luz, de manera feroz, la vulnerabilidad de la vida. Y cómo esta vulnerabilidad, esta falta de cuidado, ha sido amortiguada, en la mayor parte de los casos, por las mujeres: hijas, madres, abuelas, sustentadoras principales de muchos hogares; pero también gracias a muchas trabajadoras esenciales: sanitarias, limpiadoras, empleadas de hogar, jornaleras o cajeras de supermercado.

Además, esta pandemia ha sacado a relucir cómo son nuestras casas, cómo compartimos espacios, cómo organizamos las tareas del hogar, cómo gestionamos el cuidado de las criaturas y de las personas mayores. También, cómo de saludables son los espacios que habitamos: si podemos poner la calefacción lo suficiente, si podemos ventilar o si podemos disfrutar de un cuarto propio.

No podemos pasar por alto que, según diversos estudios, las mujeres pasamos más tiempo en el hogar que los hombres exponiéndonos –en el caso de las viviendas que no pueden climatizarse adecuadamente– más a estas condiciones desfavorables con el impacto en la salud que ello tiene.

¿Es el género un factor de riesgo para sufrir pobreza energética?

Según las cifras publicadas, no cabe duda que las mujeres sufrimos más la pobreza energética. En el informe Desigualdad de género y pobreza energética. Un factor de riesgo olvidado de ISF y APE (2017) se indica que, en la ciudad de Barcelona, el 70% de las subvenciones otorgadas para la lucha contra la pobreza energética fueron a parar a hogares con mujeres al frente. Este mismo estudio también indica que, en Cataluña, las familias monomarentales (encabezadas por la madre en un 80% de los casos), las mujeres mayores de 65 años, las migrantes y las empleadas de hogar son los colectivos con un riesgo más elevado de sufrir pobreza energética.

Las familias monomarentales, las mujeres mayores de 65 años, las migrantes y las empleadas de hogar son los colectivos con un riesgo más elevado de sufrir pobreza energética

En otro informe, el Estudio técnico sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid, publicado por Ecologistas en Acción (2016–), se señala que el 23% de la población madrileña se encuentra en riesgo de pobreza energética. Más de la mitad de estos hogares tienen a una mujer como sustentadora principal. Así, la investigación constata que la vulnerabilidad asociada a la pobreza energética aumenta hasta el 31,8% en el caso de los hogares liderados por mujeres. Se incrementa hasta el 44,6% en los hogares unifamiliares de mujeres mayores de 65 años, o hasta el 51,2% en el de los hogares monomarentales con uno o más hijos a cargo.

Por último, cabe resaltar los resultados del proyecto FEMENMAD: Feminización de la pobreza energética en Madrid. Exposición a extremos térmicos, de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con investigadores del Instituto de Salud Carlos III: en aquellos hogares donde la mujer proporciona el sustento principal el riesgo de sufrir pobreza energética se incrementa entre un 35 y un 120% con respecto a la media de Madrid.

Agravamiento de estas situaciones debido a la pandemia

Las mujeres hemos sufrido la crisis económica y de empleo derivada de la pandemia de forma más acusada. Como puede observarse en la tasa de desempleo registrado: el 19,3% de las mujeres frente al 14,1% de los hombres, en el cuarto trimestre de 2020, cifras entre las que no se incluyen aquellas personas en situación de ERTE. Según la OIT, esto se debe a que las mujeres tenemos empleos mayoritariamente en los sectores del turismo, comercio minorista e informales, muy afectados por esta crisis y que, además, suelen ser empleos a jornada parcial.

El confinamiento y estar más horas en el hogar ha significado, como no podía ser de otra manera, un mayor gasto energético. Según datos de la OCU, el consumo energético en los hogares españoles ha aumentado un 28% durante el confinamiento.

Y como último ingrediente del cóctel, las familias con menos ingresos y más golpeadas por la crisis económica viven en casas con peor calidad constructiva, sin buenos aislamientos –muchas veces en régimen de alquiler–, lo que requiere de una mayor cantidad de energía para ser climatizadas. Se ha visto así doblemente penalizadas al tener que pasar más tiempo en la vivienda.

Existe una emergencia social en torno a los suministros básicos para garantizar una temperatura adecuada en los hogares vulnerables. Es absolutamente insuficiente ampliar las condiciones de acceso al bono social eléctrico o las moratorias de corte de suministros ligadas al estado de alarma para acabar con el aumento de las situaciones de pobreza energética. Las medidas de emergencia, que pueden paliar momentáneamente algunas urgencias y situaciones muy graves, no van a la raíz del problema, solo lo cronifican.

Es necesaria la definición de políticas públicas claras, con presupuesto y comprometidas, en materia de vulnerabilidad y vivienda asociadas a la pobreza energética. Estas además deben incorporar la mirada de género en las soluciones que se propongan.

Sabemos que ninguna política pública es neutral al género y que no existe una política pública única que resuelva las situaciones de pobreza energética. Algunas de las propuestas que entendemos necesarias y urgentes para incorporar a la agenda política deberían ser:

– Disponer de datos oficiales desagregados por sexos sobre los hogares que sufren pobreza energética, más allá de algunos estudios como los anteriormente citados.

– Dotar del presupuesto necesario a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, incorporando la mirada de género.

– Regular el precio de los alquileres, dada la relación que existe entre vivir en régimen de alquiler y la vulnerabilidad de los hogares, que dedican unos altos porcentajes de sus ingresos a hacer frente a esta necesidad vital, no disponiendo de presupuesto para otras necesidades básicas como la alimentación y los suministros.

– Rehabilitar el parque de viviendas de nuestro país desde el punto de vista de los consumos energéticos.

– Mientras se aborda la rehabilitación, hay familias que no pueden esperar, no ya al medio plazo, sino al mes que viene. Por tanto, es necesario apostar por medidas en el corto plazo, más allá del bono social eléctrico, como la implementación de una tarifa social por bloques de consumo que garantice una cantidad suficiente de energía a un muy bajo precio.

Abordar de manera integral y transversal esta problemática es una obligación de una sociedad que quiere ser justa, inclusiva y que quiere dar una respuesta integral a las vulnerabilidades. Porque los cuidados empiezan por vivir en espacios que merezcan ser habitados.

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Ivon Cermeño Martín es doctor en Geología y miembro fundador de la Asociación Socaire que desde 2018 lucha para erradicar las situaciones de pobreza energética.

Paula Moreno es economista feminista experta en políticas públicas con perspectiva de género y cuidados.