Las personas mayores que residiendo en centros socio-sanitarios han superado la pandemia son auténticas supervivientes. Desde enero a mayo de 2020 se han contabilizado 20.129 defunciones por covid, más del 50% del total por esa causa en ese tiempo en España. Desde julio a febrero de 2021 se han contabilizado 9.914 defunciones adicionales. En total, según el Ministerio de Sanidad, se han registrado 30.117 fallecimientos en residencias desde que empezó la pandemia en marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. Esto supone el 43,3% del total de la mortalidad por covid en el Estado español durante los primeros 12 meses de la pandemia.

La cifra de 30.117 es una subestimación. En primer lugar, los primeros meses de la pandemia se carecía de pruebas diagnósticas de infección activa y por tanto muchas personas fallecieron con sospecha de infección covid pero sin confirmación de prueba diagnóstica. En segundo lugar, más de la mitad de las infecciones en las residencias de personas mayores son asintomáticas y que con frecuencia los síntomas de presentación de la infección son diferentes a los de los adultos, ya que incluyen la anorexia, la confusión y el delirio, pudiendo haber fallecido sin el diagnóstico correcto. En tercer  lugar, desde junio de 2020, en la Comunidad de Madrid no se incluyen como defunciones por covid en residencias aquellas de personas que han fallecido por covid en el hospital después de su traslado para recibir la asistencia sanitaria adecuada. Después de la primera ola, las defunciones en el hospital son la gran mayoría o casi la totalidad de las defunciones por covid en personas que viven en residencias y estimamos que en Madrid son más de 2.500.

La diferencia en el registro de las defunciones por covid-19 de las personas que viven en residencias ha sido analizada en una nota de Envejecimiento en Red para explicar la discrepancia ente las defunciones contabilizadas en residencias por el IMSERSO (contabiliza la defunción independientemente del lugar donde se produce) y las notificadas por el Instituto Nacional de Estadística, que sólo registra las defunciones que se producen físicamente en las residencias. Sin embargo, no se debería utilizar la estadística de defunción para ocultar que la mortalidad en residentes de centros sociosanitarios por covid-19 ha continuado siendo muy alta durante la segunda y la tercera ola.

Entre junio de 2020 y fin de febrero de 2021 el virus SARS-CoV-2 ha continuado invadiendo las residencias. La fuerza y persistencia de esta invasión depende de las características de las residencias y de la propagación de la pandemia en la localidad donde se encuentra la residencia.

Según un estudio sobre más de 15.000 residencias en Estados Unidos, el 27% de la variabilidad de la incidencia de covid en residencias se explica por el condado donde se sitúa la residencia y el 37% por las características de las residencias.  Aquí en España, ocurre algo similar. A pesar de que desde hace tiempo se vienen denunciando las graves deficiencias existentes en los centros de mayores de nuestro país, solo  en algunas residencias se han instaurado medidas de prevención: pruebas de infección activas semanales o al menos quincenales a trabajadores, formación en la utilización de equipo de protección individual, sistemas de vigilancia epidemiológica diaria con análisis y monitorización diarios, y puesta en marcha de planes de contingencia. En la mayoría de residencias se han efectuado muy pocos cambios como demuestra que la curva epidémica en las residencias reflejaba estrechamente la curva epidémica en la comunidad.

Una vez el virus entra en una residencia se propaga rápidamente y causa gran mortalidad; la mortalidad puede alcanzar el 35% de las personas infectadas y aumenta rápidamente en edades avanzadas.

Exceso de mortalidad en las residencias de las 17 comunidades autónomas

En 2020 había 384.251 plazas para personas mayores en centros socio-sanitarios, 383.816 en las 17 comunidades autónomas (CCAA) de España excluyendo las ciudades de Ceuta y Melilla para este análisis. La distribución de estas plazas según las CCAA se muestra en la figura 1.

Se podría suponer que las defunciones por covid-19 se distribuyen de forma proporcional al número de residentes en cada comunidad. Así, por ejemplo, puesto que  Cataluña tiene el 16,3% de las plazas de residencia, se esperaría que el 16,3% de las 30.117 defunciones totales ocurridas en España marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021, es decir, 4.907 defunciones, ocurran en las residencias de Cataluña. Sin embargo, las defunciones observadas en Cataluña son 5.501. Se observa un exceso de  5.501-4.907= 594 defunciones sobre las esperadas.  Este exceso se puede expresar como porcentaje sobre lo esperado: (594/4.907)*1000= 12%.

La figura 2 muestra el exceso (o el defecto) de mortalidad en porcentaje de lo que se podría esperar si las defunciones ocurrieran de forma proporcional al número de residentes en cada CCAA. Para llegar a estos resultados se han aplicado los cálculos ya indicados para Cataluña a todas las CCAA.

Figura 2. Exceso (o defecto) de mortalidad en las residencias de personas mayores durante los 12 primeros meses de pandemia en las 17 comunidades autónomas

A la vista de estos resultados se puede concluir que la mortalidad por covid-19 varía marcadamente en las CCAA. A pesar de que Madrid no haya  registrado las defunciones de más de 2.500 residentes que fallecieron en el hospital después de su traslado, es la comunidad que demuestra el mayor exceso de mortalidad: 52,9%. El exceso de Madrid se puede explicar por varias causas: se aplicó un protocolo de exclusión de la atención sanitaria en los hospitales de referencia a los residentes enfermos que tenían deterioro cognitivo o discapacidad motriz y esta exclusión se aplicó desde mediados de marzo hasta mediados de abril, no se medicalizó las residencias a pesar de que hubo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se llevara a cabo la medicalización, solo se trasladaron a hospitales privados aquellos residentes con seguros privados, no se trasladó a los residentes enfermos al hospital de campaña. Similares argumentos se utilizan en el informe de Amnistía Internacional.

Las residencias de Castilla-La Mancha presentan un exceso sobre la mortalidad esperada de 27,9%, La Rioja con 22% y Navarra con 20,9%. La Comunidad Foral de Navarra analizó rigurosamente este exceso y ha tomado medidas para que no se repitiera esta tragedia.

En el otro extremo, las residencias de Canarias, que contaba con 7276 plazas en febrero de 2020,  han fallecido por covid-19 muchas menos personas de las que cabría esperar. Concretamente han fallecido 80 personas cuando se esperaría que hubieran fallecido 571, es decir hay un defecto de 491 defunciones que corresponden a un 86%. También se observan menos defunciones de las que se podría esperar por el volumen de plazas en Galicia, Cantabria, Asturias, Andalucía, Islas Baleares, País Vasco y Murcia.

Estas variaciones en excesos de mortalidad en residencias entre CCAA son un reflejo de la gestión de la pandemia dentro y fuera de las residencias. Muchas defunciones se podrían haber evitado si hubiera existido un objetivo claro de reducir la probabilidad de invasión del virus en las residencias protegiendo a la población mayor con altísimo riesgo de mortalidad en caso de infección.

España fue el país que menos protegió a las personas mayores de 70 años y a las personas cuyo domicilio era un centro sociosanitario. La falta de protección ha causado muertes prevenibles y prematuras en todas las comunidades de España, pero hay grandes diferencias entre CCAA que distinguen el buen hacer del mal hacer. Es urgente explicar lo ocurrido para evitar su repetición.

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María Victoria Zunzunegui es doctora en Epidemiología. Profesora honoraria. Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal (maria.victoria.zunzunegui@umontreal.ca).

Este artículo se publicó originalmente en Envejecimiento en Red, (EnRed).