La crisis económica generada por la pandemia es muy diferente, de magnitud –hay 800.000 pobres más que hace un año– y origen, a las anteriores, y si el actual Gobierno de coalición progresista no es capaz de percibirlo corre el riesgo de fracasar políticamente.

Es muy importante tener en cuenta que, desde una perspectiva política, el origen de esta nueva pobreza no tiene un relato en términos de izquierda y derecha. No está causada por la avaricia desmedida de unos pocos que se han enriquecido a costa de empobrecer a otros, no se puede responsabilizar de la destrucción de empleo a un mercado financiero desregulado que permite campar a sus anchas a los especuladores financieros, o a unos políticos corruptos que se han plegado a sus intereses. No, no tiene un relato en términos de lucha de clases.

Además, esta crisis prácticamente se ha enlazado con la crisis financiera de 2008-09, agudizada por las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial desarrolladas en Europa a partir de 2011. Como resultado de ello, los malestares sociales se han agudizado en todo el mundo y los sistemas políticos de muchos países, inclusive los de algunos con un amplio historial democrático, han entrado en una creciente inestabilidad.

Resulta evidente que en España, desde 2015, estamos transitando por un periodo de permanente inestabilidad política: gobiernos con mayorías parlamentarias débiles, cuatro elecciones generales en cuatro años y el surgimiento de tres partidos que tienen, o han tenido, opciones de gobernar (Podemos, Ciudadanos y Vox).

Como resultado del encadenamiento de ambas crisis en la última década, una cuarta parte de la población española está en riesgo de pobreza, tenemos un desempleo y subempleo estructural en determinados colectivos de trabajadores y territorios, unos sectores que van a redimensionarse de forma abrupta, el enquistamiento de la pobreza en muchos jóvenes trabajadores y en  miles de mujeres con trabajos precarios, en amplias zonas de la geografía española por las que el último tren pasó hace muchos años. Muchos de estos malestares profundos corren el riesgo de cronificarse. 

Las crisis políticas debidas a la tensión social generada por la pandemia, según el reciente estudio histórico del FMI “La larga sombra de la covid-19: Repercusiones sociales de las pandemias”, se producirán en los dos años posteriores. Y la amenaza será mayor en los países en que la crisis agrave problemas ya latentes, como la falta de confianza en las instituciones, una gestión de gobierno deficiente o el incremento de la pobreza.

Por ello merece la pena recordar las reflexiones que realizó el historiador británico Geoff Eley hace cuatro años, tras la victoria de Trump. En ellas concluía que se tienen que producir de forma paralela dos crisis diferentes para que los líderes, grupos o partidos autoritarios obtengan un elevado respaldo social: que el sistema político genere una inestabilidad  gubernamental permanente y que esos gobiernos funcionen tan mal que pierdan el consenso de la gente. 

Aunque creo que en España aún estamos lejos de la situación que describe Eley, en la medida en que se cronifiquen los diversos malestares  que aquejan a la sociedad podríamos encontrarnos en una situación que, parafraseando a Walter Benjamin, se podría resumir así: “El trumpismo expresa el fracaso de una gestión de izquierdas de la crisis”.

Por ello es importante encontrar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son esos diversos malestares profundos que recorren la sociedad española?  ¿Y cuáles de ellos corren el peligro de cronificarse? 

Hay, por supuesto, un malestar social derivado de lo que la OMS ha llamado fatiga pandémica. Según los datos de una reciente encuesta del CIS sobre la salud mental de los españoles, el 80% está bastante y muy preocupado por la pandemia, y casi un 40% de los españoles ha sentido la enfermedad muy cerca, bien porque la ha contraído o porque un familiar cercano se ha contagiado. Según esta encuesta, dos de cada tres españoles han sufrido síntomas de depresión, nerviosismo, desmotivación, cansancio o apatía derivado de la pandemia, un porcentaje que alcanza el 75% en los jóvenes. Un 90% de los españoles ha sentido miedo: de contagiarse, de que se contagien los familiares cercanos, de perder el empleo o parte de sus ingresos. Es indudable que gran parte de la fatiga pandémica se atenuará cuando la vacunación se haya generalizado y nuestras costumbres cotidianas se vayan asemejando a las pre-pandemia, pero parte de ese malestar seguirá ahí.

La población en riesgo de pobreza se incrementará en un millón de personas, hasta alcanzar los 11 millones, un 23% de la población española, según Intermón Oxfam

Además, los efectos de la pandemia no se olvidarán tan fácilmente para los cerca de 800.000 nuevos pobres que, según Intermón Oxfam, ha generado la crisis económica debido a la covid-19. Según este estudio, la población en riesgo de pobreza se incrementará en un millón de personas, hasta alcanzar los 11 millones, un 23% de la población española. Antes de la crisis del coronavirus, nada menos que el 21% de los españoles, es decir 9,7 millones, ya estaba en riesgo de pobreza, un volumen superior en unas 653.000 personas a los datos de 2008. Es decir, España ya estaba muy lejos de cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que preveía reducir  en 1,4 millones el número de personas pobres en una década (2009-2019). Este malestar no va a diluirse tan rápido. Es indudable que la situación podía haber sido mucho peor sin las medidas sociales implementadas por el Gobierno de coalición progresista: la extensión de los ERTEs a 3,4 millones de trabajadores o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, a pesar de las evidentes deficiencias que ha mostrado su gestión. Pero ese no es ningún consuelo para quienes sufren estas situaciones.

Por otro lado, entre los jóvenes españoles se está cronificando un profundo malestar derivado de la permanente incertidumbre sobre su futuro laboral que les ha venido acompañando desde hace una década. Esto afecta tanto a los jóvenes cualificados –mayoritariamente universitarios– como a los que no lo son, a los que se les ofrece un futuro de precariedad o una nueva ola migratoria. La tasa de paro de los jóvenes (20-24 años) está actualmente en un 37%. Esta cifra, que si bien está lejos del 52% alcanzado en 2013, se produce tras más de una década en la que el desempleo juvenil no ha descendido del 30%. Como se ha comentado, son el colectivo, también por cuestiones vitales, más sujeto a cuadros de desesperanza ante las incertidumbres actuales debido a la pandemia.

Como resultado de ello, en 2020 el porcentaje de ‘ninis’, jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, ha subido 2,4 puntos más que el año anterior, llegando al 17,3%, según la EPA. Estas cifras empiezan a aproximarse al máximo histórico de 2013, en el momento más álgido de la anterior crisis, cuando llegó al 22,3%. 

No hay que olvidar, por supuesto, el malestar de la España vaciada por su abandono secular. La pandemia ha acelerado la agonía demográfica de cientos de pueblos y localidades de mediana población del interior de España. Hemos visto, poco porque a los medios de comunicación les cuesta ampliar el radio de información fuera de la M-30, las recientes movilizaciones de Jaén, y particularmente las de Linares, que son un síntoma claro del miedo por su futuro, por la percepción de sentirse olvidados.

En España viven más de 2.700.000 personas en poblaciones de entre 20.000 y 150.000 habitantes, en provincias del interior desconectadas de los grandes ejes de comunicaciones (en Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, interior de Galicia y Andalucía). Esto es, ciudades con escasas perspectivas de futuro, pero que aún tienen un tamaño suficientemente grande para organizarse colectivamente en contra de ese progresivo “olvido” al que se sienten condenados.

Y no menos importante, está el malestar generado por la incapacidad de los últimos gobiernos de encauzar el conflicto identitario que tiene cerca de la mitad de Cataluña en relación con su pertenencia a España. No quiero extenderme sobre este tema, del que se han escrito cientos de miles de páginas, solo señalar que es un malestar latente que tuvo mucho que ver con la emergencia de Vox.

En 2020 el porcentaje de ‘ninis’, jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, ha subido 2,4 puntos más que el año anterior, llegando al 17,3%, según la EPA

Todo ello está sucediendo en el marco de un debate partidario, como hemos visto en las elecciones a la Comunidad de Madrid, en el que la derecha trumpista –Vox y el PP de Ayuso– ha apostado, con éxito, por culpar al gobierno de coalición del desempleo y la nueva pobreza. Un argumento completamente demagógico, pero que ha calado en muchos de estos trabajadores de los sectores de hostelería y restauración, el pequeño comercio, sociológicamente de izquierdas, pero que por las características de sus empresas, la mayor parte pequeños negocios, tienen una escasa conexión con los procesos de identidad colectiva, con las estructuras sindicales. 

En las elecciones catalanas pudimos ver cómo una parte importante de ellos votaron a Vox, que logró sus mejores resultados en poblaciones turísticas de Tarragona, como Salou y Vila-Seca, junto a PortAventura, y en localidades playeras de la Costa Dorada. En Lleida fue en el Valle de Aran, zona de turismo de montaña y de esquí donde están las estaciones de Baqueira-Beret y Bonaigua, donde Vox consiguió los porcentajes más altos de votos. En Barcelona Vox alcanzó un alto porcentaje en importantes poblaciones del cinturón industrial, en L'Hospitalet, Badalona y Terrasa, pero también un 11% en la localidad turística de Gavá. En Gerona, destacan los resultados de las localidades turísticas de Roses y Lloret de Mar.

También esto es lo que explica que Vox haya superado a Unidas-Podemos (UP) en muchas poblaciones obreras del sur y este de Madrid (Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Pinto, Parla). Y que en todos los barrios el sureste de la ciudad de Madrid (Villa de Vallecas, San Blas, Villaverde, Latina, Usera, Vicalvaro, Carabanchel, Moratalaz) y en Leganés, San Fernando, Coslada y Getafe, UP solo haya sacado menos de dos puntos y medio más que Vox. 

Del mismo modo que el relato izquierda-derecha no sirve para explicar esta crisis, tampoco la articulación de una respuesta a ella puede hacerse solo mediante propuestas clásicas de la izquierda, de fortalecimiento del Estado del Bienestar. Tan importante como fortalecer las redes de protección social es construir escaleras, lo que muchos de estos trabajadores y empresarios demandan son peldaños para recuperar sus empleos y salarios de antes de la crisis. La solución ya no son los ERTE, eso fue hace un año, hoy y mañana, es la creación de empleo.

No hay que olvidar, sin buscar paralelismos entre situaciones que no son para nada comparables, que el ascenso del nazismo estuvo vinculado a un amplio programa de inversiones públicas en infraestructuras. En 1933, cuando los nazis llegaron al gobierno, había seis millones de parados. Schacht, el ministro de economía de Hitler, emprendió un ambicioso programa de obras públicas que reactivó la economía y en 1935 se habían creado cinco millones de empleos, el crecimiento económico se mantuvo a tasas del 8-10% desde 1933 a 1938. Los nazis fueron keynesianos antes que Keynes. 

Estas pobrezas del presente, y las pobrezas que se palpan en el futuro inmediato, angustian a millones de españoles para los cuales términos como la digitalización o el Plan de Recuperación y Resilencia pueden convertirse en palabras huecas en las que sus vidas no encuentran cobijo. 

Si una parte de la sociedad empobrecida como resultado de la crisis pandémica percibe que el gobierno se está olvidando de ellos, desentendiéndose de sus problemas, se puede producir la desafección de una parte importante del electorado sociológicamente progresista. La repetición de lo sucedido en 2011 generaría la tormenta perfecta que daría alas electorales al trumpismo en toda España.

Para evitar que muchos de estos malestares se cronifiquen, para hacer frente con eficacia a estos miedos, incertidumbres y angustias, el Gobierno de coalición progresista debe ser capaz de articular un conjunto de propuestas económicas que, huyendo de un relato tecnocrático-tecnológico, pongan el empleo y la recuperación de los salarios en primer lugar. No es mal momento para releer Aspectos políticos del pleno empleo, del economista polaco Michal Kalecki. 

-----------------

Bruno Estrada es adjunto al secretario general de CC.OO.