El coronavirus ha traído consigo otra pandemia, no sanitaria, sino social: mayor precariedad y deterioro de las condiciones de vida de las familias que ya sobrevivían sumergidas en la pobreza. Esto es lo que denuncia un informe publicado hace unos días por Save The Children, en él se advierte de que los hogares que no tienen ningún ingreso han crecido un 63% durante el último año, al tiempo que también se han reducido en más de un 30% los que conseguían ingresar más de 1.200 euros al mes.

Para extraer estos datos, la ONG ha entrevistado, justo cuando se cumple un año del Estado de alarma en nuestro país, a casi 1.300 de las 2.000 familias a las que acompaña en sus programas de ayuda contra la pobreza. Actualmente, en seis de cada diez de estos hogares no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler, y un 70% tiene problemas para pagar los suministros básicos en su vivienda.  

El deterioro de las condiciones de vida de las familias con las que trabaja Save The Children es aún más preocupante si se atiende a la coyuntura laboral que afrontan las personas que encabezan estos hogares vulnerables. El 46% de los padres y las madres ha perdido su empleo y uno de cada tres menores vulnerables vive en hogares donde todos los adultos están desempleados.

Para los niños y niñas, las dentelladas de la crisis se están haciendo notar en ámbitos como la educación, el ocio o la alimentación, y sus efectos pueden ser duraderos en el tiempo. Casi un tercio de las familias apoyadas por la ONG no puede permitirse comer carne o pescado más de dos veces por semana. Además, la ausencia de medidas para paliar estas situaciones puede conducir a que un 80% de los menores que hoy son pobres lo sigan siendo en su vida adulta. 

En la misma línea de este informe, otra ONG, Cáritas, también ha hecho público un documento donde se denuncia el deterioro de las condiciones de vida de las familias que atiende. Estas además han aumentado un 57% durante el último año. En total, Cáritas asegura que cerca de medio millón de personas han acudido por primera vez a sus servicios a consecuencia de la pandemia. 

Los datos que recoge la organización vinculada a la iglesia católica se mueven en las mismas coordenadas que los que ofrece Save The Children: cerca de 250.000 personas atendidas por la organización no tiene ningún ingreso en este momento. 75.000 más que hace un año. Unas 700.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos más básicos, como la calefacción o la luz. 

Junto a esto, Cáritas también destaca las graves carencias tecnológicas que sufren estas familias en un momento en el que el teletrabajo, la educación o el ocio online son casi obligatorios para muchos hogares. Cerca de la mitad de las familias con las que trabaja la organización están “en una situación de cierto apagón tecnológico al no contar con conexión ilimitada, dispositivo o competencias suficientes para manejarse en internet”.

El resto de cifras recopiladas por Cáritas en este y otros informes indican, una vez más, las importantes deficiencias que sigue arrastrando el Ingreso Mínimo Vital para paliar la delicada situación de los hogares vulnerables. Sin ir más lejos, dos de cada tres familias atendidas por Cáritas denuncia que dispone de poca –o ninguna– información sobre los trámites para acceder a la ayuda. Como consecuencia, el nivel de acceso de estos hogares al subsidio, una de las medida estrella del Gobierno para paliar los efectos del coronavirus, es paupérrimo: apenas un 3,6% de las familias que reciben apoyo de la organización está cobrando en este momento el IMV.

Para estas personas, en cualquier caso, los problemas no solo son de carácter económicos. La fatiga de la pandemia, dice Cáritas, también está afectando a los niveles de salud y bienestar emocional de la población más vulnerable. En cuatro de cada diez hogares se han debilitado las relaciones de amistad y no han conseguido recuperar los niveles de apoyo social que tenían antes de la llegada del coronavirus. 

Además, cerca del 30% de estas familias declaran que su salud física ha empeorado durante los meses de pandemia, un porcentaje que se eleva al 50% si de lo que se habla es de salud mental y psicoemocional.