Dos guardias de seguridad de una empresa privada custodian la entrada a las oficinas de la Seguridad Social en mi ciudad. Para poder entrar no tienes que someterte a ningún rito kafkiano ni gritar “amigo” en élfico, basta con que demuestres que has concertado cita previa. No es que aquí seamos dados a colarnos en la sede de un organismo oficial para divertirnos, no solemos pedir vidas laborales por deporte: al igual que en la mayoría de las ciudades, vamos a esos sitios cuando no nos queda otro remedio, y yo diría que, salvo imperiosa necesidad, los guardias serían más útiles para obligarnos a ir que para impedirnos entrar. Pero ahí están, esos dos trabajadores de una empresa privada, a la puerta de una entidad pública, decidiendo quién entra y quién no.

Diga lo que diga la propaganda franquista, la Seguridad Social nació en 1908, por iniciativa de Antonio Maura, con el nombre, mucho más elegante, de Instituto Nacional de Previsión. Elegante y exacto: la previsión, al menos, es una cualidad bien definida, frente a la evanescente seguridad que, social o no, se custodia en esa oficina de nuestro primer párrafo. No se sabe ni se ha sabido nunca quién es el sujeto de esa seguridad, quién se supone que está o tiene que estar seguro: a quién va dirigida esa protección. A juzgar por esos dos musculosos ejemplares de uniforme, se diría que la seguridad que se pretende proteger es la del edificio y sus trabajadores frente a la amenaza del usuario potencial sin cita previa, esa lacra de nuestros días. Sin embargo, ese adjetivo, “social”, que evoca la superioridad del colectivo sobre la persona, de la masa sobre el individuo, nos permite suponer que, antes que un conjunto de funcionarios y su hábitat arquitectónico, la seguridad que se gestiona en esas oficinas es un ideal de vida, una noción abstracta, la versión secularizada de la comunidad de almas de la Ciudad de Dios.

La seguridad social es monolítica, ordenada, recia. Ocupa un lugar en el espacio, y un lugar bien visible, hormigonado, brutalista. Por el contrario, la previsión no es asunto del espacio sino del tiempo, implica la operación de mirar al futuro, nos coloca en una línea que va del antes al después. La previsión es la mirada de la persona prudente, y en ese sentido dice relación con la experiencia: solo el que tiene un pasado es capaz de prever, anticipar lo que puede llegar a ocurrir. Solo la persona experimentada puede hacer uso de ese caudal de conocimientos acumulados para sondear el futuro en busca del sendero más firme de todos los posibles (fíjense cuántas metáforas en solo una oración). Por eso decía Aristóteles que los jóvenes pueden ser sabios pero no prudentes y que solo la edad nos procura la sabiduría política necesaria para ser buenos gobernantes. Pero sin pasarse: también afirmaba que los ancianos son un coñazo insufrible y que deberían permanecer lo más lejos posible de la deliberación política, pues todo lo contaminan con su insaciable egoísmo y su temor desmedido a todo tipo de amenazas.

Gracias al invento genial de la educación obligatoria y gratuita, ya no hace falta esperar a que los gobernantes aprendan de la escuela de la vida. Se supone que la enseñanza reglada les facilita, nos facilita a todos el acceso a ese depósito de experiencias colectivas que son necesarias para pilotar un Estado. Por lo demás, tampoco es que el gobierno de España esté compuesto por mozalbetes: Pedro Sánchez tiene ahora mismo un año más que Adolfo Suárez cuando dimitió. Sus meteduras de pata no son tropiezos de principiante, pero tampoco admitiríamos esa excusa si lo fueran: somos gente acostumbrada a exigir a chavales de quince años que sean capaces de resolver complejos problemas de reacciones químicas y, una hora más tarde, examinarse de la Primera Guerra Mundial y bordarlo. Si con ellos no tenemos compasión, ¿por qué habríamos de ser indulgentes con un consejo de ministros?

Se supone que la enseñanza reglada les facilita, nos facilita a todos el acceso a ese depósito de experiencias colectivas que son necesarias para pilotar un Estado

Lo que las clases subalternas aprendimos a fuerza de fracasar una y otra vez fue que, si un gobierno no es previsor, no lo necesitamos para nada. La gente que vive por sus manos no necesita que un gobierno le saque las castañas del fuego, al contrario: los gobiernos se han especializado históricamente en conservar y apuntalar la explotación de la gente común por parte de los que serían incapaces de sobrevivir sin la protección de un Estado, una policía y un ejército. Nos pese más o menos, hay que dar la razón a los viejos anarquistas cuando insistían en que la esfera de la producción puede pasarse perfectamente sin gobiernos y sin leyes, y que solo la esfera de la distribución de bienes hace necesario al Estado, porque, por regla general, esa intervención consiste en desviar el fruto del trabajo hacia las manos y los bolsillos de los parásitos de alta cuna.

Somos previsores, sabemos que de la orilla derecha del tablero político nunca llegará más que desigualdad, desprecio clasista y extracción de plusvalías en modo orgía. Pero también podría habernos advertido la experiencia de que el PSOE, cuando llega al poder, olvida la poca retórica plebeya que ha ensayado en la oposición y se convierte en un aplicado servidor de los ricos y poderosos, de los extractores. A decir verdad, lo hizo, la experiencia nos dijo que nos anduviéramos con pies de plomo, y hubo quien creyó que el plomo lo pondría Unidas Podemos: plomo en las alas neoliberales del PSOE.

Pero no ha sido un gobierno del PSOE volando en solitario el que ha convertido las oficinas de la Seguridad Social en un castillo al que no se puede acceder a pesar de que es propiedad de todos. No ha sido Pablo Casado quien ha conseguido que los seguros médicos privados superen los 11 millones de clientes, ni ha sido Abascal el que ha recurrido al Tribunal Constitucional la ley catalana que regula los alquileres. No ha hecho falta.

No hace tanto que Alberto Garzón proponía nacionalizar las eléctricas. Fue en 2017. En 2021, nada más entrar en vigor la nueva tarifa eléctrica, todo lo que se le ocurre al actual ministro de Consumo es pedir que se adelante la “hora valle”. Del mismo parecer es la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y así lo ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los pies de plomo han resultado ser de pluma. La que es de plomo es la CNMC.

De siempre hemos sabido que las utopías no dan de comer, pero también hemos sabido desde siempre que una vida no se llena con aspiraciones miserables, salvo que uno aspire a llevar una vida miserable. Una política progresista digna de ese nombre tiene que aspirar a poner del revés el sistema de reparto del poder y el dolor. Una política que sirva a los intereses de las clases subalternas tiene que ser una política del deseo, no de la satisfacción. De la previsión, no de la seguridad.

Los que dicen representar a los de abajo tienen que arriesgar y arriesgarse, al menos, tanto como lo hicieron sus votantes confiando en ellos, defendiéndolos a la puerta del colegio, en el gimnasio, en la caseta de obra. Un trabajador que da la cara por la ministra de Trabajo cuando sus compañeros la insultan hasta niveles inconcebibles de grosería tiene que saber que esa ministra le defenderá a él con, al menos, la misma firmeza. Una profesora que no se calla cuando, en la reunión del equipo docente, su compañero el de la mascarilla con la bandera de España profiere todo tipo de obscenidades contra la ministra de Igualdad tiene que saber que cuenta con un respaldo igual o mayor de ese gobierno en el que confió. Y ese respaldo tiene que estar a la altura de unas expectativas que no tienen por qué ser sobrehumanas, basta con que sean humanas, utópicas, sensuales. Nadie arriesga su puesto de trabajo o su dentadura a cambio de adelantar la hora valle.