El idioma está vivo: evoluciona para cumplir su función, permitirnos representar la realidad que vivimos y compartirla, y transformarla con nuestros iguales a través de la conversación. Un ejemplo es la aceptación del vocablo aporofobia, la fobia a las personas pobres o desfavorecidas, en 2017 por la RAE. Fue la catedrática de ética, Adela Cortina, quien acuñó un concepto tan representativo de los tiempos en que vivimos.

Las palabras tienen un poder inmenso como sabe cualquier profesional del marketing, la psicología, la educación o la comunicación. Por eso, a mayor responsabilidad de una persona e institución más debe cuidar lo que dice. 

Recientemente conocíamos la sentencia de la Audiencia provincial de Madrid en la que daba por jurídicamente correcto, con criterio contrario a la fiscalía, el tristemente famoso cartel electoral usado en campaña en el que se confrontaba a los menores que migran solos con las personas ancianas. Un cartel que, como quedó demostrado, estaba cargado de mentiras. 

Valorar jurídicamente esta sentencia sería largo y es tema para juristas expertos en la materia. Probablemente, otro tribunal, con otra sensibilidad hubiera podido dictar otra sentencia. Pero, una vez más, la Audiencia Provincial decidió ir más allá de sus obligaciones y decidió emitir un juicio de valor “con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores extranjeros solos] representan un evidente problema social y político”.

Nadie le pedía al tribunal que valorase la situación social, sino los límites de la libertad de expresión cuando sirve para construir odio y, potencialmente, justificar la agresión a estos chicos y chicas que se encuentran entre lo más desprotegido de la sociedad. Aun así, la Audiencia quiso expresar su opinión política y social porque sí, porque podía, y porque parece que tiene preferencias sobre una interpretación política de la realidad más que por otra, y quiere hacérnoslo saber.

Sería bueno recordar que la ley es una concreción de los valores sociales. Por eso la ley, al igual que el lenguaje, está viva y evoluciona. Justamente por eso el papel del poder judicial es tan delicado. Una sentencia es también una valoración de lo aceptable o reprobable socialmente. Demasiadas veces ha dolido que se hicieran juicios de valor sobre las víctimas, desposeyéndolas así de su derecho a ser protegidas. Lo que opinase un juez de la indumentaria de una mujer podía justificar una violación, lo que pensase un juez de la moral sexual podía justificar una agresión homófoba. Ahora lo que opine la Audiencia Provincial de Madrid de los menores que migran solos parece que puede justificar el uso de la mentira para ganar unos votos. Es especialmente relevante porque ha elegido señalar a los chavales sin dar su opinión sobre si es un problema o no que responsables políticos mientan públicamente, creando una imagen falsa que daña a una parte de la infancia en nuestro país. Cuando decidimos señalar unos problemas y no otros estamos tomando partido.

Es verdad que tenemos un enorme problema social y político. Se llama aporofobia, que quizás sea una manifestación del elitismo que algunos grupos sociales practican para justificar que puedan tener una mirada de superioridad hacia quienes peor lo están pasando. Un tribunal puede no encontrar falta jurídica en un cartel plagado de mentiras, pero no necesita señalar al débil como problema. Demuestra con ello tanta falta de empatía como desconocimiento de la realidad de estos chicos. Haberlo hecho parece justificar a quienes se nutren de la mentira y transforma a las víctimas en sospechosos. 

Tenemos muchos retos sociales y políticos. Uno de ellos es dejar atrás el uso del odio como herramienta electoral. Necesitamos construir un entorno de valores que prime la protección de los más débiles y les garantice que no serán perseguidos precisamente por su pobreza. En eso también necesitamos la sensibilidad del poder judicial. Ojalá logremos que aporofobia pase de ser palabra del año en 2017 a palabra en desuso y, también que un tribunal pase de lo vergonzoso a limitarse a interpretar las leyes sin justificar la mentira.

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José Miguel Morales es director general de la Federación Andalucía Acoge.