Es indudable el sesgo positivo de las reformas que el Gobierno ha anunciado sobre las leyes más polémicas heredadas de anteriores mandatos conservadores o bipartidistas. Tanto como que los cambios introducidos han sido, en buena medida, el parto de los montes. También es cierto que los debates y la diferencia de criterios que se producen en el seno de un Ejecutivo, y se producen incluso en los monocolores, son positivos e incluso un síntoma de salud democrática. Pero es de suponer que los miembros de Unidas Podemos que conserven en sus bibliotecas los textos ortodoxos estarán echando mano de Un paso adelante y dos atrás, el ensayo en el que Lenin advierte que “retroceder es algo que sucede en la vida (...) pero siempre para recuperar posiciones: si pierdes una, recupera otra”.

Los medios mainstream se han encargado de proclamar los logros con repique de campanas. A nosotras nos toca señalar lo que ha quedado en el cedazo, lo que no ha pasado la criba de los estamentos más conservadores del PSOE y de lo que antes se llamaban poderes fácticos: son cuestiones importantes que, en buena parte, invalidan las reformas. Y que convierten lo que debería haber sido una necesaria reparación de partes de un edificio institucional que se caen a pedazos en meros revoques de fachada.

Algunas reformas parecen, sobre todo, un ejercicio de neolengua. El Gobierno de Aznar generó en 1997 una ola de privatizaciones y externalizaciones en la Sanidad –apoyada por el PSOE–, y ahora el actual Ejecutivo derogará la norma que les dio vía libre, aunque permitirá “la externalización de los servicios siempre que haya una justificación desde el punto de vista sanitario y económico”. Las experiencias de externalización habidas hasta el momento, sobre todo en Madrid y Valencia, han sido injustificables desde el punto de vista económico, pero eso no impidió que se hicieran en cascada. En buena medida, la privatización de la sanidad pública es ya un hecho irreversible, porque un tercio del gasto total proviene ya de la privada, y en Madrid y Cataluña la proporción es de 2 a 1. El teórico blindaje de la sanidad pública da tanta seguridad como la línea Maginot.

Pero seguramente la promesa más falaz, por reiterada, y por la facilidad que había para cumplirla, es la de derogar la Ley Mordaza. Un tajo a los derechos ciudadanos que, en su momento criticaron desde el New York Times (“la nueva ley mordaza de España nos devuelve inquietantemente a los oscuros días del régimen de Franco”, rezaba el editorial del periódico) hasta la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, y el Consejo de Europa.

La reforma arrancada a regañadientes al gobierno de Sánchez recoge rebajas en los periodos de detención o en la dureza de los medios de represión, pero no va al fondo de la cuestión: se mantiene la presunción de veracidad para los atestados policiales, con la única salvaguarda de que “resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”. Resulta obvio que hasta ahora se ha venido dando por buena la versión policial, aunque fuese incoherente, ilógica y poco razonable, como muestra el relato de la agresión (y la condena) del exdiputado de UP Alberto Rodríguez. Con la única garantía del atestado policial, tan solo el año pasado fueron sancionadas 375.930 personas. Más de 240.000, por desobediencia; 15.000, por falta de respeto, y 95.000, por consumo de drogas. O hay una inquina generalizada contra las fuerzas del orden, o estas tienen barra libre. Pero la nueva ley no va a cambiar las cosas, porque ignora la petición de los defensores de los derechos humanos de suprimir las sanciones por desobediencia y falta de respeto, que son las que refuerzan la arbitrariedad policial.

Tampoco hay mucha mudanza en la prohibición de tomar imágenes de “autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes” (o la veracidad de los atestados que redacten). Ahora no habrá infracción, salvo que “el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar”. Además de otras consideraciones sobre qué quiere decir “peligros ciertos”, ¿cómo puede asegurar el autor de una fotografía que su difusión no vaya a tener consecuencias? Lo mejor, con todo, de la ley que relevará a la infame Ley Mordaza de Rajoy es cuando dice que “las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos”. Es un alivio, y al mismo tiempo produce inquietud imaginar sobre qué enfoque se guiaban hasta ahora esas medidas: ¿la ley del Talión?, ¿las reglas de ‘El juego del calamar’?

Cualquier sensibilidad democrática, y no solo la de los editorialistas del NYT, la de la relatora de la ONU sobre el derecho de reunión o la del Consejo de Europa se estremecerá ante la posibilidad de que esas leyes “reformadas” vuelvan en todo su rigor, o incluso con el rigor reforzado por la inclusión de la extrema derecha en el gobierno. Pero eso no nos quita la sensación de que Giuseppe Tomasi di Lampedusa podría haber escrito El gatopardo inspirándose en La Moncloa.