En el artículo anterior hablaba de un nuevo sistema electoral, igualitario y proporcional, que no requeriría modificar la constitución de 1978. Aquí lo explico:

Como digo en el vídeo, el sistema incluye dos cláusulas.

La primera tiene que ver con la disposición constitucional según la cual cada provincia ha de tener garantizada una “representación mínima”. Con el sistema propuesto, inicialmente puede ocurrir que en las provincias pequeñas nadie resulte elegido. En Ávila, por ejemplo, en noviembre de 2019 la candidata más votada fue Alicia García, del PP, con 32.000 votos. El PP obtuvo 5 millones de votos en total, por los que ha de recibir 76 escaños. Esos 76 escaños los tiene que repartir proporcionalmente entre sus listas de 52 circunscripciones. Es casi seguro que a los 32.000 votos de Alicia Ruiz no les va a corresponder ningún escaño en ese reparto. Y con los otros candidatos abulenses del PSOE, Vox, etc., ocurre lo mismo. Ávila se quedaría sin “representación mínima”. Por ello, la cláusula establece que todo candidato que haya resultado ser el más votado en una provincia no puede quedarse sin escaño. Así, uno de los 76 del PP tiene que ir obligatoriamente a Alicia García. Se le quita al último candidato del PP que haya recibido escaño en el reparto interno de los 76 (supongamos que ha sido el número 7 de la lista de Madrid) y se le da a Alicia García. Gracias a esta cláusula, se garantiza una “representación mínima” para todas las provincias (dentro de un esquema, no lo olvidemos, que, a diferencia del actual, garantiza la representación igual y proporcional a todos los votantes de todas provincias, que es a los que hay que representar principalmente).

La segunda cláusula tiene que ver con la barrera. En el primer reparto –el igualitario– no hay (en nuestro ejemplo) ninguna barrera institucional, pero hay una barrera natural: si no logras un “trescientos cincuentavo” de los votos, lógicamente no consigues uno de los 350 escaños. En 2019 solo hubo un partido que no superó esa barrera, Teruel Existe. En un caso así, el escaño “mínimo” de la provincia de Teruel habría de ser para el candidato más votado de entre los partidos que sí han superado la barrera natural (en 2019 hubiera sido para el cabeza de lista turolense del PSOE). Dárselo a Teruel Existe violaría el sufragio igual con respecto al resto de ciudadanos españoles, puesto que estaríamos haciendo que ciudadanos con menos de un “trescientos cincuentavo” consiguieran representación, mientras que a todos los otros ciudadanos se les exigen más votos.

Esta segunda cláusula abre la cuestión de la barrera. Si no hay barrera institucional, entonces solo opera la barrera natural (un “trescientos cincuentavo” de los votos, como hemos dicho) y Teruel Existe pierde el escaño que el actual sistema Joker le otorga con su 0.075% de los votos. Pero, si se estableciera una barrera, entonces habría más partidos que no la superarían. Solo con una barrera institucional del 1% –diminuta en términos comparados– los siguientes partidos se quedarían fuera: Coalición Canaria, Navarra Suma, Compromís, BNG y PRC. Con una del 3% –la habitual– se quedarían fuera Junts, el PNV, Bildu, Más País y las CUP. Este tema es especialmente complejo. Desde una perspectiva racional, una barrera del 3% es perfectamente legítima, y de hecho opera en todas las ciudades y comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por todos esos partidos que acabamos de mencionar. Desde una perspectiva realista, no se puede dejar fuera de la representación a tales partidos, porque en muchos casos son los mayoritarios de sus respectivos territorios y evidentemente han de encontrarse representados en el Estado. Si nuestro bicameralismo fuera normal, que no lo es, el hecho de que todos esos partidos (incluido Teruel Existe) logren senadores sería suficiente, porque eso supondría que logran representación en el Estado. En nuestro Joker-diseño, sin embargo, el Senado carece de funciones, no representa nada… por eso en España la cuestión de la barrera del Congreso es, un tanto inexplicablemente, la cuestión de la representación de la cuestión territorial.

No podemos profundizar aquí en esa cuestión. Sí señalaremos, para finalizar, dos ventajas complementarias del sistema igualitario y de su comprensión de las circunscripciones. Primera, se facilitan coaliciones de partidos que pueden presentar listas particularizadas en cada circunscripción. Un ejemplo: Junts y el PNV pueden formar una coalición que superaría sin problemas una hipotética barrera del 3%. Habría tres listas del PNV en las provincias vascas y cuatro de Junts en las catalanas, y en ese caso serían los electores –y no la cúpula de la coalición, estableciendo a priori el orden de lista– los que decidirían cuántos escaños se lleva cada partido en cada circunscripción. Segunda, los partidos pueden presentar listas en circunscripciones que con el sistema actual se dan por perdidas. Por seguir con el ejemplo, esa hipotética coalición PNV-JUNTS podría presentar lista en Madrid. Los miles de votos que consiga no servirán para que los candidatos de su lista de Madrid se lleven escaño, pero sí sumarán para que logre más escaños en conjunto, y eso ayudará a las listas vascas del PNV y catalanas de Junts. Más País podría presentarse en más circunscripciones, y los votos que consiga sumarán para su conjunto de escaños, etc. Con este sistema es la representación ideológica, de partido (la que libremente decide cada ciudadano en el uso de su libertad) la que se antepone a la territorial (la que viene impuesta). Hoy en día sucede lo contrario.