Si el tito Darwin estaba en lo cierto, Isabel Díaz Ayuso está más preparada que sus antecesores para caminar por la delgada línea que separa la libertad y el delito de corrupción. Sobre ese terreno en el que fraude, cohecho, prevaricación o malversación no son más que inconvenientes derivados de contratar el paquete de gobierno madrileño en modo full experience, caminaron en otro tiempo Esperanza Aguirre, Ignacio González y compañía. Todos ellos dejaron para las generaciones venideras una valiosa lección: aunque uno controle la prensa y buena parte de los jueces, siempre puede surgir de las tinieblas algún aguafiestas con ganas de apagar la música. Por muy desenfrenado que sea el trumpismo de pradera de San Isidro que luce con éxito la actual presidenta, no hay duda de que, en esos momentos de soledad asociados al alto cargo, habrá meditado serenamente sobre los errores que llevaron a sus mayores a ver limitado su margen de libertad al toparse con el problema de la justicia. Simplemente se trata ahora –tan sencillo como ofrecerle pizza a un niño– de no repetir esos errores.

Que la teoría de la evolución funciona es indiscutible. Donde antes se metía la mano en la caja con descaro o quedaban constancias en papel de mordidas a cambio de contratos, los aventureros de la libertad fueron encontrando caminos cada vez más seguros por los que transitar en su alegre expolio de lo público. A las privatizaciones, autopista sólida, regulada, aceptada, se sumó en los últimos tiempos la excepcional oportunidad surgida de la emergencia sanitaria. Una oportunidad que permitió a las administraciones públicas contratar por vía de urgencia con el objetivo de agilizar los tiempos de reacción ante los retos de la covid. Traducido del castellano al idioma liberalés madrileño, sin tener que dar explicaciones, es decir, con libertad. Díaz Ayuso, además de sentirse afortunada por haberle tocado disfrutar de tan dorada época, entendió rápidamente que ese tren de adjudicaciones a dedo que pasaba quizá no volvería a pasar en mucho tiempo. Sin un minuto que perder –el ansia de libertad no espera– la presidenta madrileña se lanzó apasionadamente en los brazos de esas adjudicaciones a la carta. Plazas de hotel subvencionadas para el amigo Sarasola, mascarillas no homologadas pagadas por encima del precio de mercado para la empresa del amigo del hermano, afines del sector vinícola reconvertidos de un día para otro en distribuidores farmacéuticos que recibían contratos millonarios porque libertad es que nadie más que uno defina lo que es. Si la hija del privatizador de la sanidad pública madrileña estaba ilusionada por montar su propia empresa sanitaria –flipaba colorines la mujer– y se animaba a gestionar sin experiencia la mayor emergencia sanitaria vivida en las residencias, Ayuso abría la caja y hacía de mecenas. Porque libertad es también permitir que los sueños se cumplan. Libertad para construir hospitales mientras se cerraban plantas de los ya construidos, libertad para subcontratar la llegada, el desplazamiento y el almacenamiento de vacunas, libertad para sustituir el menú escolar por pizza diaria pagando un precio mayor que el de la dieta equilibrada, libertad, en resumen, para ser libre. Porque la libertad, si no es total y bebida a morro, no es libertad.

Tal y como le advirtieron sus antecesores, en mitad de la fiesta la joven Ayuso se encontró un día con un inesperado inconveniente. Su nombre, Pablo Casado. Satisfecha ella y satisfechos sus mayores cuando quedó demostrada la mejora de la especie que predijo Darwin tras el manotazo con el que Ayuso solucionó el asunto –en paz descanse Casado–, pocos en el entorno de la presidenta imaginaban que otro problema, éste de difícil solución a manotazos, estaba por llegar: la justicia europea pidiendo investigar los contratos que enriquecieron al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hasta el mejor paseo por la playa llega a las rocas, dice una canción de Tote King.

Para que nos hagamos una idea de lo preocupante de esta situación, hay que tener en cuenta varios factores. El primero, que la Justicia Europea no funciona con el dedo, como los contratos vía urgencia de los partidos políticos españoles. La segunda, tan preocupante como la primera, que ni un ataque coordinado de todos los medios de comunicación afines a Díaz Ayuso como el que acabó con Pablo Casado tendría efecto alguno en el ámbito de la lejana Unión Europea. La tercera, que la Fiscalía Europea, órgano de reciente creación encargado de vigilar el uso del dinero salido del fondo común europeo en los distintos países, tuvo la exótica idea de buscar para su composición y delegaciones territoriales a jueces y fiscales motivados en la lucha contra la corrupción. Es decir, aquellos que, durante las investigaciones de Gürtel o Púnica, el PP denunció como jueces sospechosos. Para que se entienda, por aquel entonces el PP defendía la necesidad de cierta imparcialidad previa a la hora de afrontar las investigaciones: ni a favor ni en contra de la corrupción. Los fiscales europeos, a juzgar por sus perfiles, están claramente en contra. Si la Fiscalía Europea le gana el pulso a la Fiscalía Española –de momento la misma Dolores Delgado que fue pillada reuniéndose en secreto con la rama mediática de las cloacas, Eduardo Inda, se resiste a que el caso salga del ámbito nacional– la investigación por los contratos que enriquecieron al hermano de Díaz Ayuso caerían en manos de, entre otros, Concepción Sabadell, la fiscal que impulsó la acusación del Caso Gürtel, y Pablo Ruz, el juez que dio por probada la existencia de una caja de dinero negro en el Partido Popular. El proceso será largo y, como pasa en estos casos, el final es tan incierto como cierto es el hecho confirmado de que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se lucró haciendo de intermediario en una venta de material sanitario de baja calidad vendido por encima del precio de mercado a cuenta de fondos europeos. Acabe bien o mal para la presidenta madrileña el capítulo, esto supondrá un nuevo aprendizaje, una nueva evolución darwiniana en la especie del liberal madrileño: llegan nuevos tiempos en los que Europa vigila. Y, de los Pirineos para arriba, ni el relato de la matraca mediática madrileña funciona, ni la definición de libertad incluye, como aquí, la acepción de saquear lo público. Una jodienda.