Vivir en primera persona la agresión flagrante a los servicios públicos de nuestro país cuesta. Cuesta mucho. 

Hablamos de las pésimas condiciones de nuestros sanitarios, de nuestros maestros. De las consecuencias terribles para nuestra sociedad, que, pudiendo vivir en condiciones dignas, se ven reducidas a mercancías. 

Hablamos del ataque orquestado por los chicos de la Escuela de Chicago, que, sin compasión, atacaron los años gloriosos. De aquellos barros, estos lodos. 

Hoy tenemos la necesidad de hablar de la Justicia, como poder del Estado, como servicio público. Y nos viene al corazón el maestro Cortázar, y le recordamos: “Modelo para desarmar”. 

En los juzgados sociales de Madrid, mucha gente trabajadora espera una solución a sus problemas: un finiquito no abonado, un despido inmotivado, una resolución del Servicio Público de Empleo incomprensible. Lo dejamos aquí, es mucho más. Pero resulta demoledor el tiempo de espera para obtener una respuesta a sus mínimos vitales.  

En los juzgados sociales de Madrid, hay desabastecimiento desde antes de la guerra de Ucrania. Nueve plantas sin papel higiénico durante meses. Nueve plantas sin jabón. 

Tampoco existen jueces sustitutos. Un ERE sin indemnización les abandonó. Hay juzgados, pero no hay sentencias. 

Nos explicamos: si un juez titular tiene una baja médica, nadie atiende a sus señalamientos. Ni el finiquito, ni la indemnización, ni el paro se verán atendidos. Todo está condenado al colapso. Al abandono. Jamás le interesó a gobierno alguno proteger a la administración de justicia. 

Saquen sus propias conclusiones. 

Terminamos con una anécdota macabra. Nos llegaron muchas, muchas, mascarillas FPP2, el otro día. Demasiadas. Demasiado tarde. 

¿Podríamos hacer un trueque de las mismas por papel, jabón, y jueces? 

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Belén Tomás, Carlos Preciado, Amaya Olivas y Domingo Andrés son magistrados laboralistas; pertenecen a Jueces para la Democracia.