Día grande ayer en el Congreso de los Diputados, la institución española más importante de las situadas por encima de las alcantarillas. La directora del CNI y jefa de los espías españoles, Paz Esteban –si es que ese es su verdadero nombre– rendía cuentas en la comisión de secretos oficiales. No porque le apeteciese, ni por convencimiento democrático, sino arrastrada por el huracán político desatado el pasado lunes por el Gobierno. Recordemos capítulos anteriores de Pegasus. El Gobierno más progresista de la historia, después de quitarle hierro a la información publicada por The New Yorker –ese panfleto–, decidió vía rueda de prensa urgente, añadir lentejas y berberechos tras descubrir que, más allá de los catalanes, que bueno, a esos les va en el sueldo, también habían sido espiados miembros del Gobierno de España, entre ellos el propio presidente. La denuncia dejaba en el aire la autoría. Es decir, el Gobierno –su parte socialista– sembraba dudas sobre las actividades del CNI, pidiendo, por supuesto, que no se sembrasen dudas sobre las ejemplares actividades del CNI. Puro PSOE. Si uno puede ser republicano y juancarlista, por qué no esto.

De lo comunicado dentro de la comisión de secretos oficiales –shhhh–  no debía trascender nada por ley, pero ha trascendido todo. La directora del CNI reivindicó el espionaje a dieciocho de los nombres aparecidos en el New Yorker, pero no al resto de los publicados por la revista norteamericana ni, por supuesto, los casos de miembros del Gobierno. Entre los confirmados por Paz Esteban, el espionaje del hoy president de la Generalitat de Catalunya, cuyas comunicaciones fueron violadas en 2019 de forma fetén. Es decir, de un modo tan legal y democrático, explican los medios, que hubiera hecho llorar de emoción a los antiguos griegos. Espiar a un representante político y hacerlo de forma legal es tan sencillo como que algún juez del Tribunal Supremo comprometido con la unidad de España –seguro que alguno hay– acepte que tal dirigente sea considerado peligroso para los intereses de España. ¿Motivo? Cualquiera. Ser independentista, por ejemplo. O, por qué no, pertenecer a un Gobierno socialcomunista de amigos de la ETA. Lo cual justificaría en el futuro la intervención legal, ejemplar, democrática a tope, del teléfono del presidente elegido por los españoles si los servicios de inteligencia españoles quieren. Quizá se ha formado demasiado revuelo por la falta de un papel. En el resto del mundo el programa Pegasus es una herramienta de espionaje. En España, por lo que vamos sabiendo, es también una forma de Gobierno en el alcantarillado que no se presenta a elecciones. Vota Pegasus.

El Gobierno de encima de las alcantarillas se desmarca de las explicaciones dadas por la directora del CNI con un argumento exótico. “El Gobierno ni sabía ni debía saber a qué personas se realizaba seguimiento”. Es muy probable que el Gobierno diga la verdad cuando asegura esto, lo cual da más miedo que vergüenza y contradice lo que dice la ley, que el CNI está ahí para informar a la Moncloa sobre posibles peligros. Es decir, que cuando el Gobierno de Sánchez aseguraba que no existían ya las famosas cloacas del Estado, simplemente aplicaba la técnica Homer Simpson –si no miro no hay delito–. Desde el Gobierno añaden que el CNI solo les pasa información cuando algunas de sus operaciones contra posibles ataques a España da fruto y que nunca se han sentado a preguntarles a estos poderosos funcionarios del Estado: “Oye, chicos, ¿qué estáis considerando peligro contra España?”. Más que nada porque, a ver si en una de estas, el CNI considera un peligro para España los ataques a libertad de prensa o la vulneración del derecho a vivienda, consagrados ambos en la sagrada Constitución, declaramos enemigos de la nación a Florentino o Ana Botella, se conoce y ya tenemos lío. Pensándolo bien, igual esto no pasa.

La jornada de ayer certifica que, con el beneplácito y dejación del Gobierno más progresista de la historia, tenemos un Centro Nacional de Inteligencia tan independiente de las estructuras democráticas de España que es la envidia de los indepes catalanes. Un CNI que, en nombre de la España buena, ya saben cuál, decide, con fondos públicos y motivaciones Juan Palomo, qué representantes de la ciudadanía deben ser violados en sus comunicaciones por suponer un peligro para la nación. Con unos criterios y motivaciones bastante subjetivos. Tanto que van desde tapar ilegalidades cometidas por el rey Juan Carlos a aplicarles el método Minority Report a los catalanes, espiarlos por si en el futuro cometen ilegalidades. Argumento por el cual, después de los antecedentes corruptos del PP madrileño, Ayuso y Almeida probablemente vivan con el teléfono pinchado. Pensándolo bien, que no, que esto no pasa.

La confirmación de este espionaje realizado durante la presidencia de Pedro Sánchez dinamita el bloque de la investidura y aleja definitivamente a ERC y su colaboración. No hay que ser independentista para ponerse en la piel de unos republicanos catalanes a los que se les intervenían las comunicaciones mientras se les pedía arrimar el hombro en la gobernación de España. Si el objetivo de las cloacas del Estado es maniobrar en favor de la España buena, ya saben cuál, joder, la de derechas, que todo hay que explicarlo, hay que darles la enhorabuena: el bloque que apoyó la investidura de Pedro Sánchez se resquebraja mientras el PSOE ve pasar la batalla entre democracia y Estado Profundo como la vaca ve pasar el tren.