La presión fiscal media en España –impuestos más contribuciones sociales– de los últimos 20 años es del 34,4% del PIB, seis puntos por debajo de la media de la eurozona, lo que representa 62.000 millones de euros menos de recaudación al año. Se trata de la sexta presión fiscal más baja de la región, solo por encima de Eslovaquia, Chipre, Malta, Lituania e Irlanda.

Pero además de este problema crónico de falta de suficiencia desde la crisis de 2007, el sistema ha ido adquiriendo un carácter regresivo. Desde entonces, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas –el 90% de los ingresos por IRPF lo aportan las familias trabajadoras y los pensionistas– se ha incrementado un 39%, y ha pasado de ser el 34% de la recaudación total tributaria al 42%. Por el contrario, el Impuesto de Sociedades, el otro gran impuesto directo del sistema, ha disminuido un 40%, pasando de representar el 22% de la recaudación al 12%. En 2018 ya se recuperaron los beneficios empresariales, pero esta medida, tomada en principio para preservar el tejido empresarial y mantener el empleo, todavía no ha sido revertida.

El Impuesto de Sociedades ha disminuido un 40%, pasando de representar el 22% de la recaudación al 12%

El otro gran impuesto, el IVA, un impuesto indirecto que grava el consumo y que, por tanto, de nuevo, hace caer el peso de la recaudación sobre las rentas más bajas, ha aumentado en el periodo un 30%, pasando de ser el 28% de la recaudación al 32%. El gasto en IVA para una familia trabajadora sin capacidad de ahorro es del 14% de su renta. El de las rentas más altas, al consumir proporcionalmente mucho menos, es del 4%, lo que hace que su tributación conjunta –IRPF más IVA– sea del 44%. Como vemos, el sistema se ha ido configurado claramente con un carácter regresivo que hace recaer el 75% de la carga tributaria sobre los hogares y las rentas medias y cuya presión en el ámbito de las empresas y de las grandes fortunas decrece conforme aumenta su tamaño.

A estos problemas hay que añadir el de la corrupción y el fraude fiscal. La economía sumergida en España se estima en el 20% del PIB, frente al 15% de la media europea, un 72% de la cual se concentra en grandes empresas y fortunas. Sin embargo, el número de funcionarios de la administración tributaria es de 400 por cada millón de habitantes, la mitad que en Portugal y tres veces menos que en Alemania.

Con esta estructura no es de extrañar que, antes de la pandemia, la España del régimen del 78 fuera uno de los países de la Unión Europea con más pobreza, con uno de cada cuatro ciudadanos al borde de la exclusión social, con más tasa de paro, el doble de la media, y con uno de los mayores índices de desigualdad de ingresos medido por el coeficiente de Gini, lo que nos sitúa en el entorno de países como Bulgaria y Rumanía.

Los proyectos de reforma

El acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE de diciembre de 2019 incluye la cuestión de una reforma fiscal integral, que cuenta con el apoyo del resto de fuerzas de la investidura y de numerosas organizaciones sociales que reclaman, además, el consenso a todos los partidos políticos. En base a este compromiso, y en vista de la más que poca decisión del PSOE por abordar la cuestión, a principios de este año Podemos e Izquierda Unida presentaron sus propios proyectos de reforma. El proyecto de la formación morada, que fue presentado y rechazado en el Congreso en febrero por el propio PSOE, junto con PP, Vox, Ciudadanos, PNV y otros partidos de la derecha, propone aumentar la recaudación en 30.000 millones de euros al año; mientras que el de Izquierda Unida, mucho más ambicioso, propone aumentar la recaudación en 90.000 millones, situando a España por encima de la media de la Unión Europea, en niveles de recaudación de países como Francia, Dinamarca y Bélgica.

Ambos proyectos coinciden en las medidas básicas para reducir la brecha fiscal y para dotar de nuevo al sistema de un carácter progresivo. Proponen una subida del IRPF para las rentas más altas, a partir de 120.000 euros al año, tanto del trabajo como del capital. Izquierda Unida apuesta, además, por combinar esta subida con un destope de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las medidas afectarían solo a un 3% de contribuyentes y supondrían un aumento de la recaudación de en torno a los 7.000 millones al año; un incremento del impuesto de sociedades que asegure un 15% de impuesto sobre el resultado contable –tal y como se comprometió el Gobierno en el pacto de coalición–, con reducción de exenciones y beneficios fiscales injustos, especialmente para paraísos fiscales, SOCIMIS y SICAVS, y con un tipo especial para eléctricas y petroleras que supondría una recaudación adicional de 9.000 a 14.000 millones al año; y una reducción del IVA eliminando o aplicando tipos superreducidos a productos básicos, lo que supondría una bajada de la recaudación de alrededor de 1.000 millones al año. Ambas propuestas también coinciden en la necesidad de eliminar las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio, estableciendo un tipo del 1,5% sobre patrimonios superiores al millón de euros, lo que incrementaría la recaudación en 10.000 millones al año.

El proyecto de Izquierda Unida incide además sobre impuestos ya existentes, como la recuperación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias de más de 600.000 euros, con 3.000 millones adicionales al año, la aplicación del impuesto sobre las transacciones financieras a todos los activos y no sólo a las acciones, 15.000 millones, y el impuesto sobre depósitos bancarios, 12.000 millones –que en ocho años amortizaría los 94.500 millones del rescate bancario–, y propone nuevas figuras impositivas: la llamada nueva fiscalidad verde o ecológica, como nuevos impuestos sobre actividades extractivas, sobre el carbono, sobre hidrocarburos, sobre envases no reutilizables y sobre determinados medios de transporte que supondrían una recaudación adicional de 4.600 millones al año.

También incluye medidas de control del gasto público y contra el fraude fiscal, centrándose prioritariamente en las grandes empresas y fortunas, como una reforma orgánica de la Agencia Tributaria que, en el plazo de seis años, duplique el número de Técnicos e Inspectores de Hacienda, lo que supondría 26.000 nuevos funcionarios, equiparándonos a la media de Europa con el objetivo de reducir a la mitad la economía sumergida y recaudar 22.000 millones de euros más al año.

El régimen no quiere

El PSOE nunca ha planteado este problema cuando ha gobernado en solitario, y en la actual legislatura, pese al acuerdo de coalición, se ha dedicado a eludir la cuestión sistemáticamente. Primero por la pandemia, después con la creación de un comité de expertos que ha retrasado el debate un año, más tarde votando en contra de la proposición no de ley de Unidas Podemos en el Congreso y finalmente apresurándose a descartar, tal y como recomienda expresamente el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario, cualquier subida fiscal a corto plazo. En vista de la situación se puede dar por amortizada la legislatura con la convicción de que el partido socialista no abordará reformas de calado, más allá de las leves medidas de maquillaje fiscal que se adoptaron para este año 2022 y que en total suponen sólo 2.000 millones de ingresos adicionales.

En vista de la situación se puede dar por amortizada la legislatura con la convicción de que el partido socialista no abordará reformas de calado

En cuanto a los partidos de la derecha, no merece la pena decir mucho. Insisten constantemente en su discurso populista de bajar los impuestos todavía más, sea cual sea la coyuntura, menos cuando están en el gobierno, momento en el cual, conscientes de que no hay margen de bajada, los suben, aunque de manera insuficiente, y desde luego haciendo recaer esa carga tributaria adicional sobre las familias y contribuyentes medios.

Ese es el estado de la cuestión. Es evidente que los partidos del régimen del 78 no están dispuestos a emprender la tarea de una reforma tributaria en profundidad. Tienen que ser las fuerzas progresistas comprometidas con las transformaciones profundas del Estado las que deben luchar por ella. Una reforma que tiene que anteponer medidas inflexibles contra la corrupción y que puede ser paulatina y sensible a la coyuntura económica, pero que es absolutamente necesaria para reforzar y ampliar el Estado social, afrontar el problema del paro y el de la financiación del Sistema de la Seguridad Social y controlar el déficit público y el problema de la deuda. No hay otro camino.

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Sergi Camarasa es licenciado en Derecho con un máster en fiscalidad. Es el responsable de comunicación de Izquierda Republicana.