La reciente aprobación de la Ley de Memoria Democrática, tras una larga tramitación, ha puesto de manifiesto la persistencia de algunas de nuestras costumbres más arraigadas en torno a la memoria. La primera es su escenificación política o, lo que es lo mismo, su politización; la segunda es la sumisión del pasado a un modelo o clave de identidad, ya sea en defensa de un tiempo idealizado o bien proyectando hacia el futuro lo que debe ser la memoria adaptada a cada cultura política. La ley queda, por último, vaciada de contenido, desplazada por la lectura que hace cada grupo político sobre su estrategia, en función del presente. Presentismo que ha sustituido al texto de un proyecto de ley, que, a tenor de las intervenciones parlamentarias en su aprobación, parece que pocos hayan leído pero que supone, con todas sus imperfecciones y necesidad de mejora en algunos aspectos, un notable avance en la historia de las políticas de memoria en nuestro país.

La ley coloca a las víctimas, todas aquellas personas que sufrieron persecución durante la Guerra Civil y el franquismo, en primer objeto de reconocimiento y reparación

La confusión entre historia y memoria no es nueva ni se reduce solo al caso español. Aquí confluyen muchos intereses o grupos de presión que, como en todas las leyes, tratan de que les beneficie o refuerce su posición. Además del político, hay interés educativo, incluido el sector editorial por la modificación del currículum de historia de los libros de texto que implica la ley; del profesorado, el mundo académico y de la investigación por la incorporación de estos a los distintos niveles educativos, por la fijación del relato y por la apertura de los fondos documentales para poder seguir investigando; de los archivos, del mundo de la cultura y las instituciones vinculadas al estudio del pasado, y, por último, de las víctimas. La ley coloca a las víctimas, todas aquellas personas que sufrieron persecución durante la Guerra Civil y el franquismo, en primer objeto de reconocimiento y reparación. Para ello amplía notablemente su condición, siguiendo el avance en el conocimiento sobre la violencia masiva desplegada en este período. Y, sin embargo, las víctimas han quedado de nuevo eclipsadas en un debate político que ha cruzado la línea tratando de enfrentar a unas con otras. De ser el sujeto principal de la ley, han sido mostradas por sus críticos como parte, como algo espurio e interesado, y esta es, sin duda, la más triste de las realidades por todo lo que implica.

Aprobada por todos los grupos de izquierda con la abstención de Esquerra Republicana, algo que no es nuevo en la historia de las leyes de memoria de la democracia, contó con el apoyo de Bildu, hecho que ha facilitado la oposición frontal conservadora en defensa de la memoria de las víctimas de ETA. Al hilo del aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco se ha denunciado que la ley olvida a las víctimas del terrorismo. Al mismo tiempo, se abrió otro flanco desde distintos sectores que acusan a la ley de ir en contra del espíritu de la Transición. La disposición adicional, texto más breve pero que tampoco parece que haya sido muy leído o estudiado en todo este tiempo de tramitación, amplía el estudio de los casos de violación de los Derechos Humanos hasta 1983, levantando del mismo modo las críticas de aquellos que se han sentido interpelados, no como víctimas de violencia, y, esto es importante, sino como creadores y realizadores de la Transición. 

Más que memorias enfrentadas, con la excepción de aquellos que defienden el franquismo, parece que avanzamos hacia un escenario de constante utilización del pasado como arma arrojadiza. El pasado manipulado, reinterpretado en función de lo que plantee el adversario político, queda normalizado, por muy absurdo que pueda parecer en algunas ocasiones en las que no se respeta ni la cronología. El problema no es la historia, sino la traslación de la misma táctica a las víctimas: enfrentándolas, mezclando sus distintos tipos y condiciones, confundiendo y negando, en definitiva, su coexistencia pacífica. Esta refutación simbólica de la ley muestra el rechazo profundo a reconocer el dolor infligido en el pasado, la necesidad de su superación y del lugar que deben ocupar todas las víctimas en la memoria colectiva. Esto tampoco es nuevo en nuestra historia reciente, pero es un drama que no conseguimos superar. Al mismo tiempo que se clama porque los escolares no conocen lo que fue el terrorismo de ETA se niega la posibilidad de que conozcan la guerra, el franquismo y la Transición, desde las aportaciones que se han producido en las últimas décadas de una historiografía renovada e internacionalizada con una metodología contrastada científicamente. En su lugar, se impone una postura fija sobre el pasado en la que se recrean todos los mitos fundacionales de nuestro pasado reciente. 

La disposición adicional de la Ley de Memoria plantea estudiar la violencia en la Transición, todavía sin investigar al completo por la restricción en el acceso a la información y los archivos de este período. Cuando se pueda estudiar sistemáticamente, podrán verse los claroscuros de un periodo que, como todos, fue fruto de su contexto histórico y no del nuestro. Mientras falte información sigue sobresaliendo la opinión por encima de todo, en un debate que siempre se ha pretendido cerrar más que abrir. A la espera queda resaltar todo lo que se ha tratado de pasar a un segundo plano de una ley que abre un camino y no debe ser el final. La creación de un censo de víctimas, conforme a los parámetros internacionales de los Derechos Humanos y el reconocimiento del papel activo de las mujeres que sufrieron privación de libertad u otras penas como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupción del embarazo. Su extensión, igualmente, a los que sufrieron persecución por su condición sexual, a través de la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social después. El Estado es el responsable de la localización de las fosas comunes, de la búsqueda e identificación de los desaparecidos, siguiendo la aplicación de protocolos científicos y la elaboración de un mapa de fosas integrado que abarque todo el territorio nacional. Igualmente debe crear un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares. La realización de sendos inventarios sobre los presos y los trabajadores forzosos y la incautación de bienes, la resignificación del Valle de los Caídos, la eliminación de títulos y distinciones a personajes y familias de la dictadura, las sanciones por su posible apología y la ofensa a sus víctimas. Se crea, por último, una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos producidos desde el golpe de estado de 18 de julio de 1936 hasta la aprobación de la Constitución en 1978, el marco cronológico previsto en ley, como hay que recordar una y otra vez.

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Gutmaro Gomez Bravo es historiador, profesor titular de Historia Contemporánea UCM y director de Gigefra.