En una apasionada defensa de la democracia ucraniana y su lucha contra el agresor autócrata Vladímir Putin, la reciente Conferencia sobre la Recuperación en Ucrania (URC), celebrada los días 4 y 5 de julio en Lugano (Suiza), bajo los auspicios de la UE, recomendó una batería de medidas de desregulación y privatización sacadas del manual del viejo Consenso de Washington (1989).

Es imprescindible “reducir el tamaño del Estado mediante privatizaciones, mejorar la eficiencia regulatoria (desregulación) y abrir mercados (liberalización de los mercados de capitales; libertad de inversión)”, sostiene el documento final.

Así mismo, hay que “fortalecer la economía de mercado” mediante “(…) la reforma de la tierra”, añade, aplaudiendo el nuevo plan de eliminar restricciones sobre la venta de suelo agrícola a corporaciones extranjeras en el llamado “granero” de Europa. Estas medidas son esenciales, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso ante la conferencia, para lograr “el sueño de una nueva Ucrania, libre, democrática y europea”.

Unas semanas después, el Fondo Monetario Internacional, con sede en Washington, acordó con el Gobierno ucraniano de Volodimir Zelensky la suspensión de los pagos de servicio sobre deuda por 20.000 millones de dólares, un generoso gesto de solidaridad con el pueblo en guerra. Además, para impulsar la economía hacia la recuperación y una senda de crecimiento del PIB sostenible, el FMI anunció que condicionaría el rescate a un programa de privatizaciones de empresas estatales y a la plena implementación del plan de desregulación de la tierra para facilitar la entrada sin restricciones del agrobusiness global. Solo con la entrada del capital internacional se podría lograr un aumento de la productividad de las megacosechas de trigo, cebada y otros cereales, insisten la UE y el FMI.

Pocos lo han comentado –¿quién quiere ser acusado de ser amigo de Vladímir Putin?–, pero resulta muy problemático este compromiso de la UE y el FMI por ayudar a Ucrania a adoptar las necesarias reformas de liberalización y privatización y así terminar el trabajo iniciado tras la caída de la URSS en 1991. 

El problema consiste en lo siguiente: según encuestas realizadas en 2018, solo el 12% de los ucranianos apoya una mayor privatización de su economía. Es más, la mayoría se opone al plan de desregulación del suelo agrario y rechaza la entrada de los agro-traders con sede en Chicago o los agrofondos con sede en Wall Street.

Según encuestas realizadas en 2018, solo el 12% de los ucranianos apoya una mayor privatización de su economía

“Todo esto va en contra de la voluntad de la gente”, dice Frederic Mousseau, director del Oakland Institute en California, que ha elaborado una serie de informes sobre los planes de rentabilizar la desregulación en el sector agrícola ucraniano. “Y no hay motivos para pensar que la guerra haya cambiado el rechazo de la gente a la desregulación de la tierra o la privatización”.

Dotada de las llamadas cernozëm (tierras negras), las más fértiles del mundo, que producen unos 60 millones de toneladas de cereales, como trigo y cebada, Ucrania siempre ha sido una propuesta muy atractiva para las grandes multinacionales de materias primas como Cargill, Bunge o ADM, así como para los megafondos de inversión como Blackrock o Vanguard.

Cuenta con una tercera parte de la tierra agrícola de Europa, es el segundo exportador de cereales del mundo, y produce una tercera parte del aceite de girasol a escala mundial. En tiempos de creciente temor por la seguridad alimentaria mundial y por los precios disparados de alimentos básicos, Ucrania puede ser una mina de oro para el capital global.

Pero los obstáculos a la entrada de inversores multinacionales –concretamente, la moratoria sobre la compra y venta de suelo agrícola– han frustrado hasta a gigantes como Cargill o Blackrock. La moratoria fue aprobada en 2001 con el fin de frenar la concentración del suelo en manos de los grandes oligarcas ucranianos beneficiarios de la corrupta desregulación del suelo, parte de la terapia de shock diseñada por aquellos bienintencionados economistas de Harvard que llegaron a Moscú tras el desmoronamiento de la URSS.

Pero la moratoria incluía también una prohibición total de la compra de suelo agrícola por extranjeros, lo que ha complicado sobremanera el avance de las grandes bróker de materias primas y fondos a través de la inmensa llanura de cereales ucraniana.

La mayor parte de los campos de cereales se dividieron entre corruptos oligarcas y los siete millones de pequeños agricultores, en un país donde una de cada tres personas aún vive en el campo

Nadie puede pararles los pies del todo a los grandes comerciantes de materias primas agrícolas –ADM, Bunge, Cargill, y Louis Dreyfus–. Pero estos tuvieron que entrar por la puerta trasera mediante participaciones en el capital de empresas ucranianas. Cargill, por ejemplo, se hizo con el 5% del conglomerado ucraniano UkrLandFarming. Otra opción para sortear la moratoria era alquilar suelo mediante contratos de arrendamiento de larga duración.

Con esas medidas, las corporaciones globales del agribusiness lograron controlar entre tres y seis millones de hectáreas. Pero la mayor parte de los 32 millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales permanecían fuera del alcance del capital global y se dividieron entre corruptos oligarcas ucranianos y los siete millones de pequeños agricultores, en un país donde una de cada tres personas aún vive en el campo.

La moratoria levantó ampollas en los centros de poder occidentales, desde el Departamento de Estado, el Banco Mundial, y el FMI en Washington hasta la Unión Europea y los lobbies agrícolas en Bruselas.

Sin la presencia del capital global, la productividad del sector agrario ucraniano ha sido muy baja: una cuarta parte de la alemana y una quinta de la francesa. Pero los ucranianos se sentían más cómodos con las restricciones, ya que la liberalización anterior había beneficiado a una corrupta oligarquía. Así mismo la gente defendía a las grandes empresas estatales frente a las presiones privatizadoras del FMI y la UE. 

Hacía falta un cambio de régimen –la llamada Revolución Maidán y la caída del gobierno oligárquico de Víctor Yanukovich en 2014– para despejar el camino a los titanes de las materias primas y los fondos de inversión occidentales. La invasión rusa este año ha resultado una instancia perfecta de la doctrina del shock, la tesis de Naomi Klein de que los desastres, catástrofes y las guerras crean excelentes oportunidades de negocio para inversores globales sin complejos. 

Bajo fuertes presiones desde Washington y Bruselas, el parlamento en Kiev, con el respaldo del gobierno de Zelensky, aprobó, en 2020, el levantamiento parcial de la moratoria. La nueva ley permite la compra por particulares o empresas de hasta 10.000 hectáreas a partir de enero del 2024. El FMI aplaudió la nueva legislación. Tal y como destaca Michael Roberts en su blog, el Banco Mundial, que condicionó sus propios créditos a medidas que “faciliten la venta de suelo agrícola y el uso de la tierra como colateral” para “acelerar la inversión privada en la agricultura”, calificó la desregulación como un “evento histórico”. El FMI calcula que elevará en más de un punto el crecimiento potencial del PIB.

Las expectativas para los inversores globales en cereales ucranianos parecían inmejorables. Ni la guerra complicaría las rentabilidades previstas. A fin de cuentas, las exportaciones de granos ucranianos en 2021-22 han superado las del año pasado, y el reciente acuerdo con Rusia de desbloquear los puertos del Mar Negro garantizan ventas lucrativas en momentos de precios desorbitados. Los márgenes de beneficios de ADM, Bunge, Cargill, y Louis Dreyfus han subido de forma sensible durante la crisis.

Las instituciones financieras y los grandes agro-lobbies occidentales, defensores apasionados de la guerra por la democracia contra Putin, no ven nada claro el plan de consultar a los ucranianos

Pero hay un problema. La plena implementación de la reforma depende del resultado de un referéndum que se celebrará en 2024 para decidir si dar luz verde a las empresas extranjeras. Es bastante probable que la mayoría de ucranianos voten en contra. La ley no tendrá mucho apoyo en la sociedad ucraniana: “No da ningún apoyo a los siete millones de pequeños agricultores como ocurre en España o Francia ; solo acelera la concentración en manos de oligarcas y grandes empresas,” dijo Mousseau en una entrevista. 

De ahí una profunda ironía. Las instituciones financieras y los grandes agro-lobbies occidentales, defensores apasionados al igual que sus gobiernos de la guerra por la democracia contra Vladímir Putin, no ven nada claro el plan de consultar a los ucranianos. “Convocar un referéndum sería un desastre para la economía”, afirma Bate Toms, presidente del Consejo de Asociaciones Empresariales y Cámaras de Comercio en Ucrania. Hay que evitar celebrar el plebiscito porque “habría una mayoría aplastante en contra”, añadió en un artículo patrocinado por el poderoso think tank de Washington Atlantic Council, defensor de la democracia bajo liderazgo estadounidense.