El debate sobre la necesidad de gravar los beneficios de las empresas energéticas y financieras y la aplicación de impuestos sobre la riqueza como medida redistributiva –un ejemplo ha sido la supresión del gravamen sobre el patrimonio en Andalucía– ha situado al sistema fiscal como tema principal de la agenda política. Según señala el informe Desigualdad y pacto, publicado por El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”, más de un 80% de los españoles apoya la intervención del Estado en la redistribución de la renta. 

El estudio concluye que el 91% de los españoles cree que las diferencias de ingresos son demasiado grandes. Una percepción que se ajusta a la realidad si tenemos en cuenta los altos niveles de desigualdad en nuestro país, dentro del contexto europeo. Si se pregunta por el caso propio, alrededor del 70% de los ciudadanos tiende a situarse dentro de la clase media y a describirse como un caso excepcional dentro de su entorno social. Este optimismo desaparece cuando se les pregunta por el futuro: hasta un 55% de la población cree que la desigualdad aumentará en los próximos 20 años. Esta percepción está motivada en gran medida por la desconfianza en la justicia del sistema fiscal: hasta un 90% de la población piensa que hay mucho o bastante fraude. 

Dinamarca y Francia son los países de Europa que presentan un mayor nivel de presión fiscal, en torno al 45%. En el extremo contrario tenemos a Reino Unido, Portugal y España, con alrededor del 33%. Nuestro país se sitúa 5 puntos por debajo de la media de la UE (38%), y a 6,3 puntos de la media de la Eurozona. En el caso de que España igualase su presión fiscal a la media de la UE o a la de la Eurozona, la recaudación aumentaría entre 54.000 y 71.000 millones de euros. 

Si se analizan las figuras tributarias españolas, la cotización a la Seguridad Social es el tributo con mayor peso. En el extremo contrario, se sitúan los impuestos de sociedades y el conjunto de gravámenes a la riqueza (impuesto sobre el patrimonio, sucesiones, donaciones, bienes e inmuebles y transmisiones patrimoniales). Cabe destacar que, desde 2009, la importancia de la imposición sobre el consumo ha aumentado en tres puntos, alcanzando el 10% de media. Hablamos de un incremento de la presión fiscal a través de una forma de gravamen regresivo que afecta por igual a todas las rentas. Mientras que los impuestos relacionados con la riqueza (patrimonio, sucesiones o donaciones) nunca han superado el 3%.

La desigualdad ha aumentado de manera continuada en España desde 2013, año en el que la economía de nuestro país supuestamente empezó a mejorar. A pesar de que desde 2010 ha aumentado la presión fiscal en nuestro país, este incremento no ha producido una mayor redistribución. Es más, dentro de los países de la UE, España es uno de los países que menos ricos “pierde” al año debido a las ventajas fiscales. En 2021, mientras las tasas de desigualdad aumentaban, en nuestro país había 1,13 personas con un patrimonio superior al millón de dólares, según el último informe de Global Wealth Management elaborado por Credit Suisse. El año pasado, el 1% más rico de la población española poseía el 17% de la renta nacional. En 2007, momento en el que la capacidad redistributiva del sistema fiscal comenzó a disminuir, ese uno 1% concentraba el 13%. Al otro lado, en el de la población más pobre, los términos se invierten: desde el comienzo de la crisis de 2008, el 50% de la ciudadanía con menos recursos ha perdido cuatros puntos porcentuales de la renta nacional.