Isabel Serra (Madrid, 1989) ha formado parte de Podemos desde su fundación en 2014. Procedente de Anticapitalistas (formación que abandonó en 2018), fue diputada de la Asamblea de Madrid durante dos legislaturas, de 2015 a 2021, y dos veces candidata a la presidencia de la Comunidad. Actualmente es portavoz del partido y asesora en el Ministerio de Igualdad. 

En enero de 2014, Serra participó en una protesta en el barrio de Lavapiés por el desahucio de una persona con discapacidad. Fue acusada de insultar y agredir a policías en el transcurso de aquella protesta. Siempre ha mantenido que se trata de un montaje policial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid la halló culpable de atentado a la autoridad, un delito leve de daños y otro de lesiones en 2020 y el Tribunal Supremo ratificó la condena, por la que abandonó su escaño, en julio de 2021. Hace unos días se le comunicó la ejecución de la misma, dos años y medio después del veredicto, lo que considera una vulneración de sus derechos, pues se alarga el tiempo efectivo de inhabilitación.  

Fue condenada a un año y siete meses de prisión y a una inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena. Sin embargo, dice que el tiempo total que va a pasar sin poder presentarse a las elecciones es de cinco años, ¿cómo es esto posible? 

El poder judicial de este país ha tenido enormes resistencias a la transición democrática, pero en los últimos años la impunidad cada vez es mayor

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha retrasado la suspensión y ejecución de la condena, con el efecto de ampliar el tiempo de inhabilitación. La ley dice que se debe suspender y ejecutar la condena de forma urgente. El hecho de que hayan pasado dos años y medio desde la condena y un año y medio desde que fue firme hasta el momento de la ejecución ha hecho que el tiempo de cumplimiento empiece a contar desde ahora.  

Pero yo dejé mi escaño en la Asamblea en cuanto la sentencia fue firme, es decir, la he estado cumpliendo de facto hasta este momento. Por eso hemos solicitado al Tribunal que aclare la inhabilitación y que cuente el tiempo de ejecución desde el día en que recibí la sentencia firme.  

Creo que es evidente que se vulnera mi derecho a la plena participación política. Además, este proceso judicial ha tenido efectos políticos. Desde que comenzó, yo he sufrido una campaña de descrédito permanente por parte de la derecha. Estos efectos políticos también se están alargando. 

El problema, más allá de mi caso, es que algunos jueces prevarican con impunidad. Durante este tiempo de retraso yo he solicitado que se ejecutase la sentencia de forma urgente, como dice la ley. Pero, ¿a quién puedo recurrir? ¿Al Consejo General del Poder Judicial que está bloqueado y controlado por la derecha? ¿Al Tribunal Supremo que evidentemente está implicado en esta situación?  

Sabemos que el poder judicial de este país ha tenido enormes resistencias a la transición democrática, pero creo que en los últimos años la impunidad cada vez es mayor y la desvergüenza de actuar para intervenir en política, practicando el lawfare junto a los medios de comunicación, ha ido en aumento. La democracia está amenazada. 

El lawfare junto a los medios de comunicación, ha ido en aumento. La democracia está amenazada

¿Qué se podría hacer contra este lawfare que denuncia? 

En primer lugar, evidenciar esa forma de actuar por parte de los jueces y denunciarlo políticamente. Desbloquear el Consejo General del Poder Judicial para que deje de intervenir en política contra el poder legislativo y la voluntad de la ciudadanía. Denunciar la actuación de los medios de comunicación, porque el lawfare no se entiende sin ellos. En los últimos tiempos, los jueces toman decisiones pensando en el efecto mediático. Los medios están preparados para recibir autos judiciales si con ellos pueden rellenar horas y horas de tertulias infames llenas de mentiras contra determinados políticos y en concreto, creo que es evidente, contra Podemos. 

Y hay que cambiar el acceso a la judicatura. Hay asociaciones de derecha o extrema derecha que ayudan a determinados jueces a llegar a posiciones elevadas dentro de la justicia. También hay un elemento de clase, que favorece que solo algunos puedan llegar a esas posiciones.  

Afirma que fue condenada “con todas las pruebas en contra” y a partir de un montaje policial. ¿Por qué?  

Contra Podemos ha habido numerosos procesos judiciales vergonzosos que han terminado archivados, aunque han tenido un efecto claro en la percepción de la ciudadanía sobre nuestra organización política. 

Sin embargo, entre los casos en los que el proceso judicial ha terminado con una condena se encuentran el de Alberto Rodríguez y el mío. ¿Por qué? Porque están relacionados con protestas. Es muy fácil responsabilizarte de algo punible por el hecho de estar en una manifestación. Esto tiene que ver con el papel de la policía.  

En ambos casos hay montajes policiales, la policía dice que hemos hecho cosas que no hemos hecho. Pero los jueces y la fiscalía no cuestionan la palabra de la policía. Aunque no haya pruebas. La palabra de la policía va a misa en este país.  

Los jueces y la fiscalía no cuestionan la palabra de la policía. Aunque no haya pruebas

En mi caso, mi defensa preguntó en el juicio a la Brigada de Información de la Policía cómo podía tener identificadas a las nueve de la mañana a las personas que habían lanzado objetos durante la protesta si la identificación que figura en el atestado de la policía municipal que participó en los hechos es de la una de la tarde. ¿Cómo es posible que ya supieran quiénes habían sido varias horas antes de que los identifiquen los propios municipales que participaron en ese desahucio? Dijeron que lo habían visto en vídeos. Mi defensa pidió que aportaran esos vídeos. Nunca lo hicieron. 

Las declaraciones de la policía en el juicio fueron siempre vagas. En mi sentencia hay una actuación deliberada por parte del TSJM y el Tribunal Supremo, porque a pesar de la vaguedad de estas declaraciones, la sentencia me hace a mí responsable de todo lo sucedido en esa manifestación. ¡Responsable de atentado a la autoridad y de lesiones con instrumento peligroso! Estamos hablando de algo muy concreto y que es una barbaridad. 

Ese día hubo más detenidos, que también han tenido que cargar con enormes perjuicios. Solicitaron para ellos seis o siete años de prisión. Es una barbaridad lo que les ha sucedido a esas personas, no solamente yo he cargado con esto. Pero en concreto, a mí, la sentencia me imputa todos los daños y lesiones que hubo en ese desahucio, aunque no haya ninguna prueba de que he sido yo quien ha realizado esas acciones. Se argumenta para ello que formaba parte de una organización, que es mentira, porque yo no era miembro de la PAH, aunque conocía a algunas de las integrantes. Pero con ese argumento se me condena a mí por algo que sucedió en otra parte de la protesta en Lavapiés ese día.  

He recurrido el Tribunal Europeo de DD.HH. y he tenido la vergonzosa respuesta de ni siquiera valorar el recurso

¿Cómo le ha cambiado la vida este proceso? 

En primer lugar, quiero dejar claro que soy consciente de que esto no me ha sucedido solo a mí. Me ha sucedido por militar y ser dirigente de Podemos, pero también le sucede a muchos activistas que trabajan por la transformación social desde otras esferas de la política, a los que se movilizaron contra desahucios injustos en aquellos años y a los que lo siguen haciendo ahora.  

Aquel al que yo acudí era un desahucio de una persona con discapacidad que no podía pagar el alquiler. Fue desahuciada y detenida ese día y la policía actuó de forma desproporcionada.  

Esto es algo que ha sucedido y sucede a mucha gente, y sí, evidentemente, tiene perjuicios personales. En mi caso tuve que dimitir de la Asamblea de Madrid y no pude hacer política. Tengo derecho a hacerlo, pero la condena por este montaje lo impide. También mi imagen pública ha sido dañada y he recibido violencia política, amenazas en redes… 

Pero creo que lo más importante, más allá de lo personal, son los efectos políticos de esta impunidad de los jueces que prevarican y del control por parte de la derecha del poder judicial. 

Ha recurrido la condena al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

He recurrido y he tenido la vergonzosa respuesta de ni siquiera valorar el recurso. Creo que si lo valorasen, verían la injusticia que se ha cometido. Esto sucede en numerosas ocasiones. Europa, muchas veces, responde a las decisiones de la justicia española sacándole los colores, pero hay otras tantas veces en las que la respuesta no es ni siquiera negativa, no valoran el recurso.