“Alaa representa todo lo que el régimen egipcio no es. Alaa representa la libertad, la dignidad, la democracia”. Con esa rotundidad hablaba en 2015 el abogado de derechos humanos Gamal Eid sobre Alaa Abd el-Fatah, un bloguero y activista egipcio que por entonces apenas llevaba un año en prisión. Ocho años después y tras una brevísima libertad condicional, Alaa continúa en la cárcel con nuevos cargos. El régimen parece tener claro la amenaza que representa (muestra sus abusos), y ha quedado patente durante la COP27 que estos días se celebra en un resort de lujo en Sharm el Sheikh, a orillas del mar Rojo egipcio. La COP27 era una oportunidad para Egipto y su rais, Abdelfatah Al Sisi, de mostrarse como uno de los líderes mundiales que pondrá al planeta rumbo al fin de la crisis ecosocial. Pero algo ha salido mal en la perfecta campaña de lavado de cara que el reino de los faraones había preparado en Sharm el Sheikh. Alaa Abd el-Fatah se ha convertido en el centro de la atención mediática que se ha extendido a los más de 60.000 prisioneros políticos que, según organizaciones de derechos de todo el mundo, permanecen encerrados en sus cárceles. Alaa lleva más de 200 días en huelga de hambre y, coincidiendo con el inicio de la COP27 el pasado 6 de noviembre, dejó de consumir agua. Cuatro días después de iniciar esta protesta su familia denunciaba no tener noticias de él ni pruebas de vida. El preso entrega una carta semanal a su familia. En la última anunciaba que no le importaba morir. Este era el último recurso de un hombre y una familia que han hecho todo lo legalmente posible por lograr justicia sin conseguirlo. “Alaa no está en la cárcel por el artículo [difamando a Egipto] que dicen que escribió, está en la cárcel porque nos hace creer que el mundo puede ser un lugar mejor”, afirmaba su hermana menor, Sanaa en un evento en Sharm el Sheikh a donde ha viajado desde su exilio en Reino Unido para hablar sobre la imposibilidad de que haya justicia climática sin que se respeten los derechos humanos, además de presionar para lograr la liberación de su hermano.

Alaa lleva más de 200 días en huelga de hambre y, coincidiendo con el inicio de la COP27 el pasado 6 de noviembre, dejó de consumir agua

Las consecuencias no se hicieron esperar. Sanaa, quien ha pasado en dos ocasiones por las cárceles egipcias, la última vez durante año y medio, sin haber cumplido aún la treintena, fue imprecada durante una de sus alocuciones por un miembro del Parlamento, que fue desalojado por los servicios de seguridad de Naciones Unidas. Más tarde, un abogado prorégimen la denunciaba ante la Fiscalía por difundir noticias falsas, la misma acusación que llevó a Alaa a la cárcel en septiembre de 2019. El caso de Alaa se ha convertido en el epítome de todo lo que está mal en Egipto y ha quedado expuesto ante el mundo gracias a la COP27. “Desde que empezó a hablarse de la Cumbre hubo gente que empezó a decir ‘no’ y que se debería hacer en otra parte y hacer campaña en contra, y dijimos que ‘no’. Otros querían movilizar a los activistas para boicotear y dijimos que ‘no’ porque necesitábamos la atención, la solidaridad y la camaradería…”, señalaba Hossam Bahgat, el director de la Iniciativa Egipcia para los derechos individuales (EIPR, en sus siglas en inglés) durante un acto con Sanaa Seif en la cumbre. El defensor de los derechos humanos en Egipto, que tiene prohibido viajar fuera del país, instó a los asistentes a la cumbre a ponerse camisetas o pañuelos blancos (el color que visten los convictos en las cárceles egipcias, en solidaridad con los presos políticos y con Alaa.

La alocución del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó en la estacada a los que confiaban en que el líder pidiera la liberación del activista. Antes de dirigirse a los asistentes a la COP27, se reunió con su homólogo egipcio, que hizo hincapié en que Egipto ha lanzado una estrategia nacional para los derechos humanos y desea desarrollarla.

Alaa Abd el-Fatah es el mejor ejemplo de cómo está funcionando dicho plan. El bloguero, que cumplirá 41 años el próximo 18 de noviembre, ha sido “intervenido médicamente”, lo que su familia entiende como alimentación intravenosa forzada, algo que consideran tortura. Alaa aseguró en su última carta a su familia que estaba dispuesto a morir. “Es cuestión de tiempo que Alaa muera en prisión y esto sólo acelerará el proceso”, afirmaba Sanaa Seif a su llegada a la Cumbre.

Y eso es lo que el Gobierno egipcio no puede permitirse mientras las cámaras sigan enfocando. “Tenemos experiencia en cómo empeoran las cosas después de que haya habido un pequeño éxito”, subraya Mohannad Sabry, periodista experto en el Sinaí y exiliado en el Reino Unido. “Mientras hablamos, se están buscando nuevos cargos contra mí y ni siquiera estoy en el país”, añade el periodista contra el que el régimen tomó represalias por publicar información sobre lo que estaba ocurriendo en la península del Sinaí. Sabry menciona acres de tierra arrasada con bulldozers en el norte del Sinaí donde “cientos de familias han sido desplazadas”. También cómo “las pocas zonas verdes que había en El Cairo, repartidas por la ciudad, están siendo reemplazadas por cemento”. Y habla de “la destrucción del entorno del monasterio de Santa Catalina”, un espacio natural protegido. “Egipto está quedando en evidencia ante el mundo”, dice. A menos de 100 kilómetros del lugar donde se celebra la COP27, el régimen está ejecutando proyectos turísticos que destruyen gran parte del Patrimonio de la Humanidad y el Protectorado del entorno de Santa Catalina. El Gran Proyecto de Transfiguración de Egipto que se está llevando a cabo en el entorno del monasterio “es una clara violación de las leyes y reglamentos nacionales, los tratados ambientales y de biodiversidad, así como las leyes y reglamentos de la UNESCO para los sitios considerados patrimonio mundial”, explica el periodista.

El antiguo Monasterio de Santa Catalina, ubicado en el corazón de esta localización que es patrimonio mundial, afronta unas obras de construcción que están propiciando una involución en años de conservación y una enorme inversión para proteger la frágil naturaleza del monasterio. Además, denuncia Sabry, la comunidad beduina local de Santa Catalina está siendo desplazada forzosamente ya que “sus casas se interponen en el camino de la construcción del gobierno, su cementerio ha sido demolido y sus fuentes tradicionales de vida quedarán bloqueadas por el aumento de los megahoteles y las instalaciones turísticas convencionales”. “Trastornar la vida de esta comunidad es poner en peligro directo toda la riqueza ambiental y patrimonial de la región. Y por eso, no habrá justicia climática sin derechos humanos”, concluye.

Aquellos como Sabry, que ha tenido que exiliarse para evitar la cárcel, o como Alaa Abd el-Fatah, que denuncia esos abusos del régimen, sufren las consecuencias. El periodista Matthew Cassel explicaba en su cuenta de Twitter la sensación de estar constantemente vigilados en la COP27, con policías de paisano en todas partes y haciendo fotos de los pasaportes de los asistentes. Muchos egipcios y extranjeros comparten la sensación, según Cassel, de que “si el régimen hubiera liberado a Alaa hace meses la COP27 sería mucho más exitosa”. En lugar de eso, “los derechos humanos están empezando a hacer sombra a cualquier otra cosa”.

“La situación de Alaa es un reflejo de la sociedad egipcia y la represión actual”, señala Lama Fakih, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch (HRW). Lama coincide con Bahgat en que la Cumbre del Clima es una oportunidad para los egipcios, para “hablar y tener una audiencia”, sin embargo subraya que su preocupación es “qué pasará cuando la COP se acabe”. “Los diplomáticos tienen la responsabilidad de asegurarse de que no hay represión de los derechos humanos”, afirma, “no hay modo de que abordemos los grandes desafíos climáticos a los que nos enfrentamos si la sociedad no puede participar”.