Creíamos que no ocurriría, pero hora a hora lo íbamos temiendo. El Senado no podrá tramitar la aprobación de unos artículos incluidos en el texto de una proposición de ley remitida por el Congreso, porque unos diputados del PP alegaron que sus derechos como diputados se han vulnerado por el modo en que se tramitaron esos artículos, a pesar de que el propio PP, en numerosas ocasiones, ha hecho lo mismo que ahora denuncia en términos tremendistas. Sin ir más lejos, los aforamientos que se aprobaron tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014 se aprobaron en una enmienda a una ley de racionalización del sector público. Es probable que los diputados recurrentes tengan razón y que, en general, deba evitarse la práctica de meter “morcillas” en las leyes; pero cuesta entender que esa razón sea suficiente para paralizar la tramitación de una ley, en un control preventivo del Legislativo que repugna a los principios democráticos y cuestiona la soberanía del Parlamento. Resulta evidente que el propósito último del TC no es proteger al diputado, sino evitar la entrada en vigor de la ley por sus consecuencias para el bloque derechista, que pasaría a ser minoritario.

El resultado ya lo conocen: los vocales caducados del CGPJ podrán seguir sin nombrar a los dos magistrados del TC, lo que a su vez impedirá la toma de posesión de los nombrados por el Gobierno. El bloque derechista del Tribunal Constitucional ha impuesto su decisión por 6 votos a 5, con el pronunciamiento –ilegítimo e indigno, tanto desde un punto de vista moral como jurídico– de los dos magistrados directamente afectados por la propuesta de ley.

El Gobierno sale de este choque institucional como un “pardillo”. El ministro Félix Bolaños debería ser cesado de forma fulminante por haber promovido esta chapuza y por no entender que la derecha siempre va un paso por delante y es capaz de emplear cualquier ardid para neutralizar las iniciativas que el Ejecutivo ha intentado poner en marcha para acabar con el insólito bloqueo que impone desde que perdió la moción de censura en 2018. El PP cuenta para ello con mayorías en los órganos bloqueados, gran experiencia en estas trampas y triquiñuelas jurídicas, además del apoyo granítico de los medios y analistas de la derecha. Produce sonrojo comprobar estos días en esos medios la forma tan descarada en que se evita hablar abiertamente de la anomalía constitucional que supone el bloqueo del CGPJ y el TC, convirtiendo cualquier intento de corregir esta anomalía en un “asalto” a las instituciones.

El PP ha antepuesto por encima de cualquier otra consideración su interés en prolongar lo máximo posible una “composición amiga” del CGPJ y del TC y no va a renunciar a su ventaja de ninguna manera. Busca, en todo caso, que si el Gobierno consigue superar la situación, sea achicharrándose políticamente, es decir, utilizando atajos que pueda denunciar con fingido escándalo. Lo mejor para la derecha sería que el Gobierno o las Cortes cayeran en la trampa de profundizar en el conflicto entre instituciones. En ese momento, se confirmaría su diagnóstico delirante de que Pedro Sánchez es un líder con vocación autoritaria que se ha empeñado en destrozar el Estado de derecho con tal de seguir gobernando.

Por eso, la única opción realista en estos momentos es optar por la máxima pulcritud democrática y constitucional, aunque ello le cueste críticas de los suyos por claudicación y unos meses de retraso en obtener el desbloqueo. Llegados a este punto, a Sánchez le conviene dar un paso atrás y coger impulso. No sería la primera vez que sale fortalecido de lo que parece una derrota. Como presidente del Gobierno, puede promover la retirada inmediata de las enmiendas sin discutir la autoridad del tribunal y cambiarlas por una iniciativa legal que anteponga la función constitucional del TC y el CGPJ a su colonización partidista. Hay tiempo para regalárselo a los españoles, y lideraría un proyecto regenerador que podría encontrar un apoyo, incluso electoral, en una franja de la ciudadanía atónita, cansada de estas guerras partisanas, y todavía con memoria del desastre que supone una democracia sin esqueleto institucional. Poco tiene que perder la izquierda con un movimiento así, salvo tiempo.

La gravedad de la crisis institucional en marcha no debe ser minimizada. Ante la insólita decisión de paralizar la actividad legislativa de las Cortes sin ni siquiera oírlas, una eventual mayoría militante del TC puede, a partir de ahora y a petición de un diputado, interrumpir el ejercicio de la potestad legislativa. No sería malo, para evitar tentaciones futuras, que en la nueva iniciativa parlamentaria que el Gobierno o los grupos que le apoyan vayan a presentar, incluyan una reforma más de Ley del Tribunal Constitucional: que la facultad de suspender por vía cautelar actos o decisiones recurridas en amparo no pueda afectar a la actividad legislativa. Retirarse de batallas mal diseñadas es ahorrar fuerzas para la guerra. Y más en una como ésta, donde al adversario no le importa convertirse en agente golpista con tal de ganar –o retener– un palmo de poder.