El pasado 8 de noviembre zarparon desde Boumerdès (Argelia) dos embarcaciones con 47 tripulantes en dirección a la isla balear de Cabrera. Este es solo el último de los casos de embarcaciones desaparecidas denunciado por la ONG Ca-minando Fronteras. En total, al menos 11.522 personas murieron intentando llegar a tierra durante el último lustro, según el informe Víctimas de la necrofrontera 2018-2022. Por la memoria y la justicia, realizado por esta misma asociación.

Partiendo de la actualización de la base de datos del Observatorio de Derechos Humanos en la Frontera Occidental Euroafricana, la ONG señala que, de media, seis personas pierden la vida al día intentando cruzar la frontera. Una tendencia que parece ir en aumento. 2.390 personas murieron durante el año 2022. Esta cifra, ligeramente superior a la de 2020 (2.384), concuerda con la dramática tendencia de los últimos cinco años en todas las rutas, tanto marítimas como terrestres, de acceso a Europa por el Estado español. Cabe destacar 2021 como año fatal en el que fallecieron 4.639 personas, situación vinculada directamente con el aumento del uso de la ruta canaria. Trayecto entre las costas occidentales del norte de África y Canarias en el que en 2022 murieron 1.784 víctimas.

El informe, además, resalta la invisibilización de la ruta argelina, entre las costas del levante español y las Islas Baleares y el norte de Argelia, en la que al menos 464 personas han perdido la vida en 2022. Casi un tercio de los 1.583 fallecidos desde 2018. A esto cabe añadir un “interés oculto” en demorar la notificación de embarcaciones desaparecidas que, sumado a la distancia y peligrosidad de la ruta y a la omisión de rescates, coloca a las personas migrantes procedentes de Argelia y a sus familias en una situación de especial vulnerabilidad.

El 91,42% de las víctimas de las rutas migratorias fallecen sin que sus cuerpos sean jamás encontrados, lo que provoca que algunos Estados nieguen deliberadamente la existencia de algunos naufragios y causen un impacto terrible para las familias de los fallecidos, tanto por las implicaciones legales como psicológicas.

Este informe también resalta la violencia que sufren las mujeres y la infancia migrante y desgrana las cifras de víctimas mortales en 2022: 288 mujeres y 101 niñas y niños. Si hablamos de los últimos cinco años, estas cifras se disparan hasta al menos 1.273 mujeres y 383 menores. La ONG destaca que las cifras de adolescentes que migran suelen ser mucho más altas que las oficiales, bien porque son considerados mayores de edad por hacer el camino migratorio solos o porque simplemente no hay un reconocimiento de esta infancia en muchos de los países.

El colectivo Ca-minando Fronteras hace un llamamiento a la necesidad de denunciar cómo perder la vida en las fronteras se ha normalizado en los discursos políticos europeos de control migratorio. Entre las prácticas de los Estados y la UE destacan que la justicia europea ha actuado en varias ocasiones fuera de la legalidad, no entrando a investigar delitos relacionados con la demora u omisión del deber de socorro, la implementación de instrumentos de represión cada vez más mortíferos, en muchos casos inhumanos e ilegales, y la negación de derechos humanos básicos.

Entre las flagrantes violaciones de derechos en las fronteras, la ONG destaca los hechos sucedidos en la valla entre Melilla y Nador del pasado 24 de junio. 40 personas perdieron la vida en un suceso que implicó la utilización de medios atroces por parte de la policía española y marroquí, entre ellos armas de fuego. A finales de 2022, la Fiscalía española archivó la investigación de la tragedia y comunicó que ni en la actuación de los agentes ni en las devoluciones en caliente se aprecian indicios de delito, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigía continuar con la investigación y que algunas de las pruebas conocidas lo contradicen.

El informe avisa de que el uso de la población migrante como “moneda de cambio” en las relaciones de España con Marruecos y Argelia no hace más que provocar la deshumanización de las víctimas, arrastrando a estas comunidades a rutas aún más peligrosas, como la atlántica, e invisibilizar a las víctimas según los intereses o acuerdos vigentes.