Las personas que componen el consejo de administración de Ferrovial han anunciado que trasladan su sede social a Países Bajos, pero en realidad hace ya bastante tiempo que se fueron. Ellos y su empresa no se sienten ni forman parte de nuestra comunidad. Solo buscan ampliar su beneficio caiga quien caiga y, si había alguna duda, nos acaban de dejar claro que nosotros somos un asunto más entre el aeropuerto de Heathrow y el de Glasgow, una línea más en su cuenta de resultados. Siguen siendo personas, pero no como el resto, el mal del tío Gilito –el atesoramiento como fin en sí mismo– les ha hecho algo inhumanos. Como una especie de inteligencia artificial. El algoritmo de la acumulación de beneficios guía sus acciones.

Pruebas de esta deserción de nuestra comunidad las publica El País. Ferrovial solo ha pagado impuestos en tres años de la última década. En los seminarios de la Agencia Tributaria se pone a esta empresa y a la familia que la dirige como paradigma de la ingeniería fiscal y financiera. Desgraciadamente no es un fenómeno aislado, las grandes empresas hace tiempo que desertaron del sostenimiento de lo común. Por ejemplo, los mayores grupos del sector de la construcción, aquellos con una cifra de negocio superior a 500 millones, nunca han pagado más del 2% de sus beneficios en el impuesto de sociedades desde 2016. Y aquellos que ingresan más de 1.000 millones pagan menos del 1%.

Ferrovial solo ha pagado impuestos tres años en esta década. Las grandes constructoras pagan menos del 2% de sus beneficios 

Esta actitud gorrona es común a los grandes grupos empresariales en todas las ramas de actividad. Detrás de ello está el hecho de que las multinacionales han escrito las reglas de la globalización a su medida. Consiguieron que los beneficios obtenidos en el extranjero quedaran exentos cuando los repatriaban (en España lo están al 95%), a pesar del desempleo que generaron con la deslocalización de su producción y las deducciones que se aplicaron en el impuesto sobre sociedades para financiar la internacionalización. La deserción de las grandes empresas del sostenimiento de lo común debería movilizarnos como comunidad porque el algoritmo que las guía es insaciable y ya no tiene suficiente con que asumamos que no van a contribuir. Ahora, frente a la reglobalización, desde la Comisión Europea se lanza el mensaje de que hay que subvencionar a las grandes empresas para que no se vayan a Estados Unidos. Posiblemente terminemos haciéndolo y nada impedirá que se larguen con el riñón forrado de subvenciones, como ha hecho Ferrovial tras los muchos apoyos y negocios que ha hecho a costa de los Presupuestos Generales del Estado español.

Pero, ¿quién nos asegura que desfiscalizar o subvencionar a las grandes corporaciones será suficiente para calmar al algoritmo inhumano de acumulación constante de capital con el que están programadas? A las guaridas fiscales que promueven la competencia tributaria entre países dentro de la Unión Europea (Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre) podrían sumarse iniciativas para eliminar el salario mínimo, las indemnizaciones por despido o recortes en las pensiones para aumentar las subvenciones a empresas. Esto no es una hipótesis, son políticas que ha puesto en práctica el Partido Popular en España con la reforma laboral de 2012, que recortó las indemnizaciones por despido y desniveló aún más el poder de negociación en favor de las empresas; o con la reforma de las pensiones de 2013 que recortaba el poder de compra de las pensiones un 30%.

Ferrovial es una anécdota en un sistema obsoleto que requiere un profundo reseteado

Ferrovial, como se ve, es una anécdota en un sistema obsoleto que requiere un profundo reseteado. Pero antes de entrar a pensar cómo sanear el código de programación de las grandes corporaciones, merece la pena hacer un paréntesis en el argumento dado por el consejo de administración de Ferrovial para terminar de largarse: la inseguridad jurídica ¿Qué han querido decir con esto? España es uno de los países más ricos del planeta, una de las cuatro grandes economías de la Unión Europea y la calidad de su democracia es indiscutible, aunque es cierto que hay problemas graves para la renovación de los órganos de dirección del Poder Judicial por la cerrazón del primer partido de la oposición. ¿Será esto lo que temen los dueños de Ferrovial?, que se renueven las altas salas de la judicatura, que la Audiencia Nacional cambie de personas y criterio, y en el futuro ya no libre a las grandes constructoras –como hizo recientemente– de la sanción que les impedía acceder a 30.000 millones en contratos públicos por haber amañado las licitaciones para obras públicas durante un cuarto de siglo, entre 1992 y 2017.

¿Serán los recientes impuestos sobre los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas? Aunque no afectan a Ferrovial, ¿habrán encendido el piloto rojo de “cuando el beneficio de tu vecino veas cortar” en el salpicadero de amenazas democráticas del puente de mando de la constructora? Solo hay que ver la reacción de banqueros y magnates de petroleras y eléctricas que –salvo honrosas excepciones– han salido en tromba a criticarlos, ¡a pesar de que se giran sobre unos beneficios que obtienen gracias a una guerra! Y no se han detenido ahí, han llevado estos impuestos a los tribunales en un ejercicio de desfachatez y codicia que quedará para los anales de la historia del gran empresariado de este país. O tal vez de Países Bajos, si cunde el mal ejemplo.

Ferrovial tiene en España su tercer mercado y el 18% de su cifra de negocio, es decir, nuestro país sigue siendo una fuente de beneficios que el programa de atesoramiento no puede descuidar. La comunidad de la que Ferrovial obtiene pingües beneficios podría hartarse y exigir en las siguientes elecciones que las grandes aportaran al erario público en función de su capacidad de pago de manera permanente. Esto claramente es un riesgo de inestabilidad jurídica, no como la entendemos usted y yo, sino como la entienden estos señores: cualquier cambio regulatorio o en los administradores de la regulación que pueda recortar su beneficio. Decir que se van por inestabilidad jurídica es un claro gesto político con el que el consejo de administración de Ferrovial entra en la campaña de un año muy electoral. El mensaje es claro: con este gobierno “los que generamos riqueza” nos tenemos que ir, aunque sea falso y hace años que se hayan ido; da igual. Es un gesto político necesario para preservar la cuenta de resultados y que obliga a bajar a la arena a señores que arreglan sus cosas en despachos.

El riesgo de inestabilidad jurídica como la entienden estos señores: cualquier cambio regulatorio que pueda recortar su beneficio

En cualquier caso, no hay mal que por bien no venga. El caso de Ferrovial debe servir como acicate al Gobierno de España para promover cambios cuando presida el Semestre Europeo durante la segunda mitad del año. La nueva gobernanza fiscal europea, por ejemplo, será el marco ideal para avanzar en la armonización de la tributación de las grandes corporaciones en la UE. En este nuevo marco fiscal la Comisión propone establecer techos de gastos en los presupuestos de los Estados. España debería añadir que también se fijen suelos de ingresos, que garanticen una contribución fiscal suficiente y un impuesto mínimo de sociedades común del 15% sobre el beneficio contable para evitar el dumping fiscal entre países y la aparición de guaridas fiscales dentro de la Unión. No es de recibo que algunos Estados exijan a otros cuentas públicas saneadas y al mismo tiempo se especialicen en agujerear la base imponible del impuesto de sociedades para atraer empresas de los demás territorios. La mejor manera de superar las curvas que vendrán cuando se termine la fase de respuesta expansiva a la actual crisis y empiece el ajuste en las cuentas públicas es, precisamente, disponer de una estructura tributaria sólida donde las grandes empresas no puedan quedar fuera del esfuerzo colectivo.

La devolución de las ayudas públicas recibidas y los impuestos de salida deben servir como cierre de la política de normalización de la contribución de las grandes corporaciones al sostenimiento de lo común. Este esquema, de hecho, va a ganar protagonismo en la política de autonomía estratégica hacia la que se mueve la UE. Si las empresas ubicadas en áreas críticas van a recibir importantes subvenciones públicas de manera permanente, no parece de recibo que luego puedan deslocalizarse a Estados Unidos por la simple decisión de su consejo de administración. De la misma manera, los movimientos de las empresas dentro del Mercado Interior, que están amparados por la libertad de establecimiento, en el caso de las grandes corporaciones deben estar justificados por cuestiones productivas u organizativas y no ser una carta blanca, al igual que ocurre con el resto de libertades, que están sujetas a requisitos. Por ejemplo, la libre circulación de personas está restringida a noventa días a partir de los cuales se debe tener un trabajo o disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida, así como estar cubiertos por un seguro de enfermedad. Las empresas, sin embargo, pueden hacer lo que quieran, que siempre serán recibidas con los brazos abiertos, aunque sea a costa de otro Estado miembro.

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Carlos Martín Urriza es director del Gabinete Económico de CC.OO., profesor de la UAH y consejero del CES de España.