Los esfuerzos de los Estados para proteger a su ciudadanía de las consecuencias de la covid-19 han sido examinados en un informe publicado por Oxfam. Su valoración se apoya en el índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (CRI), que evalúa en qué grado se están tomando medidas para reducir las desigualdades en 161 países del mundo. Para ello, toma como referencia tres elementos: el gasto social, la fiscalidad y el empleo. El equipo de investigadores e investigadoras se ha centrado en el periodo 2020-2022 porque la incidencia de las crisis sanitaria y económica propiciadas por la pandemia configuró un contexto en el que las medidas de protección social fueron priorizadas en los discursos de muchos gobiernos. Así, el informe trata de desvelar si esa importancia se trasladó también a las políticas públicas.

Antes de dar paso a la profundización que se hace de cada una de las tres patas de la lucha contra la desigualdad, cabe reseñar una advertencia que se explicita en las primeras páginas del documento. El hecho de que las clasificaciones de las diferentes variables del índice CRI estén encabezados mayoritariamente por países de rentas altas puede explicarse, entre otras cosas, por la “crisis de la deuda”. Como demostración, durante el año 2021, los Estados de renta baja y media-baja dedicaron un 27,5% de sus presupuestos al pago de deuda. La cifra gana dimensión si se compara con el dinero movilizado para la reducción de la desigualdad: es el doble del gasto promedio en educación, cuatro veces el gasto promedio en salud y casi doce veces el gasto promedio en protección social.

El primero de los elementos examinados es el gasto en servicios públicos, que incluye la educación, la sanidad y la protección social. Entre 2020 y 2022, el índice CRI muestra un decrecimiento de un punto porcentual en la asignación presupuestaria promedio dedicada a estas partidas. Más concretamente, solo 19 de los 161 países realizaron un incremento de un 5% o superior, mientras que más de la mitad de ellos llevaron a cabo recortes.

Sin embargo, no todo son malas noticias, puesto que a pesar de que el gasto social se haya reducido, ha habido un pequeño incremento en el impacto que los servicios públicos tienen en la reducción de las desigualdades (del 18,4% al 19,4%) en el trienio examinado. La explicación es sencilla: debido a que el PIB se ha hundido en muchos países, incluso una caída en la dotación presupuestaria en sanidad o educación puede significar una mayor dedicación a estos servicios en relación con el PIB.

En cuanto a la fiscalidad, la recesión provocada por la covid-19 combinó dos factores que apuntaban directamente a la subida de tipos impositivos en los tramos más altos como una medida necesaria: por un lado, la recaudación fiscal directa del consumo se derrumbó y, por el otro, los beneficios de las grandes fortunas se dispararon. No obstante, el índice CRI demuestra que prácticamente todos los Gobiernos (143 de 161) dejaron intactos los impuestos de las personas más ricas; además, 11 países aplicaron rebajas fiscales a las élites económicas y 22 redujeron la presión impositiva a las empresas.

De forma paralela a este trato de favor a las grandes fortunas, la ciudadanía soportaba cada vez mayores apuros para hacer frente a gastos mínimos como la electricidad o la alimentación. Un problema que podría reducirse aliviando el peso de instrumentos fiscales regresivos como el IVA; sin embargo, el informe concluye que “apenas se han producido cambios” en este sentido.

En términos generales, el índice CRI evidencia el carácter regresivo de los sistemas fiscales estatales, cuya incidencia supone un incremento de la desigualdad de un 1,5%.

Por último, el documento analiza las políticas sobre derechos laborales. Para ello, hace alusión a algunas cifras obtenidas por la Comisión Sindical Internacional (CSI) que muestran un grave impacto de la pandemia de covid-19. Un 87% de los países analizados vulneraron el derecho a huelga, un 79% lo hicieron con el derecho a negociaciones colectivas y un 74% con la libertad de asociación sindical. Los salarios mínimos también se han visto reducidos tras esta crisis, pasando de representar el 50% del PIB al 47% entre 2019 y 2022.

La nota positiva la ponen las políticas por la igualdad de género en el ámbito laboral, con leyes contra la discriminación de género en 154 de los 161 países, regulación sobre igualdad salarial en 145 y legislación contra el acoso sexual en 137.

En definitiva, el documento afirma que los resultados arrojados por el índice CRI ponen de relieve que “la desigualdad es una elección política” y, por lo tanto, que “la mayoría de los países (...) no están actuando” para paliarla.