Este pasado viernes, desde Podemos, hemos presentado públicamente un paquete de medidas urgentes –un plan de contingencia, podríamos decir– para proteger a los pequeños y medianos productores del sector primario de la sequía y para proteger también al conjunto de la población, y especialmente a las personas más vulnerables, de las olas de calor y las altas temperaturas. Hemos querido llamar a ese paquete de medidas Escudo Climático. Ha sido para mí un placer coordinarlo junto con las mejores cabezas de Podemos en esta materia. En las siguientes líneas pretendo resumir brevemente su filosofía, los principios que lo sustentan y las medidas principales propuestas.

En primer lugar, debemos establecer que existen ciertos eventos, ciertos procesos, que tienen la capacidad de alterar gravemente el funcionamiento de nuestras sociedades, de nuestra economía y, por tanto, de nuestras vidas. Estos eventos, que, a falta de un nombre mejor, podemos denominar “crisis” –en plural–, son enormemente disruptivos y tienen la capacidad de poner en riesgo nuestra seguridad a todos los niveles, nuestros proyectos de presente y de futuro e incluso nuestra salud mental. Estoy pensando en la crisis financiera de 2008, en la pandemia por covid, en la erupción del volcán de La Palma, en la guerra de Ucrania o en el tema que nos trae aquí hoy –y, posiblemente, la madre de todas las crisis–: el calentamiento global.

Hay que tener claro que todas las crisis tienen una característica común: su impacto siempre afecta de manera desproporcionada a los de abajo

Algunas de estas crisis –la mayoría– son provocadas por la propia actividad humana, por una muy defectuosa y muy irresponsable organización de la sociedad. Pero otras, como la erupción de un volcán, pueden tener su origen en causas que no somos capaces de controlar. En el primer caso, tenemos la posibilidad y la obligación de abordar las causas humanas de la crisis para eliminarlas (pensemos, precisamente, en la transición energética para luchar contra las causas de origen humano del calentamiento global). En el segundo caso, no podemos actuar sobre las causas porque escapan a nuestro control. Pero, en ambos casos, tenemos la capacidad de poner en marcha medidas de forma colectiva para limitar el impacto de estos eventos. Y hay que tener siempre muy claro que todas las crisis tienen una característica común: su impacto –al menos, si no hacemos nada o hacemos poco– siempre afecta de manera desproporcionada a los de abajo, a las personas con menos recursos, a la gente trabajadora. En las crisis, los de arriba, el 1% de personas más pudientes y privilegiadas, normalmente se libran... y, en muchas ocasiones, además se forran. Por eso, el primer elemento indispensable a la hora de diseñar un paquete de medidas como el que presentamos hoy es tener clara la brújula moral que las guía y que no debe ser otra que la justicia social.

En segundo lugar, es fundamental para abordar una crisis tan grave como es la del calentamiento global –o cualquier otra– el disponer de un análisis correcto y certero respecto de su estructura, de sus causas últimas y también –cuando sea el caso– de sus responsables con nombres y apellidos. Yo soy científico y he descubierto algo que es igualmente cierto en ciencia y en política: es absolutamente imposible resolver un problema sin tener previamente un análisis así. 

Pero, en política, la verdad no solamente tienen que informar nuestros análisis. Además, hay que enunciarla públicamente. Hay que decirla. Primero, porque somos representantes públicos y –solamente por ello– tenemos la obligación de decirle la verdad a la gente. Pero también porque es imposible poner en marcha medidas de alcance estructural sin que se produzca el correspondiente debate público. Especialmente, cuando esas medidas ponen límites a los privilegios de los poderosos. Ya que controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación y esto hace que –como un mecanismo casi automático– se dispare con violencia contra cualquiera que se atreva a proponer una medida de ese tipo y se intente destruir su reputación a través de ataques, manipulaciones, difamaciones y mentiras para así impedir que pueda conseguir su propósito. Por eso, el tercer elemento para poder resolver eficazmente una grave crisis, además de la brújula moral y de informar los análisis previos con la verdad, es tener la valentía de decirla... y, en un segundo y muy importante paso, tener la valentía también de resistir los ataques cuando llegue el momento de implementar las medidas de forma materia.

Pensemos en la guerra de Ucrania, por poner un ejemplo en un ámbito completamente distinto. Es evidente que cualquier conflicto armado acaba en un acuerdo de paz y la única pregunta es cuánto tarda en llegar. Es evidente también que cualquier persona progresista debería estar en contra de las escaladas bélicas y es evidente que esta guerra no está beneficiando a nadie, por lo menos a este lado del Atlántico. Para poder resolver una crisis como esta, estas verdades hay que decirlas. Y también hay que señalar correctamente a los culpables. Por supuesto, el dictador de extrema derecha Vladimir Putin. Pero también Estados Unidos y su interés de prolongar el conflicto para avanzar sus intereses económicos y de control político y militar de la Unión Europea a través de la OTAN. Quien no introduzca este segundo elemento en su análisis, no dispondrá de un análisis certero e informado de la verdad y será, por tanto, incapaz de resolver el problema. Ahora vemos que el presidente Lula defiende un alto el fuego y una paz negociada en Ucrania. Y vemos cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero escribe un artículo de opinión en El País diciendo “Escuchemos a Lula da Silva”. Sin embargo, cuando Ione Belarra empezó a decir lo mismo hace ya un año, todos los cañones –desde la ultraderecha a la progresía mediáticas– le empezaron a disparar con verdadero furor bélico otanista. Pero Ione Belarra hizo justo lo que una verdadera líder política tiene que hacer: decir la verdad. Si nos ponemos de perfil, si no decimos la verdad con valentía, no vamos a poder terminar con la guerra de Ucrania. Y lo mismo ocurre con todas las crisis.

¿Alguien piensa que se puede resolver la crisis de la vivienda sin hablar a las claras de los fondos buitre que especulan con un bien básico?

¿Alguien piensa que se puede resolver la crisis de la vivienda sin hablar a las claras de los fondos buitre que especulan con un bien básico –con un derecho humano– o sin mencionar que el jefe de una de las patronales inmobiliarias más poderosas es Joan Clos, un exministro del PSOE? ¿Alguien piensa que habríamos conseguido aprobar la primera ley de vivienda de la democracia –como ocurrió el pasado jueves– si la secretaria general de Podemos no se hubiera pasado dos años señalando a los buitres que expolian a la gente trabajadora con los alquileres? Hay que tener la inocencia política de un niño de cinco años para no entender esto. Lo que otros llaman “ruido”, nosotros sabemos que no es otra cosa que decir las verdades con valentía como condición indispensable para mejorar la vida de la gente.

Y lo mismo sucede con el tema que nos ocupa aquí. Estamos viviendo simultáneamente la peor sequía de los últimos años y el mes de abril más cálido en décadas. Estos dos elementos no son más que síntomas coyunturales de una crisis muchísimo más grande –como ya he comentado–: el calentamiento global. Pero, si bien la crisis mayor requerirá una planificación en el medio y largo plazo que ya estamos abordando, tenemos también la obligación de evitar aquí y ahora que estas dos consecuencias del calentamiento global que ya tenemos encima –la sequía y las demasiado frecuentes olas de calor– no tengan un impacto desproporcionadamente negativo en el conjunto de nuestra población y muy especialmente en las capas más vulnerables y en el tejido productivo pequeño y mediano que tiene una mayor vulnerabilidad económica al tener un menor músculo financiero. Para el conjunto de la población, la sequía y las olas de calor suponen un problema grave, pero en el caso de estos sectores, directamente se trata de una emergencia.

Y, de nuevo, esas emergencias no se podrán abordar con eficacia –no se podrá diseñar medidas eficaces pero tampoco se alcanzará la correlación de fuerzas sociales para poder implementarlas– sin una brújula moral clara, sin un análisis certero y sin decir la verdad con valentía. 

No se podrá resolver el problema de la sequía sin decir, por ejemplo, que, en un contexto de calentamiento global, en España, estamos gastando un agua que no tenemos, sin decir que alrededor del 90% del gasto de agua se produce en el sector primario y que cada vez hay más fondos buitre plantando variedades como el olivar –que toda la vida hemos cultivado en secano– en regadíos hiperintensivos en consumo de agua y acaparando derechos de riego que deberían ir a los pequeños y medianos productores españoles de la agricultura tradicional y familiar. Por eso proponemos una moratoria sobre la apertura de este tipo de regadíos hiperintensivos y también que se les limite el suministro de agua durante las sequías para que ningún pequeño o mediano productor tenga que sufrir restricciones. Lo mismo proponemos que se haga con las macrogranjas de ganadería intensiva –que requieren un gran gasto de agua y contaminan los acuíferos debido a los purines–, realizando una moratoria a la apertura de nuevas instalaciones y con exhaustivo control del suministro de agua y la evacuación de residuos en aquellas macrogranjas ya existentes.

Tampoco se podrá resolver el problema de la sequía sin decir que un millonario puede gastar cada día cientos de veces más agua que una sola persona trabajadora

Tampoco se podrá resolver el problema de la sequía sin decir que un millonario puede gastar cada día cientos de veces más agua que una sola persona trabajadora, sin decir que no es lo mismo tomar un vaso de agua o darse una ducha que regar un campo de golf o llenar una piscina privada. Por ello, en cuencas que se encuentren en situación de sequía, proponemos interrumpir el suministro de agua para este tipo de usos que no cubren necesidades básicas de la ciudadanía o del sector primario.

Al mismo tiempo, y al existir numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas que ya se encuentran en una situación económica muy difícil por haberse visto afectada su producción por la grave sequía que padecemos, como los cereales y otros cultivos que se han visto arruinados por la escasez de lluvias primaveral, es fundamental que el Gobierno aumente las partidas de ayudas directas y de líneas de crédito y garantice la adaptación de las reglas de la PAC para que no se deje caer financieramente a ningún pequeño o mediano productor. En particular, debe incluirse la sequía como causa de fuerza mayor en la legislación, al nivel de las declaraciones de zonas catastróficas y la habilitación extraordinaria para que los pequeños y medianos ganaderos puedan aprovechen aquellas plantaciones que ya se sabe que se van a perder para que los animales puedan consumirlas a diente.

Evidentemente, y en paralelo a estas acciones de emergencia, se debe reforzar y acelerar la puesta en marcha de medidas a medio plazo para incrementar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos. Entre ellas se debe incluir el aumento de las plantas desaladoras en el incremento de las partidas y ayudas para la mejora, mantenimiento y modernización de los sistemas de riego, el fomento de la sustitución de cultivos más intensivos en agua por otro que lo sean menos, la investigación científica en variedades resistentes a la sequía, la reducción de pérdidas en los sistemas de canalización o el incremento del esfuerzo en infraestructuras de recuperación y depuración de aguas. Son cambios estructurales y a medio plazo, pero los esfuerzos deben ser redoblados en esta materia para que la próxima emergencia no llegue a resultar tan grave.

Una de las consecuencias más graves de la sequía y del empeoramiento de las olas de calor es el aumento significativo del riesgo de incendios

Hay que decir también que una de las consecuencias más graves de la sequía y del empeoramiento de las olas de calor es el aumento significativo del riesgo de incendios. Por eso, proponemos también que forme parte del plan de contingencia de Escudo Climático el refuerzo inmediato de los recursos materiales y humanos de los servicios de extinción de incendios y protección civil. Dada la situación de calentamiento global en la cual está inmerso el planeta, este aumento de recursos humanos y materiales no sería coyuntural sino estructural, y debería darse los doce meses del año acompañado de una dignificación y estabilización de la situación laboral de las personas que se juegan la vida para proteger nuestro medio natural y nuestros pueblos como hacen los bomberos forestales.

Para abordar la segunda emergencia provocada por el calentamiento global –las cada vez más frecuentes olas de calor y el aumento de la temperatura media cada año–, también hay que decir algunas verdades. La fundamental: que las diferencias socioeconómicas hacen que todo –un calor excesivo también– afecte a las personas de forma muy diferente, agravando, como es normal, los problemas cuando se dispone de menos recursos. En los informativos nos dicen que las olas de calor pueden afectar gravemente a la salud de niños, de ancianos y también de personas con una patología previa. Pero lo que no nos dicen, y todo el mundo sabe que también es verdad, es que es mucho más fácil que mueras debido a un golpe de calor si vives en una casa vieja y mal aislada en un barrio popular de Zaragoza y no tienes dinero para poner un aire acondicionado que si vives en un piso de 300 metros en el barrio de Salamanca. Las medidas de adaptación que proponemos han sido diseñadas teniendo en cuenta este hecho evidente.

No podemos volver a ver cómo fallece un trabajador porque hacía su faena en la calle a 40°C

Por ello, proponemos en primer lugar la limitación de la jornada de trabajo de aquellas personas que trabajan en la calle o en el exterior, como barrenderos, jardineros, repartidores, trabajadores de la construcción o del campo. En concreto, proponemos prohibir que se trabaje en la calle o en el exterior entre las doce del mediodía y las seis de la tarde durante una ola de calor, así como en cualquier otro momento del día si la temperatura supera los 35˚C. Y, obviamente, se ha de obligar a las empresas y administraciones a proporcionar a estos trabajadores un equipamiento adecuado para las altas temperaturas. No podemos volver a ver cómo fallece un trabajador porque hacía su faena en la calle a 40°C con un traje de poliéster como sucedió recientemente en Madrid.

Proponemos que se establezca la obligación legal de contar con equipos de aire acondicionado en todos los establecimientos educativos, centros de salud y hospitalarios

Asimismo, proponemos que se establezca la obligación legal de contar con equipos de aire acondicionado –o sistemas más eficientes energéticamente como aspersores de refrigeración o ventiladores, cuando esto sea suficiente para mantener una temperatura compatible con la salud– y que estos estén debidamente mantenidos para su correcto funcionamiento en todos los establecimientos educativos (incluyendo escuelas infantiles), centros de salud y hospitalarios, centros de día, centros de atención para personas sin hogar, residencias de ancianos y vehículos del sistema de transporte público. No puede ser que las altas temperaturas y las olas de calor provoquen problemas de salud a los usuarios de estos sistemas, muchos de ellos personas vulnerables, o incluso que se produzca la paralización del proceso educativo durante periodos que, debido al calentamiento global, van a ocupar cada vez más días al año. Y tampoco puede ser que aceptemos como normal la discriminación por cuestión de clase económica que supone que el transporte privado, los colegios privados o las clínicas privadas sí tengan, al menos en mayor medida, sistemas confortables de refrigeración, pero estos falten en el sistema público.

Proponemos también que se prohíba la tala de árboles por parte de las administraciones públicas (para que lo que ha hecho en estos años José Luis Martínez Almeida se convierta en ilegal), que se monitoricen las calles más calientes en las ciudades grandes y medianas para limitar el tráfico en las mismas o qué se habiliten “refugios climáticos” (lugares frescos y bien ventilados; bibliotecas, centros cívicos, convenios con locales privados, etc.), a los que se permitirá el acceso a todas las personas y en las horas centrales del día y donde se proporcionará hidratación de forma gratuita, con las personas en situación de sinhogarismo o infravivienda con acceso prioritario.

Por último, y como en el caso de la sequía, las medidas que acabamos de detallar suponen un plan de choque de urgencia para abordar el excesivo aumento de la temperatura que ya estamos viviendo esta primavera y que seguramente será todavía peor durante el verano. Como es evidente, al mismo tiempo que se aborda lo urgente, se debe incrementar el esfuerzo en el diseño, planificación y puesta en marcha de las medidas más estructurales, más lentas y enfocadas a medio y largo plazo. Estamos pensando, por ejemplo, en revegetar los espacios urbanos, crear zonas de sombra o extender la red de refugios climáticos para que todo el mundo tenga uno a menos de 200 metros durante el día. O extender a las personas vulnerables los planes de rehabilitación que afectan al aislamiento térmico de las viviendas mediante programas en los cuales no haga falta adelantar el dinero y se cubra el 100% de la actuación. 

Si tenemos clara la brújula moral, si partimos de análisis certeros y basados en la verdad, si además decimos estas verdades públicamente con valentía para así poder ganar la batalla de la correlación de fuerzas, se puede levantar un Escudo Climático que proteja a la mayoría de las consecuencias inmediatas del calentamiento global, como ya levantamos un Escudo Social que ha protegido a millones de compatriotas de las consecuencias de una epidemia y de una guerra en suelo europeo. Se puede, es nuestra obligación y es urgente hacerlo.