Y la cosa es que servidora nunca tuvo patio en su casa, como tal.

Pero haciendo un poco de memoria recuerdo la casa de mis abuelos, donde el patio lo formaban los prados y montes asturianos que me encontraba al abrir la puerta de la calle. Años más tarde, las explanadas y parques cercanos al edificio donde vivía con mi familia se convirtieron en patios gigantescos, con las infinitas posibilidades que visualizas cuando eres una cría.

Hoy en día y desde la mirada adulta, me doy cuenta de que ambos escenarios no tenían precio por la forma en la que podíamos disponer de los espacios, porque creaban hogar y aquellos patios se convertían en una prolongación de tu casa.

La casa, el espacio más seguro de todos. O así debería ser siempre. 

Ahora, el acceso a la casa propia se ha convertido en un camino lleno de obstáculos y, en muchas ocasiones, hasta de desesperanza y angustia.

Ya es de sobra conocido el estado actual del mercado de la vivienda libre en una ciudad como Madrid: en el caso del alquiler, la escasez de oferta frente al exceso de demanda es caldo de cultivo para la especulación y el abuso, aliñado por los salarios precarizados de buena parte de los demandantes de vivienda; todo esto provoca que la necesidad de este bien básico sea un instrumento poderoso en manos de unos pocos. Como para pocos queda reservado el acceso a la propiedad, ya que para conseguir financiación y préstamos hay que demostrar que se tiene dinero. 

Y aquí no acaba la cosa.

La situación seguirá agravándose mientras el derecho a la vivienda y a la propiedad privada interactúen sin ninguna pauta conciliadora efectiva

Como siempre, los más vulnerables son los peor parados, y en este caso se convierten en estoicos supervivientes a esperas eternas y burocracias infinitas para acceder a una vivienda pública; sí, aquella que dicen que está protegida por el Estado del bienestar para proveer a los ciudadanos del derecho a la vivienda digna.

Aquella, digo, es la misma que se ha visto desangrada por las autoridades que en su día las promovieron, dándose golpes de pecho por su buen hacer con la ciudadanía, para tiempo después venderla a precio de saldo a fondos de inversión, desvirtuando la razón de ser de la vivienda protegida y destrozando las vidas de cientos de familias.

La normalización de esta situación no la hace menos insostenible y dramática, todo lo contrario, seguirá agravándose mientras el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada interactúen en el mercado libre sin ninguna pauta conciliadora efectiva, provocando además daños colaterales como la okupación, que por más que nos lo quieran presentar como el problema principal, no es la enfermedad sino un síntoma.

Y así las cosas en el Madrid que a muchas nos duele, llega la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales y nuestros ilustres mandatarios se ponen los vaqueros, se remangan las camisas y adoptan el modo campechano para anunciar (unos) y criticar (otros) a bombo y platillo una nueva ley de vivienda que, prácticamente, viene a ser como el maná que cayó del cielo.

Unos y otros parecen haberse dado cuenta ahora de la situación delirante del acceso a la vivienda, de las cifras de desahucios de alquileres sin alternativa habitacional que, según informe del Consejo General del Poder Judicial publicado en marzo de 2023, superaron los 3.000 sólo en la ciudad de Madrid durante el año 2022.

Las cifras de desahucios de alquileres sin alternativa habitacional superaron los 3.000 en Madrid durante 2022

También parece que acaban de conocer la lucha de las 1.080 familias cuyas viviendas públicas, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), fueron vendidas a fondos de inversión (más conocidos como “fondos buitres”) por decisión del entonces Ejecutivo municipal de Ana Botella, en el verano de 2013; casi 10 años después, algunas de esas familias perdieron las casas que les fueron adjudicadas legítimamente, otras siguen con el alma en un puño, con la esperanza de que los tribunales les permitan quedarse en sus hogares en condiciones dignas.

Que igual sus señorías no están al tanto de estos asuntos, por andar despachando otros más acuciantes, como solicitar a su favor el bono social térmico para consumidores vulnerables. Que lleva su tiempo, no crean.

Así que, de nuevo, toca respirar hondo y pensar que nunca es tarde si la dicha es buena, sobre todo aprovechando que es tiempo de mantener a los ciudadanos contentos para que acudan a las urnas.

Toca pensar que esta vez se observará eficazmente la aplicación de la futura ley de vivienda para evitar los fraudes que se dan en la práctica cotidiana; también toca creer que la promesa de ampliar el parque de vivienda pública se va a hacer realidad y la adjudicación de una vivienda asequible dejará de parecerse a concursar en el Juego del Calamar.

Por pensar que no quede, que igual en una de estas toca que quienes, de oficio, se oponen a todo porque lo dice el de enfrente y sin pensar un ápice en los ciudadanos, aparquen la lucha que alimenta su ego autonómico y acaten la ley estatal; convendría también que dejaran de estigmatizar y vapulear a quienes tienen menor capacidad económica, a quienes reclaman, porque así les corresponde, los servicios de la administración pública, o quienes necesitan un techo y toman medidas desesperadas para no pasar a situación de calle.

Que por ahí no es, oigan.

Porque mientras, de nuevo, volvemos a respirar, pensar y esperar, lo que de verdad toca es que cada ciudadano tenga una vivienda digna. Y con patio, solo faltaba.