Algo huele a podrido en el reino de Emmanuel Macron. Y esta gangrena antidemocrática se extiende más allá de las fronteras de Francia. Testigo de ello es la detención de Ernest M. el 17 de abril de 2023 cuando salía del Eurostar camino de la Feria del Libro de Londres. Una ley antiterrorista de 2000 lo permite en Gran Bretaña, aunque no haya sospechas. Por negarse a dar acceso a su ordenador y a su teléfono, este editor está acusado ahora de obstruir una investigación terrorista.  

Es por lo que representa La Fabrique, porque esta editorial publica libros exigentes, y se la identifica generalmente con la izquierda de la izquierda. En Francia ya ha estado en el punto de mira de la lucha antiterrorista por el llamado “caso Tarnac”. Un colectivo, asentado en un pueblo de Corrèze, fue declarado sospechoso en 2008 del sabotaje de una línea del TGV. En realidad, se trataba de una ofensiva política contra lo que entonces el Gobierno llamaba la “ultraizquierda”. Durante diez años, la justicia francesa se mostró implacable contra varios de sus miembros, en particular Julien Coupat y su compañera Yildune Lévy, procesados por terrorismo. El fiasco judicial terminó en 2018 con la absolución, ya que la Fiscalía renunció a recurrir. La presidenta del tribunal concluyó que “el grupo de Tarnac era una ficción”.

Lo cierto es que este grupo está asociado al Comité Invisible, autor colectivo (y anónimo) de libros publicados por La Fabrique: L'Insurrection qui vient en 2007, À nos amis en 2014 y Maintenant en 2017. Estos libros han tenido un éxito considerable entre la izquierda radical. Desde 2014, las publicaciones semanales del sitio Lundimatin les proporcionan una prolongación intelectual y política. La retórica antiterrorista del Gobierno ha dado así un giro: las acusaciones no se refieren ya a supuestos hechos, sino a supuestos efectos, en definitiva, a influencias. De eso se acusa a La Fabrique: las preguntas formuladas a Ernest M. durante su detención se referían a sus libros y a sus autores. 

Este ataque a la libertad de opinión forma parte hoy de una campaña política antiintelectual: después de la ultraizquierda, con Emmanuel Macron, el ataque se ha trasladado a los universitarios, retomando la retórica de la extrema derecha sobre el “islamoizquierdismo”. El ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, no dudó en denunciar en 2020, pocos días después de la decapitación de Samuel Paty [el profesor de secundaria asesinado en 2020], una “complicidad intelectual con el terrorismo”. La detención de Ernest M. se inscribe, pues, en el juicio político que se lleva a cabo hoy contra las ideas y los libros.

La radicalización del gobierno se presenta como una reacción contra la radicalización de los movimientos sociales que los intelectuales legitimarían. En realidad, es lo contrario: la exasperación que se percibe en las manifestaciones es una reacción a la deriva antidemocrática del poder en Francia, que se confirma por el trato que reciben. Por supuesto, está la violencia policial que golpea indiscriminadamente. Pero también están, por poner sólo un ejemplo, las prohibiciones de las caceroladas que acompañan los desplazamientos del gobierno, una vez más, bajo el pretexto de la lucha antiterrorista. Si las autoridades quisieran dar la razón a los autores de La Fabrique, no lo harían de otra manera. La lucha antiterrorista es hoy, en nombre de la democracia, un arma contra la democracia.