Solicitar protección internacional en España puede convertirse en un auténtico infierno administrativo, según confirma el informe ‘Las personas refugiadas en España y Europa’, publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En su 21ª edición, analiza la situación de las personas refugiadas durante el pasado año 2022, arrojando algunas conclusiones preocupantes.

Entre ellas, destaca especialmente la vulneración sistemática del artículo 6 de la Directiva 2013/32/UE en la que incurre España. En él, se reconoce el derecho de cualquier solicitante de protección internacional a registrar y presentar la documentación requerida en un plazo máximo de tres días, ampliable a seis si se cumplen ciertas condiciones. Sin embargo, en nuestro país, esta espera se alargó hasta los ocho meses de media en 2022.

Una vez cumplido este primer requisito, el siguiente obstáculo se presenta al intentar formalizar la solicitud, cuyos trámites se alargaron también hasta los ocho meses de media durante el pasado 2022. En total, este procedimiento urgente, al que se aferran muchas personas como último recurso para encontrar una vida digna, se convierte en casi un año y medio de trabas que impiden acceder a derechos fundamentales para cualquier ser humano.

Durante todo ese tiempo, los y las solicitantes se encuentran en situación de indocumentación, con todos los riesgos que ello conlleva y que, para mayor gravedad, puede terminar con un procedimiento de expulsión que vulneraría el principio de no devolución.

En este contexto, el informe advierte sobre la proliferación de “una serie de redes ilegales que acceden a las citas previas de formas desconocidas para posteriormente ponerlas a la venta a través de aplicaciones y portales de venta de segunda mano, locutorios y gestorías”. Es decir, que se aprovechan de la desesperación que genera toda esta negligencia de las administraciones del Estado para sacar un beneficio económico a costa de personas y familias extremadamente vulnerables. Las citas, según CEAR, alcanzan precios que oscilan entre los 300€ y los 600€, una cantidad que puede suponer un esfuerzo inalcanzable en muchos de estos casos.

Si bien esta disfuncionalidad es una de las más acuciantes, por el impacto directo que tiene en los y las solicitantes una vez traspasan las fronteras, el panorama que dibujan los datos deja ver que, en general, España tiene que replantear sus políticas de acogida. De las 118.842 solicitudes presentadas en 2022 –cifra que puede parecer exagerada si se compara con el año anterior, con 65.482, pero que en realidad retoma la normalidad prepandemia, ya que en 2019 hubo 118.446–, se resolvieron 86.997, y de ellas tan solo se otorgó protección internacional a un 16,4%, alrededor de 14.200. Lo que supone una mejoría con respecto a 2021 (10,5%), pero mantiene al país muy lejos de la tasa europea (38,5%). “Hay que constatar la mirada restrictiva que se está aplicando y que nos sitúa en la tercera tasa de reconocimiento más baja de la UE, solo por delante de Malta y Chipre”, apuntan desde la organización.

En la otra cara de la moneda, la gestión –tanto continental como nacional– de la oleada de refugiados y refugiadas generada por la guerra de Ucrania ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra forma y que el sufrimiento de quienes se ven obligados a migrar es evitable: “A diferencia de otras situaciones de desplazamiento forzado recientes, como la que provocó el conflicto de Siria, las condiciones físicas y psicosociales de las personas ucranianas no se han visto afectadas por un largo, peligroso y penoso viaje desde su país de origen”, afirma CEAR.

Durante el año 2022, la puesta en marcha de mecanismos como los Centros de Recepción, Acogida y Derivación (CREADE) estuvo acompañada con una ampliación de plazas de acogida destinadas a la recepción de personas ucranianas que ascendió hasta las 21.000. Casi el doble de las 14.200 personas, de todo el mundo, que consiguieron recibir protección internacional ese año.