“Mi beba, mi beba”, gritó una mujer joven en la madrugada del 1 de abril cuando notó que su pequeña hija de 3 meses no respiraba. Fue a metros de la Casa de Gobierno, cerca de la histórica plaza de Mayo. La beba sobrevivía en la calle con sus padres como lo hacen más de 7.000 personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la más rica del país. Tal como lo constató el Censo Popular de Personas en Situación de Calle, llevado adelante por organizaciones sociales, en la capital del país, 7.251 personas viven sin hogar. La subida en los precios de los alimentos, producto de la guerra en Europa, de la pandemia y de la especulación de las multinacionales, sumado a la inflación de abril, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) fue del 8,4%, no ha hecho más que empeorar esta situación.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el hambre mundial aumentó en 2020 bajo la sombra de la pandemia: “Al cabo de cinco años sin apenas variaciones, la prevalencia de la subalimentación creció en apenas un año del 8,4% a cerca del 9,9%, lo que dificulta el reto de cumplir la meta del hambre cero para 2030”. Se estima que en 2020 padecieron hambre en todo el mundo de 720 a 811 millones de personas. Si se toma el punto medio del rango estimado (768 millones), en 2020 sufrieron hambre unos 118 millones de personas más que en 2019. “El hambre afecta al 21,0% de la población de África, frente al 9,0% de Asia y el 9,1% de América Latina y el Caribe”, señala el informe del organismo de las Naciones Unidas. En 2020, casi una de cada tres personas de la población mundial (2370 millones) careció de acceso a alimentos adecuados, lo que supone un aumento de casi 320 millones de personas en solo un año. El dato clave es que el aumento más marcado de la inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020 se registró en América Latina y el Caribe y en África. Y a escala mundial, la brecha de género en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave se ha ampliado aún más, de tal manera que en 2020 la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave fue un 10% superior entre las mujeres que entre los hombres.

La organización de la ONU señala además que a raíz del elevado costo de las dietas saludables, sumado a la persistencia de los altos niveles de desigualdad de ingresos, en 2019 las dietas saludables resultaron inalcanzables para cerca de 3000 millones de personas en todas las regiones del mundo. En Argentina, según constata Unicef, existe una amplia brecha entre lo que comen los niños, niñas y adolescentes y las recomendaciones de consumo: sólo acceden al 20% de las cantidades recomendadas de frutas y verduras mientras que el alto consumo de productos ultraprocesados atraviesa a todas las edades y los niveles sociales. Unicef explica que la doble carga de malnutrición caracterizada por la coexistencia de malnutrición por déficit (desnutrición y carencia de nutrientes) junto con malnutrición por exceso (sobrepeso, obesidad o enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta) representa una de las problemáticas más importantes en Argentina. Diversos estudios recientes vinculan esta doble carga de malnutrición con un patrón de consumo inadecuado, caracterizado por un alto consumo de ultraprocesados con contenido excesivo de grasas, sodio y azúcares y carentes de nutrientes esenciales. El capitalismo vuelve a mostrar sus dientes: los y las adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen 58% más probabilidad de malnutrición por exceso respecto a los adolescentes de nivel socioeconómico más alto.

Si bien en 2021 se aprobó en Argentina la ley de etiquetado frontal que obliga a las alimenticias a poner una etiqueta en el frente de los alimentos indicando si contienen exceso en grasas o sodio, entre otras cuestiones, la realidad es que el aumento en los precios de los alimentos, la inflación en general y la retracción de los salarios hace que alimentarse correctamente sea una verdadera odisea. En un país básicamente agroexportador, que produce alimentos para millones de personas, el hambre es un crimen, como han señalado organizaciones sociales y sindicales como la Central  de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina (CTA) desde su nacimiento en los años 90.

En América Latina y el Caribe, según el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO, el 7,5% de los niños y niñas menores de cinco años tenían sobrepeso en 2020. En Sudamérica y el Caribe, el sobrepeso en niños y niñas menores de cinco años ha aumentado en los últimos 20 años. La calidad de la dieta se asocia a la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que una mala calidad de la dieta puede estar relacionada con diferentes formas de malnutrición, como el retraso del crecimiento, la anemia, el sobrepeso y la obesidad. En lo cotidiano, estos datos significan que en Argentina, más del 60% de las infancias no pueden crecer como deberían, y ello implica que no pueden aprender correctamente ni acceder, cuando crecen, a empleos de calidad. El círculo de la pobreza y el hambre ya es estructural en Argentina. “La pobreza como el narcoestado son herramientas de control social. El capitalismo construye desigualdad y precariedad: un país que tiene capacidad para producir alimentos para millones de personas no puede alimentar a sus 45 millones de habitantes ni a sus ocho millones de niños y niñas, que hoy están bajo la línea de la pobreza. Por eso para nosotros las infancias son el terreno más fértil para sembrar el país que queremos”, dijo Omar Giuliani, coordinador de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma.

De acuerdo a un informe elaborado por el sociólogo argentino José Seoane para el Observatorio de América Latina y el Caribe del Instituto Tricontinental, “una consecuencia particular de la actual situación social y económica –agravada por el alza del precio de los alimentos de este último año– es el agravamiento de la cuestión alimentaria. En esta dirección, el índice de precios de los alimentos de la FAO, medido en términos reales, subió 64 puntos entre junio de 2020 y marzo de 2022; alcanzó su máximo nivel histórico (de 156,3 puntos) en ese último mes y, aunque disminuyó en el segundo semestre, se mantiene en un nivel más alto que los máximos de las décadas pasadas”.

La insuficiencia en los ingresos, como investigó Unicef en la Encuesta Rápida Sobre la Situación de la Niñez y Adolescencia 2022 en Argentina, generó una reducción del 67% en el consumo de carne y del 40% en la ingesta de frutas, verduras y lácteos. Si bien durante 2022 la inflación acumulada fue del 94,8%, cuando el Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno revisó el aumento de las principales empresas alimenticias encontró que el azúcar de Ledesma había subido el 208%, el aceite de AGD, un 162%, la harina de Molinos un 147%, la leche de La Serenísima, un 139%.

“Desde la Red Calisas (Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria) cuestionamos el modelo productivo agroindustrial dominante que es responsable de la sindemia global, representada por tres pandemias –obesidad, desnutrición y cambio climático- que afecta a la mayoría de las personas en todos los países y regiones del mundo. Los sistemas alimentarios no sólo impulsan las pandemias de obesidad y desnutrición, sino que también generan entre un 25% y un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y la producción ganadera representa más de la mitad de éstos”, explica Andrea Graciano, licenciada en nutrición, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires.

Organizaciones sociales y gremiales en lucha

Durante estos últimos años, organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Popular la Dignidad, la CTA Autónoma, entre otros se han movilizado a la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) para denunciar el aumento indiscriminado en el precio de los alimentos de primera necesidad. “El aumento de los precios entre el 20 y el 40%, desafiando abiertamente los intentos del Gobierno de acordar listas de precios de los artículos de mayor consumo popular es un intento de golpe económico de mercado”, dijo Giuliani, al tiempo que fue duro contra el Gobierno nacional por su falta de firmeza para poner freno a las empresas del rubro alimenticio y agregó: “Las organizaciones populares no podemos dejar que la voracidad de los capitalistas decida quién come. Mientras las empresas agroalimentarias acumulan ganancias, nuestras familias están cada vez más lejos de la canasta de alimentos. Es necesaria una acción decidida sobre quienes especulan con el hambre”.

Las organizaciones populares no podemos dejar que la voracidad de los capitalistas decida quién come

Los números le dan la razón: según un informe de la agencia Tierra Viva de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), en Argentina se consumió un promedio de 47,8 kilos de carne vacuna por habitante en 2021, la menor cantidad de consumo de carne desde 1920. Además, la compra de este alimento registra un descenso desde hace 20 años. “Entre los datos más significativos se registra el aumento de precios de los cortes más populares y, al mismo tiempo, la baja del salario real. Entidades como la Mesa Agroalimentaria Argentina alertan desde hace meses sobre el impacto de la concentración en el mercado cárnico y ofrecen la agroecología como una solución para evitar intermediarios y el aumento de los precios en góndola”, dicen desde la Agencia de Noticias. Y el caso de la leche no es diferente: el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), señaló que entre enero y agosto de 2022, el mismo lapso en que las ventas caían 7% en promedio, las exportaciones crecían un 11% hasta totalizar unas 245 mil toneladas de diversos productos (en especial leche en polvo y quesos), valuados en 807 millones de dólares. Lo que demuestra que en este contexto de inflación desmedida y de especulación, “las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”, como canta Divididos -uno de los grupos de rock más conocidos del país- a Atahualpa Yupanqui, desde hace años. En 2021, como explica Giuliani, las seis principales empresas de producción de alimentos en Argentina tuvieron ganancias por encima del 170% de rentabilidad: “Eso demuestra el acumulado del capital. El hambre es una construcción política deseada por el capitalismo, por eso acabar con el hambre en nuestro país es una decisión política”.

 Captura de video de la campaña de comunicación “El poder de la Economía Popular y Solidaria” de la ciudad de Buenos Aires.

Bárbara Altschuler, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, así como directora del Observatorio del Sur de la Economía Social y Solidaria de la UNQ, dice que “desde hace ya más de dos décadas diversas organizaciones y entidades vienen generando respuestas sociales desde la Economía social y solidaria (ESS), así como desde múltiples estrategias de la Economía Popular (EP) desde más larga data, aunque su irrupción como actor político en la agenda pública resulte más reciente. Si bien durante los primeros años el eje estuvo puesto en la producción desde las cooperativas, emprendedores, empresas recuperadas y la agricultura familiar, entre otras, pronto resultó evidente que se requería también trabajar paralelamente en el desarrollo y fortalecimiento de mercados sociales alternativos, más justos y democráticos, y en el consumo organizado, ante la consolidación de mercados altamente concentrados, particularmente en el rubro alimenticio, y cadenas productivas y de valor donde unos pocos ejercen el poder acaparando el grueso del excedente, en detrimento de las y los productores/as y consumidores/as”.

Resultó evidente que se requería también trabajar paralelamente en el desarrollo y fortalecimiento de mercados sociales alternativos

En este camino, cuenta Bárbara, fueron emergiendo diversas iniciativas de comercialización alternativa de productos como la cooperativa Puente del Sur (una de las pioneras, ubicada en Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires), el Colectivo Solidario, Caracoles y Hormigas, Me.Co.Po, entre muchas otras. “La experiencia del Mercado Territorial (MT) surge en 2015 desde el impulso de procesos de incubación universitaria en ESS de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Hoy MT constituye una red que vincula unos 70 Nodos de consumo (unas 2000 familias), 85 proveedores ubicados en 17 provincias, con unos 250 productos en catálogo, entre los que se destaca el Bolsón de Verduras Agroecológicas producido por asociaciones de la agricultura familiar de Florencio Varela, y productos de primera necesidad como yerba mate, harina, fideos, mermeladas, quesos, aceite, tomates triturados, frutas, entre otros”.

En mayo se llevó adelante el II Encuentro Nacional de Mercados de Cercanía, promovido por el Programa público homónimo (MDS) y acompañado por una amplia red de Universidades, instituciones y organizaciones que vienen trabajando en la temática. En palabras de Altschuler: “Si bien queda mucho por hacer, se está avanzando desde estas experiencias hacia mercados más democráticos y plurales, que sostienen y practican los valores de la soberanía alimentaria, la agroecología, el comercio justo y solidario entre todos los actores de la cadena alimenticia, el consumo político y responsable”.