Son tiempos difíciles para el periodismo. La democratización de las redes sociales ha traído una avalancha de noticias falseadas que se difunden como ciertas con la intención de manipular las mentes de la gente de buena fe. Proliferan también los pseudoperiodistas a sueldo de los políticos que se dedican a hostigar agresivamente a los de signo contrario y a construir noticias que tergiversan la realidad a su conveniencia. La polarización ideológica, con gran parte de la ciudadanía convertida en auténticos hooligans de un bando u otro que no quieren recibir más que aquellas noticias que refuerzan lo que ya creen, empuja a muchos medios de comunicación a tomar partido hasta límites nunca imaginados. Las dificultades económicas de la prensa independiente y la precarización de los periodistas tampoco ayudan. El resultado es que hay cada vez menos información rigurosa y objetiva disponible. Eso debilita a una sociedad que es cada vez menos libre. Sin recibir datos contrastados nos es extremadamente difícil crearnos nuestro propio criterio sobre las cosas y compensar los mensajes interesados.

En este panorama, cada ataque a la prensa independiente es una paletada más sobre el ataúd de la libertad. Se entiende, por ello, la preocupación que ha causado entre los periodistas una sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que para el público en general ha pasado prácticamente desapercibida. Se refiere al caso de Laura Huelmo, la joven maestra asesinada en un pueblo onubense. Cuando la sociedad sólo sabía del crimen por las escuetas notas fragmentarias emitidas por la policía, una periodista del diario Huelva Información consiguió una copia de las diligencias judiciales. Gracias a ello pudo contar que se iba a volver a tomar declaración al acusado, por si en el delito había participado más gente; también reprodujo la declaración del asesino en la que contaba cómo la había secuestrado con intención de violarla, golpeándola fatalmente. Posteriormente, narró de nuevo en su periódico un resumen de la autopsia, explicando la causa de la muerte por un golpe y que en el cuerpo de la víctima no se había encontrado semen pero sí ADN del culpable. En otro artículo, por fin, contaba que en las actuaciones se había incluido un vídeo con las últimas imágenes de la fallecida mientras compraba en un supermercado de la localidad, vídeo que se describía en la noticia.

En el derecho español hay una norma respecto a los sumarios judiciales: son secretos para facilitar las investigaciones, pero sólo se persigue al juez o funcionario que los filtra. No a quien los difunde. El legislador español, con buen criterio, ha querido castigar a quien rompe el deber de confidencialidad, pero con cuidado de no silenciar la libertad de información. El delito no está relacionado con el contenido del sumario, sino con la ruptura de la confianza. Se penaliza a quien no es capaz de proteger un documento reservado que ha de custodiar, pero el legislador entiende que sería inconstitucional castigar igualmente a los periodistas que difunden hechos de innegable interés informativo. Por supuesto, si al difundir unas diligencias judiciales un periodista perjudica una investigación, podrá ser acusado de obstaculizar la acción de la justicia. Si difunde el nombre de una víctima de violación o de un testigo protegido también podrá ser castigado por dañar la intimidad o por poner en peligro una vida. Pero lo que no es posible es perseguirlo por el simple hecho de hacer públicas las diligencias del asunto.

La publicación del contenido de las diligencias judiciales es frecuente en nuestro país

Así, la publicación del contenido de las diligencias judiciales es frecuente en nuestro país. Basta recordar la emisión en televisión de los vídeos de las declaraciones judiciales de Isabel Pantoja, la infanta Cristina o los acusados de la Púnica. Igualmente, se emitieron sin más problemas unas grabaciones de la mafia italiana interceptadas por la policía en las que se hacía referencia a Bárcenas; la declaración del director de la FAFFE en el macrojuicio andaluz por corrupción o la declaración de la asesina del niño Gabriel en Almería, entre otras muchas. A diario, todos los buenos periodistas construyen sus artículos gracias a datos que consiguen de algún sumario judicial. Puede parecer deplorable que esto suceda porque demuestra una justicia agujereada, pero el culpable nunca es el periodista que difunde información de innegable relevancia pública, sino el funcionario desleal incapaz de guardarlos para sí.

Esta situación siempre ha molestado a los jueces. Por dos motivos: porque les inquieta no saber cuál de sus funcionarios está traicionando su confianza y pasándole información a la prensa, y porque saben que cuantos más detalles conozca la gente de un caso, más fácil es que critiquen su papel en el asunto. Así, nuestros jueces llevan años intentando evitar estas filtraciones. En Baleares, en el caso Cursach, llegaron a intervenir los teléfonos de los periodistas para leer sus mensajes y averiguar –violando el secreto profesional que garantiza la Constitución– quiénes eran sus fuentes. Otras veces han llegado a emitir auténticos mandatos de censura, prohibiendo a un medio contar hechos noticiosos. Esta vez han ido más lejos y, saltándose lo que dice la ley, han decidido directamente castigar a la periodista, usando una interpretación disparatada de qué es o no es información.

Lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Huelva es un auténtico fraude de ley para silenciar a la prensa. Se inventan que difundir los datos de un sumario judicial puede constituir delito contra la intimidad. Para que así fuera, sería necesario que se tratara de datos personales conseguidos ilícitamente y que fueran relativos a la intimidad. Nada de ello se da en este caso. No hay un acceso ilegítimo, pues la ley no castiga al periodista que recibe un sumario a través de una filtración. Tampoco se trata de datos personales, pues van a ser discutidos públicamente en el juicio. Y no se afecta a la intimidad, puesto que estamos ante cuestiones de relevancia pública. Nada de ello frena a unos magistrados que debieron saltarse las clases sobre libertad de información en la escuela judicial, si es que se las dieron. Van con ello y como saben que pueden estar vulnerando la Constitución, se ven obligados a incluir unos párrafos pintorescos intentando demostrar que lo que contaba la periodista no era información.

Lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Huelva es un auténtico fraude de ley para silenciar a la prensa

Estos jueces de Huelva deben ser periodistas aficionados. Pero poco. Su sentencia es en gran medida un caricaturesco “curso de ética periodística” sin pies ni cabeza. Dicen que un periodista no debe contar que se va a tomar declaración de nuevo al acusado. Para sus señorías, convertidas en auténtico tribunal de censura, es algo poco novedoso y que podría llevar a confusión a la población. El lector creería que, en vez de una sentencia, lee un informe de los censores franquistas al encontrarse con que los jueces también afirman que contar con mucho detalle las lesiones sufridas por la víctima es más de lo que la comunidad en general necesita saber sobre un crimen; incluso insisten en que la población no necesita saber qué llevó al acusado a golpearla. Más aún, según los magistrados no tiene interés público saber que en la vagina de la muerta apareció ADN del acusado, de forma que para ellos lo ideal es que la sociedad no sepa si hubo o no agresión sexual –según los datos objetivos–. Por último, los tres juristas metidos a periodistas tampoco creen que la sociedad deba conocer qué se ve en las últimas imágenes con vida de la maestra cuando compraba en un supermercado. Básicamente, la Audiencia Provincial de Huelva viene a decir que cuanto menos sepamos de los asuntos que ellos juzgan, mejor.

Esta argumentación choca frontalmente con lo que explica el Tribunal Constitucional acerca de la relevancia informativa. En una sociedad democrática debe poder difundirse todo lo que aporte algo al debate social. Cualquier dato que permita a la ciudadanía juzgar cómo es su sociedad y valorar tanto las propuestas para cambiarla como la gestión de nuestros gobernantes, es imprescindible para la democracia. Entender un suceso de trascendencia, como el asesinato de Laura Luelmo, permite a la sociedad hacerse una idea sobre los riesgos a los que se enfrenta. En democracia es útil conocer incluso detalles tan ínfimos como cuántas veces declara un investigado, cuáles son su versiones, qué datos apuntan a la naturaleza machista del crimen o cómo era la personalidad de la víctima. Sólo así podremos valorar si hay muchos delitos de este tipo, contra quiénes se enfocan o, más importante aún, si se investigan bien y cómo responden los jueces ante ellos.

No nos engañemos. Detrás de la prohibición de que una periodista nos cuente los detalles del caso se esconde un interés personal de los jueces: si logran impedir que la sociedad conozca las pruebas existentes, podrán dificultar que nadie opine sobre cómo condujeron la instrucción o sobre la razonabilidad de la sentencia en la que finalmente declaren o no culpable al acusado. La prohibición de conocer el sumario que nos quieren imponer estos señores es la mejor manera de silenciar las críticas al trabajo de los jueces. Si amordazan a la prensa es, en gran medida, para erigirse ellos mismos como un poder inmune al control democrático y social.

Hay muchos periodistas que trabajan cada día para hacer un mundo mejor y contrastan cada pequeño detalle antes de publicarlo. Suelen ser profesionales de verdad y se les reconoce porque reciben ataques tanto de un bando político como del otro, según a quienes molesten las verdades que difunden. Por culpa de esta sentencia, esos periodistas, que no aparecen en las novelas de aventuras pero que la mayoría de los días echan más horas de trabajo de las que les corresponden, están asustados. Por si fuera poco con lo que tienen que bregar, ahora también los jueces los amenazan con inhabilitarlos o meterlos en la cárcel.

La periodista que consiguió el sumario del crimen de Huelva y que nos lo contó vive en la precariedad, cambiando demasiado de trabajo. Es una profesional anónima que por una vez sacó una exclusiva que todos los medios replicaron. De hecho, Ana Rosa Quintana, en su programa televisivo de máxima audiencia, difundió las mismas imágenes que a ella le reprochan narrar. Los jueces onubenses, por supuesto, no se atreven con Ana Rosa, pero a esta periodista la han condenado a dos años de cárcel, a una multa desproporcionada y a no poder trabajar de periodista durante dos años.

Son muy malos tiempos para el periodismo, pero también para la democracia. Cuando la justicia se desliga de la voluntad del legislador y utiliza su terrible poder sancionador para amordazar las críticas a su tarea, todo el edificio democrático se tambalea. Y cuando se mete en la cárcel a una periodista por contar la verdad todos perdemos un trozo de libertad.