Las encuestas electorales reducen la incertidumbre. Hacen tangible lo nebuloso. Permiten realizar “un viaje imaginario a un futuro cercano” con información imperfecta. Por eso nos suelen interesar. Las miramos de reojo, aunque no confiemos en ellas. Pero, más allá de sus funciones recreativas, cumplen un papel relevante para la democracia. Gracias a ellas la opinión pública, mejor informada, toma decisiones. Además, permiten que los contendientes anticipen victorias y derrotas, haciendo menos traumática la alternancia del poder. Enriquecen y calman. Son, predominantemente, un factor de estabilidad. Pero no siempre.

Como sabemos, no son infalibles. Son buenas captando tendencias (diciéndonos qué partidos suben o bajan durante una campaña) y, aunque en la mayoría de las ocasiones se acercan al resultado, en otras se equivocan a la hora de definir al ganador. En nuestro país hemos conocido bastantes errores de este tipo. Cuando sucede, normalmente, reajustamos nuestras percepciones sobre los ganadores y perdedores. Nos damos cuenta de que las encuestas estaban mal. No ponemos en duda el escrutinio.

Sin embargo, en determinadas condiciones este reajuste no se produce y se genera un conflicto. Un ejemplo conocido lo tuvimos en Ucrania en 2004. El opositor Yúshchenko, con el único apoyo de una encuesta a pie de urna, y en un contexto de falta de limpieza electoral, se proclamó vencedor de la segunda vuelta de las presidenciales, dando comienzo a la revolución naranja. En Ecuador, Perú, Bolivia o Venezuela también encontramos episodios de revueltas con denuncias de fraude (fundamentadas o no) donde las expectativas generadas por las encuestas jugaron un papel.

Las encuestas no son el único factor impulsor de conflictos. Un margen de victoria estrecho (fenómeno que parece presentarse cada vez con mayor frecuencia), solo o en combinación con encuestas, genera una oportunidad similar. Las crisis en Estados Unidos o Brasil son buenos ejemplos. Sea como sea (expectativas frustradas o recuento ajustado), para que se genere un conflicto es necesario que se den dos condiciones fundamentales: una desconfianza hacia la limpieza del proceso y la presencia de grupos que activen la protesta.

El fraude electoral ha venido cobrando mayor relevancia en el imaginario de las derechas. Su frustración ante la pérdida del poder nunca ha sido fácil de manejar. Hace décadas se plasmaba en el aumento de los sentimientos autoritarios. El avance del pensamiento democrático ha conducido a una renovación de su casus belli. Ya no se demanda a milicos carpetovetónicos que intervengan ante las hordas marxistas. Se dan golpes blandos (judiciales o parlamentarios) o se activan protestas ante el “robo de la elección”. Se trata de “restaurar la democracia”. La base de legitimación de estos movimientos ya no es tanto “el orden” como la “voluntad popular”.

En las derechas patrias este cambio de mentalidad se ha ido haciendo hueco. En su revisionismo histórico de nuestro pasado encontramos un ejemplo. A la hora de justificar el golpe y la Guerra Civil, ha ganado relevancia la pseudo-teoría de que el Frente Popular amañó las elecciones de 1936. Frente a la justificación franquista de toda la vida, de un alzamiento frente al caos revolucionario, se promueve la idea de que fue una reacción ante la ocupación fraudulenta del poder por parte de la izquierda. De esta manera, se blanquea al franquismo, que deja de ser el aniquilador de la voluntad popular para convertirse en su restaurador.

La interpretación de su derrota en las generales de 2004, marcada por el 11M, va en la misma dirección. La victoria de Zapatero fue espuria por un evento traumático de naturaleza conspiratoria que tenía la finalidad de arrebatarles el poder. No se cuestiona el recuento de los votos, pero sí que los resultados fuesen una expresión legítima de la voluntad popular. La calificación del Gobierno actual como “ilegítimo” rescata argumentos anticuados, más propios de una preocupación por “el orden y la moral”, en cuanto que el elemento medular son los pactos con fuerzas independentistas, generadores de mayorías parlamentarias fraudulentas por “antiespañolas”.

Dicho todo esto, lo que queremos decir es que se podría estar creando una tormenta perfecta para el próximo 23J. Pueden aparecer tres de los ingredientes que hemos ido enumerando:

Las encuestas (numerosísimas en esta cita) han generado una expectativa casi unánime de victoria conservadora que, de no cumplirse, podría sumir a este sector en un estado de shock. El recuento puede ser ajustado. Muchas encuestas sitúan al bloque de derechas en el entorno de la mayoría absoluta, pero por un estrecho margen. Los líderes del PP estarían, en la recta final de la campaña, alimentando la desconfianza hacia la imparcialidad del proceso electoral, en concreto, hacia el voto por correo.

Los líderes del PP estarían, en la recta final de la campaña, alimentando la desconfianza hacia la imparcialidad del proceso electoral, en concreto, hacia el voto por correo

Este último elemento es el más grave. El principal partido político del momento (flamante ganador de las municipales) está introduciendo señales de desconfianza hacia la limpieza del recuento que bloquean el necesario reajuste de expectativas, pudiendo sumir a sus electores en un estado de negación de la realidad. Solo faltan actores dispuestos, en caso de derrota, a movilizarse. Al respecto, hay que tener en cuenta que la constelación de la derecha radical es variopinta. Buena parte de su energía viene del impulso de grupos que funcionan de manera relativamente autónoma (expresión de ello es la propia existencia de Vox). Es decir, no faltan actores propensos a creer en conspiraciones que, desde dentro o fuera del PP, se movilizarían fácilmente. Se trata de un juego peligroso sobre el que los dirigentes populares perderían el control. Los que intentaran aplacar movilizaciones de este tipo serían tildados de traidores y de “aliados del sanchismo”. Un chicken-game de manual. En definitiva, se están exponiendo a una posición de derrota altamente frustrante que se les iría de las manos.

En Brasil y Estados Unidos, la situación se estabilizó en parte porque los derrotados, aun por estrecho margen y una vez aclarados sus alegatos, eran política y jurídicamente los perdedores. En España, en cambio, podríamos tener la percepción de un bloque de derechas ganador, pero excluido del poder “injustamente”, ya que también están entrenando a sus electores para que ignoren la aritmética parlamentaria. De hecho, ni siquiera hace falta una creencia extendida en el fraude. Basta con que Sánchez sea capaz de componer una investidura con el apoyo de Bildu para que se puedan producir incidentes.

En todo caso, no parece que nada de esto vaya a pasar. Las encuestas siguen tendiendo a señalar que lograrán la absoluta. En principio, es de suponer que acertarán, ya que las municipales están muy próximas en el tiempo y son una buena referencia para medir las transferencias. Sin embargo, también es verdad que hay elementos de intranquilidad. El número de pronósticos se ha disparado y, aunque esperábamos encontrar cierta convergencia entre ellos en la recta final de la campaña no la estamos viendo en el caso del PP, que oscila entre el 31 y el 38%. Algo inusual. Puede deberse a las calidades desiguales de las encuestas (muchas son online) o a las incertidumbres sobre una movilización que podría ser baja.

En caso de que el bloque conservador no consiga la mayoría absoluta (segundo escenario más probable), la gobernabilidad pasa por PNV, ERC y, sobre todo, por Junts, lo que puede conducir a una repetición electoral. El tercer escenario (una victoria más precaria de la derecha) es menos probable y depende de errores importantes en la medición de las encuestas que, aunque a veces ocurren, son poco frecuentes.

En definitiva, no vamos hacia el abismo. Pero podríamos ir. Nos la jugamos cuando la dirigencia del PP adopta estas posiciones deliberadas y absolutamente reprobables. Espero que se den cuenta de los riesgos en que incurren y recapaciten. Ojalá las urnas sean claras y rotundas. En caso contrario, podemos someter a nuestro país a una innecesaria prueba de estrés, socavando la confianza institucional y modelando actitudes sociales regresivas que posiblemente perdurarán en el tiempo. Y si esto es algo que puede pasar es porque, en buena medida, ya estamos ahí.