“La tierra se estrecha para nosotros”, declamó el poeta nacional palestino Mahmud Darwish en uno de sus escritos. Han pasado 15 años de su muerte y su proclama cobra cada vez más realidad: 75 años después de la Nakba, 56 años después del inicio de la ocupación israelí de los territorios palestinos, esta no sólo no ha retrocedido, sino que se ha intensificado y, lo que es más grave, ha quedado normalizada ante la opinión pública. De ello dan fe las manifestaciones de la sociedad israelí en nombre de la democracia y en contra de la reforma judicial impulsada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que hacen peligrar la separación de poderes. Estas protestas, en las que no se alude a la ocupación, han puesto de relevancia la invisibilidad, a ojos de la sensibilidad israelí, que sufre el pueblo palestino de los territorios ocupados en 1967: Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, además de los Altos del Golán sirios.

El antiguo Relator Especial para la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, Michael Lynk, recuerda a CTXT que al principio de las marchas en enero sí aparecieron banderas palestinas, pero Netanyahu las utilizó para deslegitimar las protestas. Así, para evitar la falta de cohesión de las mismas, desaparecieron.

Al principio de las marchas en enero sí aparecieron banderas palestinas, pero Netanyahu las utilizó para deslegitimar las protestas

Lynk, quien ejerció el cargo del año 2016 al 2022 y es actualmente profesor emérito de Derecho de la Universidad Western Ontario en Canadá, denuncia que en la ocupación israelí de los territorios palestinos se da un régimen de apartheid. El uso que tanto él como las organizaciones humanitarias hacen de este término para definir las acciones de Israel se basa en un pormenorizado estudio de dos textos legales fundamentales: la Convención Internacional de la ONU de 1963 sobre la eliminación del apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Lynk menciona que estos documentos, además de establecer la ilegalidad del apartheid, lo definen como “una situación en la que hay una asignación desigual de derechos entre dos pueblos basada en la etnicidad o la nacionalidad, en la que hay una intención de imponer ese sistema y que deriva en actos inhumanos”.

Para el profesor Lynk las prácticas ocupantes del Estado de Israel sobre Palestina reúnen estos tres criterios legales. Primero, “existe un régimen sistemático que separa los derechos políticos y legales en base a la distinción de dos grupos”. Segundo, hay una intención clara de seguir implantando estos planes por parte de los líderes políticos israelíes: “su intención es ocupar toda Cisjordania, además de Jerusalén Este e imponer allí su soberanía y mantener para siempre este sistema, no hay intención de cesar en la ocupación o de darles a esos ciudadanos palestinos los mismos derechos que disfrutan los israelíes”.

Y tercero, la ocupación israelí va acompañada de actos inhumanos contra la población palestina, pues tal y como explica Lynk, “no se cumple el derecho de libertad de movimiento, ni de libertad de reunión, existen ejecuciones extrajudiciales, confiscaciones de tierras, violaciones de derechos humanos y tortura”, todo ello, considera “forma parte del ADN de la ocupación”.

La reflexión político-filosófica se ve obligada a plantearse el sentido de esta anómala convivencia entre un sistema democrático y sus prácticas de segregación. La explicación del exrelator es que “es posible encontrar en un Estado formas democráticas combinadas con formas de apartheid, tales fueron los casos de Sudáfrica, Namibia y Rodesia”. Con su fin en 1994, continúa Lynk, se pensó esperanzadamente que el apartheid no volvería a repetirse, pero no ha sido así, y en pleno siglo XXI es practicado por Israel, Estado que, subraya, “tiene muchos rasgos democráticos, pero están dirigidos principalmente a los judíos israelíes, ciudadanos de primera clase”, mientras que las leyes y la estructura administrativa se olvida del 20% de la población, los árabes israelíes, convertidos en ciudadanos de segunda.

Sobre la situación de los 2,2 millones de palestinos que viven en los 360 kilómetros cuadrados que conforman la Franja de Gaza, Lynk afirma que “viven bajo asedio medieval” debido al cerco exterior que mantiene el Ejército israelí.

El profesor Lynk cita que el exdirector del Shin Bet, Ami Ayalon, dos antiguos embajadores de Israel en Sudáfrica, el antiguo fiscal general israelí Michael Ben-Yair e, incluso en alguna ocasión, el diario israelí Haaretz, también consideran que Israel está cometiendo apartheid; a ellos se suman personalidades como el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, o el arzobispo sudafricano y premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu.

La normalización de estas circunstancias de segregación es manifiesta en el caso de la sociedad israelí, en la que, según Lynk, salvo con la excepción de las organizaciones humanitarias antiocupación, “hay muy poca conciencia o interés respecto a lo que pasa al otro lado del muro”, ya que “viven una vida cómoda con un estándar de vida europeo sin pensar en qué ocurre tras él”. Ahora bien, la existencia de este apartheid tampoco suscita ninguna alarma en la comunidad internacional. El apoyo de Estados Unidos a Israel le da vía libre para incumplir sistemáticamente las resoluciones del Consejo, la Asamblea y el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia: “Israel se ha dado cuenta de que da igual el número de resoluciones de las organizaciones internacionales que incumpla; en la medida en que no hay consecuencias, no hay razones para no continuar con la ocupación”, sostiene Michael Lynk.

El derecho carece de fuerza motivadora para la movilización de las conciencias políticas

Ni siquiera todo el peso de las razones jurídicas basta: el derecho carece de fuerza motivadora para la movilización de las conciencias políticas. A ello han contribuido, en parte, los discursos de la equidistancia, que depositan responsabilidades a partes iguales entre israelíes y palestinos y callan una idea fundamental: que la ocupación es sistemática, lo que significa que la represión está presente de manera diaria en cada una de las hipotecadas vidas de los palestinos y palestinas que la sufren.

Según Michael Lynk, toda la relación entre palestinos e israelíes está construida sobre una violencia estructural que determina dominantes y subyugados y que se aprovecha de la superioridad tecnológica, militar, económica y diplomática de la que goza Israel.

Lynk explica que la minoritaria izquierda israelí se plantea el debate de si la solución a esta ocupación es la creación de dos Estados o de si ese momento ha pasado y sólo cabe esperar la creación de un Estado democrático para palestinos y judíos. Estima que “la opción de un único Estado palestino ha dejado de ser viable, pues lo único que Israel aceptaría sería un territorio muy pequeño para los palestinos, que sería inviable como Estado, más aún, teniendo en cuenta la existencia de más de 750.000 colonos en territorio palestino”. E insiste en que “si hubiera una mínima esperanza para un Estado palestino, se podría luchar por ello, pero el momento realista para los dos Estados se ha desvanecido”. Lynk apuesta como solución por “la creación de un único Estado para ambos pueblos basado en la democracia, los derechos humanos y la igualdad para palestinos e israelíes”.

A pesar de la dureza del camino, Lynk es capaz de atisbar una pequeña luz que permite vislumbrar cierto optimismo, y esto por dos motivos que tienen una raíz jurídica: “Primero porque el derecho internacional está del lado de los que se oponen a la ocupación; y, segundo, porque el hecho de que las organizaciones humanitarias palestinas e israelíes partan de las mismas premisas humanitarias y legales puede convertirlas en el puente entre las dos sociedades”.

“La solución para el futuro está en la imaginación de la gente de buena voluntad, ahí es donde hay que poner las energías”, concluye Lynk. Parece que parte de ese ejercicio pasa por insistir en que la imaginación necesita desmovilizar la indiferencia y evitar la normalización de la injusticia. Y en ponerle nombre, en narrarla, escribirla y explicarla para crear un futuro pacífico con memoria.