Esta semana Guatemala sigue rugiendo. La movilización popular en defensa del resultado electoral que nombró a Bernardo Arévalo como próximo presidente ha sido contundente. Más de 20 rutas bloqueadas, participación masiva, denuncia del “pacto de corruptos” y, aunque parezca inexplicable, el rechazo de Estados Unidos a la acción golpista que desde la Fiscalía se está desarrollando al allanar el Tribunal Electoral y decomisar cientos de actas electorales. Vulnerar el resultado de las urnas con el aval de las élites, ¿nos suena conocido?

Para una peruana el espejo que veo en Guatemala resulta casi aterrador. Hace diez meses, en mi país gobierna una dictadura de poderes que logró consumar un golpe de Estado que iniciaron desde que el resultado electoral dio como ganador a Pedro Castillo. Las élites denunciaron un fraude que nunca existió y las mayorías tuvieron que hacer mucho ruido para defender su voto. Un voto que las élites nunca respetaron y propusieron eliminar. La operación para poner fin a su gobierno inició desde antes de esa juramentación y acabó cuando entraron en el poder el pasado diciembre.

Pero resultaría limitado pensar que estos dos países son los únicos reflejados en el espejo. Basta con recordar el encarcelamiento injustificado durante más de 500 días de Lula da Silva en Brasil para notar parecidos. Basta con recordar el lawfare sistemático –con el papel fundamental del poder mediático argentino– contra Cristina Kirchner para lo mismo. Basta con recordar a Donald Trump llamando a marchar contra el Capitolio tras no querer aceptar su derrota electoral para detectar una constante.

Cualquiera que piense que estas rimas estratégicas se quedan en mi lugar del charco, equivocará el análisis. El coro sistemático del bloque reaccionario llamando “gobierno ilegítimo” al todavía en funciones Gobierno de coalición progresista en España no se distancia de las asonadas de las élites a un océano de distancia. La participación activa de Casa Real en favor de ese bloque sentenciando el “a por ellos” primero, y llamando “constitucionalistas” a Vox, pero no a ERC o EH Bildu, es otro indicador de que no hablamos de derechas y extremas derechas políticas, sino de las élites y los poderes fácticos rimando sonoramente. En la misma línea, el charco de lágrimas de ultraderechistas llamando el martes “Felpudo” a su jefe de Estado sólo evidencia que en este camino de rimas alarmantes veremos a monárquicos siendo considerados “moderados” o, ¡peor aún!, demócratas, en un contexto de ultrismo in crescendo. América Latina no está tan lejos porque las élites tienen visados distintos a la de los comunes mortales y sus estrategias migran con facilidad a donde haga falta para defender lo mismo: intereses.

Los intentos –muchas veces exitosos– por subvertir la democracia son hoy moneda corriente. Con la excusa del comunismo, la ineficiencia o el disfraz de la lucha contra la corrupción, las élites desarrollan coordinadamente orquestas comunes para mantener el modelo del que beben y viven. Pero la clave está no sólo en la operación política de los actores que protagonizan las estrategias, sino en el tipo de lazos que estas evidencian. El contubernio entre todos los poderes y, sobre todo, la arquitectura de poder que permite que las élites cuenten con más poder que las mayorías y sus votos. Son intentos golpistas, sin duda, pero revelan también las limitaciones estructurales de las democracias que están amenazadas porque nunca fueron un consenso que incluyera a estas élites, sino una correlación que, en su día, las forzó a aceptar ciertas reglas.

Cuando el PP se niega a desbloquear al Consejo General del Poder Judicial hace gala de ese poder gravitante. Mantener la judicatura en sus manos les garantiza que aún perdiendo en las urnas puedan doblegar la voluntad popular. Cuando Casa Real apuesta por quien se sabe que no cuenta con los votos para ser investido presidente porque ha perdido las elecciones, no hace otra cosa que recordarnos que quienes mandan no son elegidos. Y, por cierto, el tipo de presión y oposición a la conformación de un gobierno de coalición progresista que está escalando minuto a minuto es resultado directo de las decisiones de Felipe VI. Cuando la derecha presiona para que cuatro diputados del PSOE impidan que Sánchez sea investido, demuestran sin ningún rubor el poder que se reconocen a sí mismos. Y todas estas acciones no sólo muestran de cuerpo entero el deep state y su carácter antidemocrático, sino que anuncian, alertan y disciplinan a quien ose creer que esto puede cambiarse.

Ayer la democracia era un disfraz, pero hoy es un problema y, por lo mismo, ser demócrata significa menos que nunca cesión, concordia o tolerancia ingenua. Hoy ser demócrata supone tener el norte muy claro, pero sobre todo a sus adversarios con nombres y rostros. Ser demócrata supone impugnación, fiereza, dientes y muchísimo ruido. No es un partido, ni un bloque el que tenemos enfrente, es un contubernio entre todos los poderes que avanzan posiciones no sólo en España.

Hace unos días, Montse Garcelán señalaba cómo el poder empresarial y económico había cambiado de chip. Le robo la idea para hacer notar que, en efecto, ha habido un cambio de chip en las élites, mientras que quienes están llamados a disputarles el poder no lo han hecho. Las izquierdas que se asustan de que las llamen radicales o ruidosas han caído en ese inmovilismo. Pero, preguntémonos, ¿hay algo más democrático que ser radical en tiempos en que las élites se han radicalizado del todo? Frente a sus rimas, ruido.