“Sigo llorando ante la impunidad de quienes tratan de silenciarnos, de quienes miran esa tragedia con indiferencia. Yo mantengo mis sentimientos intactos y ahora vuelvo a tener esperanza. Esperanza de que se conozca la verdad y no se extravíe nuestra memoria. Es el momento de hacer justicia”. Lo dice Carmen López, integrante de la plataforma Marea Residencias, cuya madre pasó, en abril de 2020, cuatro días aislada en una habitación de la Residencia Parque de los Frailes de Leganés, aquejada de una neumonía bilateral. López decidió acudir en su ayuda. Salió a la calle como una bala saltándose el estado de alarma y todos los temores que acechaban en aquellos días funestos. Ganó la batalla del amor propio porque, contra viento y marea, logró que la trasladaran al Hospital Severo Ochoa cuando la vida se le escurría entre los dedos. Falleció un mes más tarde. “Lo que viví entre el día 2 y el 5 de abril fue una pesadilla. Llamaba a su móvil mañana y tarde pero nadie respondía. El domingo, por fin, llamó la doctora diciéndome que estaba muy mal y ya no pude aguantar más. Allí me presenté. Seguí a la ambulancia con el coche y pude verla de lejos, en la camilla, y pude tocarla a través de la sábana, sin acercarme mucho”, relata estrangulando una lágrima que se le escapa por la mejilla. Pero su voluntad es casi tan grande como ese corazón que tiene y que le impide sepultar aquel recuerdo entre los escombros del silencio. Lo que aquí cuenta es su experiencia, porque hay otras 7.291 ‘cármenes’ sublevadas contra el olvido que el Gobierno de Madrid firmó con la tinta de la indiferencia. Y entre esas sombras ha brotado ahora una luz.

Hay otras 7.291 ‘cármenes’ sublevadas contra el olvido que el Gobierno de Madrid firmó con la tinta de la indiferencia

Por primera vez, un juzgado de Instrucción, el número 3 de Collado Villalba, ha admitido el recurso presentado por una familia afectada y ha abierto diligencias para determinar si la presidenta Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, incurrieron o no en un delito de homicidio, de lesiones imprudentes o de omisión del deber de socorro durante los primeros meses de la pandemia. La orden procede de la Audiencia Provincial pero Ayuso está convencida de que se trata de “una investigación que ya se cerró” y que, por lo tanto, “no tiene más recorrido”. Tanta seguridad causó extrañeza. Para el periodista Manuel Rico, autor del libro ¡Vergüenza!: El escándalo de las residencias, la reacción de la presidenta madrileña merece una aclaración inmediata y detallada. “Hay dos cosas en esa declaración que ponen en tela de juicio el funcionamiento del propio sistema procesal. ¿Cómo puede saber que la causa reabierta es para archivarla definitivamente? ¿Acaso ha conversado con los magistrados y se lo han dicho? Y dos: ¿cómo puede conocer la decisión de una jueza que acaba de iniciar una investigación para la que ha solicitado testimonios y documentos relevantes? Por salud democrática lo mejor sería que se trate de un invento porque lo contrario es tremendo. No hay terceras opciones en este asunto”, asegura Rico.

Comisión ciudadana por la verdad

La reapertura del caso tres años después de la hecatombe, con decenas de querellas archivadas por fiscales y magistrados, que en algunos casos no dieron ni la posibilidad de explicarse a los afectados, parece un acto de justicia histórica. “Puede ser”, afirma el juez emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. “Se han abierto diligencias por tres supuestos delitos pero hay uno que considero importante porque afecta a la responsabilidad política y es el de ‘la omisión del deber de socorro’. Y lo digo porque el cúmulo de pruebas que hay es abrumador. Si así lo considera la jueza de Collado Villalba, lo primero que tendría que hacer entonces es elevar una exposición razonada al órgano competente (el Tribunal Supremo) porque tanto Ayuso como López y Escudero son personas aforadas”, explica este magistrado que abrió la comisión ciudadana por la verdad celebrada en septiembre con una impagable lección: “Lo normal en una sociedad democrática es que se hubiera constituido una comisión de investigación que obtuviera sus conclusiones y que se hubieran llevado a los tribunales si procedía. No tenemos pretensión de criminalizar a nadie sino de intentar acercarnos lo más posible a la verdad de lo que ha sucedido”. Para familiares, epidemiólogos e investigadores hay dos falacias, ambas vertidas por el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, que conviene desmentir a toda costa: el principal culpable de la alta mortalidad fue el coronavirus y la atención hospitalaria y paliativa no se restringió a los ancianos en situación vulnerable.

Nadie puede decir que la pandemia cayó en Madrid como por ensalmo y que la alta mortalidad que causó fue una consecuencia inevitable. Otras comunidades autónomas vieron las orejas al lobo y adecuaron de la manera que pudieron sus sistemas sanitarios. Desde el 1 de enero empezaron a investigar los casos sospechosos que llegaban a sus hospitales. Cuando la primera cepa del Sars Cov 2 explotó en marzo de 2020, cualquier médico sabía que ese virus se contagiaba rápidamente, atacando los pulmones, que en un alto porcentaje colapsaban con horrendas neumonías bilaterales. Los testimonios son abundantes. Italia llevaba semanas dando cuenta de los estragos que sufría, con cifras de infectados elevadísimas y escenarios de muertes sobrecogedoras. Y, sobre todo, los italianos alertaban de que los centros de mayores eran lugares perfectos para su expansión porque los residentes comparten atmósfera en un entorno cerrado, con espacios comunes y trabajadores comunes que atienden a los usuarios favoreciendo la transmisión de un virus respiratorio altamente infeccioso.

Estudio epidemiológico

La epidemióloga de la Universidad de Montreal María Victoria Zunzunegui; el investigador de los servicios de salud de la Universidad de Montreal François Béland; y el jefe de área del Centro Nacional de Epidemiología, Fernando José García, han realizado un pormenorizado estudio de la mortífera epidemia en España con datos de cinco comunidades autónomas facilitados por el sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III. El resultado que han obtenido no deja lugar a la duda. “Apreciamos un aumento de casos durante los meses de enero y febrero de 2020. En Baleares y Canarias, por ejemplo, tienen una curva ascendente más lenta, debido a que ya estaban en estado de alerta y, al detectar brotes, establecieron cuarentenas de 14 días. Las gráficas que hemos elaborado demuestran que los primeros casos de Madrid se registran en enero de 2020 y que fue la primera comunidad en alcanzar los 100. El 13 de febrero había 108. Esto indica que la pandemia ya estaba en expansión comunitaria, pero los responsables (la Dirección de salud pública y de la Consejería de Salud) no establecieron ninguna pauta de control, a pesar de que los médicos especialistas en enfermedades infecciosas ya habían detectado pacientes con síntomas y neumonías que sugerían covid”, indica Zunzunegui.

La primera víctima por coronavirus reconocida en Madrid fue una mujer de 99 años en la Residencia de la Paz. Oficialmente, falleció el 5 de marzo en el Hospital Gregorio Marañón, aunque, según se supo después, llevaba dos días muerta en la cama de su habitación. El diagnóstico fue realizado post mortem gracias a la perseverancia de una médica que había vivido un brote epidémico en un centro de Torrejón de Ardoz. Con el resultado en la mano, decidieron acudir a la residencia y descubrieron que había más enfermos esperando su sentencia. Para cuando dieron la voz de alarma, la epidemia estaba en fase de crecimiento descontrolado. La reacción fue cortar las derivaciones a los hospitales de los residentes contagiados y clausurar los centros.

Para cuando dieron la voz de alarma, la epidemia estaba en fase de crecimiento descontrolado

Para confirmar, como intuían los investigadores, que esta actitud pasiva con el sector más vulnerable a la epidemia fue razonada y reglamentada, Zunzunegui, Béland y García solicitaron al portal de transparencia de la propia comunidad madrileña los registros de residentes derivados a centros hospitalarios entre enero y junio de 2020. Y allí encontraron otra de las pruebas que, en su opinión, demuestra que la gestión incidió en la alta mortalidad residencial. “Comprobamos que durante los dos primeros meses del año se realizaban unas 110 derivaciones diarias desde las 475 residencias que entonces había en Madrid (hoy son 470). Pero al empezar marzo, especialmente a partir del 6 de marzo que es cuando se verifica la muerte de la mujer en la residencia de la Paz, el número cae drásticamente hasta alcanzar un mínimo de 23 derivaciones al día el 23 de marzo. Es algo que al principio nos costó entender porque hablábamos mucho de los protocolos, pero cuando hicimos la gráfica vimos claramente que no les dieron ninguna posibilidad de salir de las residencias. Ninguna. Porque luego tampoco los llevaron al Ifema, –sólo fueron trasladados 23 residentes con síntomas leves–. Solo pudieron hacerlo los que tenían seguros contratados a hospitales privados”, añade la epidemióloga de la Universidad de California.

El resumen del desastre es que en los meses de marzo y abril de 2020, en Madrid murieron por covid más ancianos en residencias que en hospitales. Como ejemplo, la mortalidad dentro de las residencias asignadas al Hospital Infanta Sofía, alrededor de 40, fue del 46,7%, mientras que la de pacientes covid ingresados en el centro sanitario fue del 42,5%. En el Ramón y Cajal, el 27,7% murió en el hospital y el 40,8% de los enfermos dentro de la residencia. Los otros 26 centros de salud de la comunidad nunca han publicado sus datos.

Omisión del deber de socorro

Estos números sirven para calibrar la gestión sanitaria que hubo en las residencias. Y no tienen parangón con los registrados en otras comunidades autónomas. En los hospitales gallegos falleció el 62,7% de los residentes enfermos que fueron enviados a los hospitales mientras que dentro de los centros de mayores sólo murió el 12,5%. Parecidos porcentajes tuvieron en Euskadi, Andalucía o Canarias. La cuestión es: ¿por qué murieron más enfermos en las residencias madrileñas que en los hospitales cuando en otras comunidades autónomas sucedió lo contrario? “Porque en Madrid se aplicó un triaje en función de la gravedad de cada paciente y se decidió derivar a los hospitales a los enfermos residenciales con síntomas más leves, a los que más probabilidades tenían de defenderse del virus, a aquellos que tenían seguro privado, a los que podían caminar y no sufrían un deterioro cognitivo. No, no hubo criterios clínicos”, sentencia Zunzunegui. Estas son las cifras de la ‘omisión del deber de socorro’ que los familiares  enarbolan y ofrecen a la justicia porque, para ellos, son el reflejo de la ejecución de las cuatro versiones del protocolo de exclusión que firmó el ex director general de coordinación sanitaria, Carlos Mur, el 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020.

Y para concluir está el modo en el que los enfermos murieron. En las sesiones de la comisión de la verdad, médicos y enfermeras describieron escenas de una crueldad espeluznante, inaudita e insoportable incluso para ellos. La mayoría pereció ahogada, muchos desnutridos y deshidratados. Uno de los informes de Amnistía Internacional sobre esta tragedia habla de la violación de cinco derechos fundamentales en Madrid y uno es el derecho a la muerte digna. “¿Aquello fue una forma de morir? Hubo una violación masiva del derecho a una muerte digna”, sentencia Javier Cordón, integrante de la plataforma de familiares de las víctimas de las residencias ‘Verdad y Justicia’. Ese dolor no desaparece nunca. Por eso, las preguntas de muchos familiares golpean la puerta cerrada de la Real Casa de Correos. En esa comisión ciudadana quedó clara otra cosa: “Fue necesaria la colaboración del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) y de muchos geriatras de enlace que eran quienes decidían las derivaciones. Si decían que no, los familiares levantaban el teléfono de inmediato, lógicamente, y pedían una ambulancia. Las órdenes eran que no fuera ninguna a las residencias salvo que tuviesen el visto bueno del geriatra de enlace. Y así cerraron el círculo para que no se produjera derivación posible a los hospitales”, relata Manuel Rico en su libro, la investigación más importante sobre lo ocurrido en las residencias que se ha escrito.

La mayoría pereció ahogada, muchos desnutridos y deshidratados

De Isabel Díaz Ayuso es conocida su manifiesta animadversión a las interpelaciones de la prensa por los oscuros casos que le salpican. A nadie le gusta que le cuestionen en público. Hace unas semanas se revolvió contra el reportero Willy Veleta por preguntarle cámara en mano su opinión sobre la decisión del Parlamento europeo de investigar las muertes en residencias de la Comunidad de Madrid. Levantó la mirada y clavó sus ojos en los del periodista con aire desafiante antes de embestir. Era su momento, quizá el Momento (con mayúscula) esperado de ilustrar a sus incondicionales cómo defiende su territorio, cómo protege a su gente de confianza, cómo invierte la memoria y el dolor para convertirse en víctima de los impertinentes. “¿Van a seguir acosándome toda la vida con las residencias de manera indigna? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria. Muchas familias dicen que sus familiares no tenían que haber ido ni siquiera a los hospitales (sic). Están retorciendo el dolor de las víctimas políticamente. Dejen de utilizar las muertes”, dijo sobreexcitada.

Las palabras no son inocentes y esas de Ayuso fueron como un disparo al corazón de muchos afectados. “Decir que esta gente politiza su dolor me parece absolutamente terrible. Es el discurso propio de un agresor, que siempre intenta culpabilizar a su víctima”, remacha el periodista Manuel Rico. En Madrid hay tres asociaciones de familiares que agrupan a cientos de afectados. En los tres años que han transcurrido desde que se produjo la tragedia nunca han logrado cruzar una palabra con la presidenta. Los hechos son los hechos. Jamás les ha convocado para mantener una reunión donde mostrarles cercanía por el dolor que padecieron. “Ni una leve disculpa, ni una maldita lágrima”, rumia Javier Cordón, de la plataforma ‘Verdad y Justicia’. Si esto hubiese ocurrido con otro tipo de víctimas, quién sabe, quizá sería un escándalo de Estado. “Demuestra una falta absoluta de empatía hacia los familiares que perdimos a seres queridos en circunstancias brutales. El victimismo arrogante la convierte en una política totalmente ajena al dolor que sentimos”, añade Carmen López, que no olvida el calvario sufrido por su madre en la residencia Parque de los Frailes de Leganés. “La doctora, que era suplente de fin de semana, pidió autorización para su traslado al Hospital porque le insistí y le insistí. Y se lo concedieron porque se equivocó al decirle a la geriatra que mi madre caminaba porque, en realidad, iba en silla de ruedas. Gracias al informe que la residencia remitió al juzgado donde presenté una querella he podido saber que mi madre era sospechosa de tener covid desde el 14 de marzo y no la trasladaron hasta el 5 de abril. ¡Desde el 14 marzo encerrada en una habitación de la residencia sin atención médica!”, concluye. En la comisión ciudadana hubo gente que habló por primera vez ante una audiencia que escuchaba conmovida. Algo que ni la justicia ni los políticos han hecho hasta ahora. Nada. Ni una muestra de pésame.