Recientemente tuve que formar parte de un tribunal en el Máster de Análisis Político de la Universidad Complutense. Entre las distintas tesis que se presentaron a examen, la que coincidimos en evaluar con una calificación más alta llevaba por título “Lava Jato: análisis de la posible necesidad de conceptualizar el lawfare frente a la politización de la justicia y la judicialización de la política”. Lo cierto es que el lawfare es ya un concepto de la Ciencia Política y un área de investigación politológica, básicamente porque sirve para describir fenómenos y realidades políticas ineludibles. 

Es, por lo tanto, bastante lógico que la noción pueda aparecer en un documento político como el que firmaron el PSOE y Junts y, en realidad, también es lógico que la propia noción moleste a las asociaciones de jueces, conscientes de la enorme importancia que tiene el simple hecho de nombrar lo que hasta ahora no se nombraba de una manera eficaz. Que una praxis corrupta, relativamente frecuente, por parte de jueces y tribunales adquiera estatus de objeto de investigación politológica y que se normalice en el lenguaje político y periodístico sitúa a las asociaciones profesionales de jueces ante una situación muy incómoda: la de tener que admitir que un tipo muy específico de corrupción con intenciones políticas existe en su colectivo profesional. El menoscabo de su prestigio es evidente, pero quizá, a estas alturas, debieran admitir que, ante la evidencia de los hechos, la manera más eficaz de combatir el lawfare no es negar su existencia ni proscribir el término, sino asumirlo como primer paso para poder combatirlo. 

La tesis del estudiante Alex Ferreiro partía del análisis de un caso paradigmático de lawfare, el ‘Lava Jato’ en Brasil contra Lula, para diferenciar la noción de lawfare tanto de la “politización de la justicia” –cuando en los tribunales se resuelven asuntos de importancia social y política en la que aparecen sesgos ideológicos en la acción judicial– como de la “judicialización de la política” –cuando la propia actividad política se ve limitada por los tribunales–.

Como demuestra Ferreiro en su tesis, el lawfare es otra cosa y requiere de la concurrencia de dos elementos. En primer lugar, de una voluntad prevaricadora por parte del juez o tribunal, que actúa a sabiendas de que está forzando la interpretación del Derecho para perjudicar a una figura política. Y de otro lado, el concurso de los medios de comunicación para que la acción judicial adquiera una presencia mediática imprescindible para lograr sus objetivos. El caso Lava Jato muestra con enorme claridad ambos elementos como clave para entender un fenómeno de corrupción judicial clásico (la prevaricación) que, para lograr sus objetivos políticos, necesita retroalimentarse con un fenómeno de corrupción mediática, que consiste en aprovechar una investigación judicial, aparentemente regular, para crear una nueva realidad (el escándalo) que, en general, se concreta en el menoscabo de la imagen y el prestigio de la figura política objeto del lawfare.

No es necesario ser muy perspicaz para observar la acción concertada de jueces altamente motivados ideológicamente con medios de comunicación para lograr el menoscabo de la imagen de figuras políticas de la izquierda y del independentismo. Que en buena parte de los casos (los de Podemos son el mejor ejemplo), las investigaciones tuvieran que ser archivadas por los propios tribunales prueba hasta qué punto la clave para entender el lawfare no es tanto la habilidad de los jueces motivados para conseguir una condena injusta, como para lograr un escándalo. El mecanismo es mucho más perverso que una mera prevaricación, pues el lawfare permite la destrucción de reputaciones políticas y personales, independientemente de que los casos queden en nada. 

Sin embargo, la paradoja es también evidente. Cualquiera sabe (y así me lo han reconocido muchos jueces) que las dinámicas corporativas en la propia judicatura hacen muy improbable que un juez llegue a ser condenado por prevaricación, por mucho que sea evidente que prevaricó. Y es aún más difícil que un periodista sufra alguna consecuencia por mentir. Pero precisamente por ello, el desprestigio público de jueces y periodistas corruptos se ha convertido hoy en la más democrática de las tareas. Y de eso se han dado cuenta las muy corporativas asociaciones de jueces que siguen la estela de las muy corporativas asociaciones de periodistas. 

La calidad de la democracia se mide de muchas formas y una de ellas es por la calidad de la judicatura y del periodismo que, en general, han sido poco vulnerables a los avances y transformaciones democráticas. Hablar de lawfare hoy es trabajar a favor de la regeneración democrática en la judicatura y en el periodismo.