Media España anda comentando en redes sociales y conversaciones privadas los mensajes que ha puesto (y luego borrado) Jaime del Burgo en la red social X, dando detalles e imágenes de la supuesta relación amorosa que mantuvo con Letizia Ortiz antes y después de que esta se casara con el actual rey de España, Felipe VI. El asunto puede parecer mero chismorreo y sospechamos que ese es el pretexto que están utilizando la mayoría de medios españoles para no mencionarlo, a pesar de que ha recibido amplia cobertura en otros países. ¿Debe CTXT seguir al resto de medios y pasar por alto la historia sobre las supuestas infidelidades de la reina con el que fue concuñado del rey? ¿Realmente callan los demás porque consideran que el tema no tiene relevancia, o hay otros motivos para no darse por enterados? ¿Estamos ante el enésimo intento de proteger la estabilidad de la monarquía? ¿Cómo es posible que toda la prensa, desde la más conservadora hasta la progresista, renuncie a hablar de una historia que circula por la sociedad? 

Todo en este asunto resulta turbio. Quien lanza la noticia sobre la relación es el periodista Jaime Peñafiel, cuyo desprecio por Letizia Ortiz es bien conocido. El cortesano octogenario afirma en su nuevo libro, Letizia y yo, que Jaime del Burgo fue novio de Ortiz entre 2002 y 2004; que, después de que esta se casara con Felipe VI ambos fueron “amigos y confidentes”, y que, entre 2012 y 2016, después de que la reina presentara a su exnovio a su hermana Telma, fueron cuñados y, según añade luego el propio Del Burgo, también amantes. 

Jaime del Burgo es hijo de Jaime Ignacio del Burgo, un conocido político navarro, que fue presidente de la Comunidad foral, y dirigente primero de la Unión de Centro Democrático y más tarde del Partido Popular. Que haya elegido el momento de la investidura de Pedro Sánchez para contar que mantuvo una relación adúltera con la reina no es casual. Los mensajes en X iban dirigidos a la Casa Real y al presidente Sánchez y, en uno de ellos, explicaba que su motivación para actuar de este modo era su disgusto por la formación de un Gobierno con apoyo de Bildu, que Del Burgo asimila a ETA sin más. A su juicio, resulta intolerable que Felipe VI haya consentido la formación de un Gobierno de esta naturaleza. 

El silencio atronador que la prensa mantuvo sobre las andanzas del anterior rey fue una página de vergüenza para los medios y la democracia

Se mezcla, pues, un posible intento de chantaje o desestabilización de la monarquía y del gobierno desde la extrema derecha, con la difusión de supuestas historias privadas o de bulos que afectan a la imagen y la reputación de la reina y la familia real. Que el comportamiento de Peñafiel y Del Burgo sea una vileza, caiga de lleno en la violencia machista y en un clasismo atroz y contenga elementos de venganza personal y de resentimiento no quita para que el episodio merezca una reflexión política. 

Del Burgo es uno de esos reaccionarios recalentados con la renovación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ha decidido utilizar munición del calibre más grueso para hacer cuanto ruido sea posible con objeto de castigar a Felipe VI por cumplir con sus obligaciones constitucionales. Claramente, ha intentado chantajear, o al menos coaccionar, a la monarquía y debilitar al nuevo Gobierno. Y esto no es un asunto privado, sino un problema político. Por un lado, confirma el desprecio de la extrema derecha por las instituciones y por la Constitución. Por otro, coloca al jefe del Estado en una situación de riesgo y vulnerabilidad, puesto que no es descartable que el excuñado de la reina tuviera acceso a informaciones, diálogos o imágenes que puedan poner en peores aprietos a la institución. 

Por eso no resulta convincente que los medios miren hacia otro lado, ni tiene sentido alegar que se trata de un simple bulo o de un asunto estrictamente privado. El silencio atronador que la prensa española mantuvo sobre las andanzas sexuales, económicas y fiscales del anterior rey fue una página de vergüenza para los medios y la democracia española. El jefe del Estado fue chantajeable durante muchos años, y de hecho hoy sabemos que fue chantajeado por Bárbara Rey y demandado ante los tribunales por Corinna Larsen, y que los servicios secretos movieron agentes, fondos reservados e influencias para proteger al exmonarca. 

La reina tiene derecho a que nadie airee su intimidad en público: sea verdad o mentira, es un delito

Los medios que callaron entonces tienen ahora el deber y el derecho de inquirir a la Casa Real sobre los tuits de Del Burgo. No para confirmar o desmentir la presunta relación adúltera de la reina, sino para saber si la jefatura del Estado ha corrido o corre todavía riesgo de ser chantajeada. Y también convendría saber qué maniobras han hecho el CNI y la Casa Real para intentar frenar la difusión de la historia. No importa nada saber si Del Burgo ha sido un “entrañable amigo” o un amante de Letizia. La reina tiene derecho a que nadie airee su intimidad en público: sea verdad o mentira, es un delito. Ella es el eslabón más débil, como mujer, y por eso Peñafiel y Del Burgo la atacan a ella. Sorprende por cierto que la Fiscalía no actúe contra quienes intentan vejar o difamar a la reina y a su familia desde la extrema derecha, mientras se aplica toda la fuerza de la ley contra un rapero o una revista satírica por contar hechos irrefutables. 

Desde CTXT creemos que la Casa Real debe aclarar este aparente intento de chantajear, desestabilizar o coaccionar al jefe del Estado y a otras instituciones.  Volver a guardar un nuevo silencio atronador no servirá para mejorar la confianza ciudadana en los medios ni en una monarquía que arrastra ya demasiados escándalos de toda índole y a la que le sigue costando adaptarse a las demandas ciudadanas de transparencia, igualdad ante la ley, neutralidad política y ejemplaridad en la rendición de cuentas. A la espera de que la República llegue por su propio peso, una democracia saludable debe ser capaz de debatir en público sobre las debilidades y los riesgos que supone mantener lejos del escrutinio público a la jefatura del Estado.