El ejército del Estado de Israel lleva ya tres meses bombardeando sin piedad la franja de Gaza como respuesta a los ataques terroristas de Hamás en los que murieron mil doscientos de sus ciudadanos. Se trata de un territorio extranjero, pero bajo su control, en el que viven (o vivían) alrededor de dos millones de palestinos. La considerada como potencia ocupante no sólo ha matado a decenas de miles de civiles palestinos sino que también ha dañado el 70% de las viviendas de la zona. Además, está destruyendo de forma deliberada carreteras, hospitales y universidades hasta provocar el aniquilamiento mismo de la sociedad palestina de Gaza. Mientras se produce este crimen contra la humanidad, la mayor parte del mundo lo observa indiferente, o al menos inactivo.

Pero no todos están consintiendo con pasividad esta tragedia. Por todo el mundo, miles de personas, incluyendo a numerosos judíos, protestan contra el exterminio. Hay también algún gobierno resuelto a demostrar que la humanidad está por encima de las consideraciones geopolíticas: la República de Sudáfrica ha acudido a la Corte Internacional de Justicia alegando que estamos ante un auténtico genocidio y pidiendo que se adopten medidas inmediatas para detenerlo. La demanda se sustenta por entero en la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948 y firmada por 152 países, incluidos Israel y España. No se trata de una ocurrencia extravagante, sino todo lo contrario; lo que ha hecho Sudáfrica es algo exigido por el derecho internacional y algo que España también debería hacer. Cada día que pasa sin que el Gobierno español tome la iniciativa de adherirse a la demanda sudafricana es un día en el que nuestro país está violando sus obligaciones internacionales.

La Convención es un instrumento internacional elaborado al calor del impacto que tuvo en el mundo el descubrimiento del intento del Gobierno nacionalsocialista alemán de exterminar a todos los judíos. La impulsó especialmente el jurista judío polaco Raphael Lemkin, que fue quien acuñó modernamente el término ‘genocidio’ para referirse al intento de aniquilar a un grupo nacional, tal como sucedió con las políticas nazis contra el pueblo hebreo o las turcas contra los armenios. Fue precisamente el horror de descubrir la dimensión de la masacre contra los judíos lo que llevó a tipificar y prohibir de manera absoluta el genocidio e instauró la obligación de todos los países de evitarlo.

La Convención define el delito de genocidio no sólo como la comisión de determinados actos terribles, sino que exige que se hayan realizado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial. Los actos en cuestión incluyen la matanza de miembros de ese grupo, la lesión de su integridad física o mental, el someterlos a condiciones de vida que acarreen su destrucción incluso parcial, el intentar impedir nacimientos o el traslado forzoso de niños. Cuando se realicen esos actos (que de cualquier otro modo pueden ser considerados como crímenes contra la humanidad) para aniquilar a un grupo determinado, entonces se está técnicamente ante un genocidio.

Los primeros países declarados culpables de violar la Convención fueron Serbia y Montenegro con ocasión de los crímenes cometidos durante la guerra de Yugoslavia, en los años noventa. En esa ocasión, la Corte Internacional de Justicia declaró que “las fuerzas serbobosnias cometieron genocidio al buscar la extinción de los 40.000 musulmanes bosnios de Srebrenica”. Aunque el Estado serbio no fuera directamente responsable de ello, sí que fue declarado culpable –al estar informado de lo que sucedía y teniendo la posibilidad de evitarlo– de no prevenir o castigar adecuadamente el genocidio.

Aplicando todo esto a la situación actual en la franja de Gaza, es fácil concluir que, de una parte, se está cometiendo un genocidio y, de otra, España está obligada a denunciarlo.

Tal y como explica con contundencia la demanda sudafricana, las acciones israelíes sobre Gaza pueden ser calificadas fácilmente de genocidio. Constituyen actos que están castigados en la Convención y se están realizando con la intención prevista en ella.

Razonablemente, lo más complicado de demostrar es la intención, porque la naturaleza de los ataques israelíes salta con claridad a la vista. Hasta el momento han muerto asesinados más de 23.000 palestinos y heridos casi 60.000. El 70% de los fallecidos son mujeres y niños, por lo que resulta evidente que se trata de civiles no combatientes. Entre el 30% restante de hombres hay ancianos, periodistas, personal sanitario, trabajadores humanitarios y civiles en general. A eso hay que sumar los miles de desaparecidos. No hay duda de que se han cometido matanzas deliberadas, excesivas e indiscriminadas de civiles.

Toda la población de Gaza está sometida a un daño psicológico tremendo. Agencias internacionales calculan que el 90% de la población ha sido obligada a abandonar sus casas. Tras intentar confinar inicialmente a todos los palestinos en un espacio equivalente a un tercio del territorio, Israel dicta nuevas órdenes de evacuación a diario, obligando al movimiento continuo de los habitantes de la Franja. El terror de los masivos bombardeos indiscriminados, con bombas poderosísimas, se completa con una terrible hambruna, creada y mantenida de forma deliberada. La malnutrición y la falta de agua y medicinas, denunciadas por agencias de Naciones Unidas son claramente una forma de completar el genocidio.

Lo más difícil de demostrar siempres es la intención de aniquilación que debe guiar estos hechos atroces para poder hablar jurídicamente de genocidio. Pero no en este caso. Ayudan las numerosas declaraciones de las autoridades, parlamentarios, ministros y mandos militares israelíes en las que explicitan su intención de dañar a toda la población de Gaza o incluso acabar con ella. Por su importancia, destacan unas afirmaciones del presidente del país y otras de su primer ministro. El 12 de octubre, Isaac Herzog, presidente de Israel, dijo en rueda de prensa literalmente, refiriéndose a Gaza, que “es toda una nación la responsable. No es cierta la retórica de que los civiles no son conscientes ni participan. Es absolutamente falso”. Más tarde, en la misma rueda de prensa, dijo que en muchas cocinas palestinas había misiles, lo que las convertía en objetivos legítimos. El 28 de octubre, Benjamín Netanyahu, primer ministro, evocó el pasaje bíblico que dice “recordad lo que os han hecho los de Amalec”. Con esa frase se refería al párrafo del Deuteronomio, estudiado en todas las escuelas hebreas, en el que Moisés explica que Dios le ha pedido “exterminar a los de Amalec completamente hasta que nadie recuerde que han vivido”. A partir de ahí, los judíos de la Biblia se sintieron legitimados para exterminar a ese vecino pueblo cananeo. La alusión es escalofriante y sirve, junto a otras muchas, para constatar que efectivamente Israel está atacando la Franja de Gaza decidido a acabar, al menos parcialmente, con los palestinos que allí viven. Por si fuera poco, el ministro de Defensa israelí, al anunciar su plan de ataque, dijo que iba a “imponer un asedio completo de Gaza. No habrá electricidad, comida, agua o carburante. Todo cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. De esa forma, además de llamar al aniquilamiento, deshumaniza a los palestinos gazatíes. La intención de cometer lo que técnicamente se califica de genocidio es evidente.

Y ante esta evidencia, España no puede permanecer impasible. No se trata sólo de una cuestión de pura humanidad, para parar la constante muerte de civiles, los desplazamientos forzosos de población y la destrucción total de las infraestructuras. También es una obligación jurídica. El artículo uno de la Convención establece que los Estados firmantes se comprometen a prevenir y sancionar el genocidio. Ello implica que si un país tiene conocimiento fehaciente de que se está cometiendo un genocidio tiene la obligación de utilizar los instrumentos jurídicos a su alcance para evitarlo. El principal es, precisamente, acudir a la Corte Internacional de Justicia. 

Las circunstancias españolas facilitan que nuestro Gobierno dé ese paso. Vivimos en un país relevante de la Unión Europea que está libre del pasado vergonzante que comparten otras naciones de nuestro entorno. Aquí la opinión pública, además, está concienciada con los derechos humanos y espantada ante el horror diario que se vive en Gaza. Tenemos la obligación y la oportunidad de respaldar la demanda sudafricana, provocando así una cascada de reacciones internacionales contra el genocidio que tal vez pueda servir para detenerlo.

Conforme a la normas procesales internacionales, los países demandantes y demandados tienen derecho a nombrar un juez ad hoc que se una a la Corte para el estudio del caso. Israel ha nombrado a un prominente jurista, Aharon Barak, superviviente del Holocausto, que de niño evitó el exterminio huyendo del gueto escondido en un saco de patatas. Por su parte, Sudáfrica ha designado al juez Dikgang Moseneke, el albacea de Nelson Mandela, que fue detenido, maltratado y encarcelado cuando era un joven activista contra el apartheid. Ambos tienen detrás una terrible historia de sufrimiento en razón del grupo nacional al que pertenecen. Los jueces internacionales seguro que entienden, sin embargo, que el Holocausto fue una de las peores experiencias de la humanidad no por dirigirse específicamente contra los judíos, sino por la magnitud del genocidio. Ningún pueblo, ni siquiera el que más ha sufrido en el pasado, está legitimado por la historia para masacrar a diario deliberada e impunemente a niños, ancianos y población civil. Ojalá la voz de España ayude a conseguir que impere la cordura y que la Corte Internacional de Justicia adopte medidas para frenar este genocidio que está ocurriendo ante nuestros ojos. Por una vez nuestro país tiene la ocasión de situarse claramente en el lado bueno de la historia.

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250 juristas piden al Gobierno que apoye la denuncia internacional de Sudáfrica contra Israel por genocidio.