“La vocación es una trampa, lo dejamos todo por nuestros niños. Estuve un año entero posponiendo mis citas con el especialista porque mi jefa me decía que si iba al médico dejaba a mis compañeras en la estacada. No había nadie para cubrirme durante mi ausencia. Cada educadora trabaja sola en su aula, con ratios que pueden llegar a los veinte niños por adulto. No he faltado nunca al trabajo, ni por enfermedad, ni por el fallecimiento de algún familiar, y mis compañeras tampoco”, desgrana durante su único día libre Sofía, que prefiere no usar su nombre real. Esta treintañera vive en una ciudad pequeña y lleva muchos años desempeñándose como educadora en una escuela infantil privada. Insiste en la necesidad de permanecer en el anonimato porque ya ha sufrido represalias por parte de la empresa en el pasado.

Muchas madres y padres pueden atestiguar que la búsqueda de una escuela infantil para sus hijos no es sencilla. Las familias, cada vez más concienciadas, demandan centros con un proyecto educativo ambicioso para sus hijos que no se limite a la mera labor asistencial. Se valora la enseñanza de un segundo idioma a niños que todavía no hablan en su lengua materna, la oportunidad de experimentar con pedagogías alternativas o estilos de crianza más respetuosos con las necesidades y ritmos de los menores, y se tienen cada vez más en cuenta la calidad de las instalaciones del centro, los materiales, los proyectos educativos y el servicio de comedor.

Las educadoras, sin embargo, la parte fundamental de este engranaje, no parecen generar el mismo interés. En España, para poder ser tutora de un aula en el ciclo de cero a tres, es imprescindible contar con el título de técnico superior en Educación Infantil o con el de maestra. La mayoría de las profesionales, además, suelen reciclarse de manera permanente durante toda su carrera mediante cursos y formaciones a las que acuden en su tiempo libre, y que a menudo sufragan de su bolsillo. Pero las condiciones laborales y la remuneración de sus tareas no están en consonancia con la complejidad de las mismas. Lo explica Pedro Ocaña, responsable de la Secretaría de Privada y Servicios Socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CC.OO. “Desde hace un par de años estamos intentando negociar una mejora sustancial del convenio colectivo del sector a nivel estatal. Pero nos hemos encontrado con un muro. Las patronales, de las que la mayoritaria es ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), junto con las escuelas católicas, entre otras, se niegan a dignificar la profesión. De ahí que consideráramos que había llegado el momento de meter presión desde la calle. Hemos estado organizando concentraciones, y se convocaron dos jornadas de huelga en octubre y otras dos en noviembre. Además, durante el mes de diciembre se produjeron algunos paros parciales, entre las 7 y las 11:30 de la mañana”.

“Cada vez que pedimos cualquier mínima mejora, la respuesta de jefas o incluso de las compañeras es la misma: ‘Es que esto siempre se ha hecho así’”, explica Sofía

“Se nos exigen muchas cosas que van más allá de las funciones que recoge nuestro convenio”, explica Sofía. “Somos un sector feminizado, precarizado y atomizado. Hay mucho inmovilismo y tengo pocas esperanzas de que esto vaya a cambiar a corto plazo. Cada vez que pedimos cualquier mínima mejora en nuestras condiciones, la respuesta por parte de jefas o incluso de las propias compañeras es la misma: ‘Es que esto siempre se ha hecho así’. Hay mucho miedo a manifestarse o plantear conflictos, porque se han producido represalias en el pasado reciente”.

“A menudo voy cada mañana antes de mi horario para preparar las actividades que voy a realizar con los niños. También me quedo en reuniones y tutorías por las tardes que la empresa no me paga, porque están fuera de las seis horas y media de jornada que tengo en mi contrato”. Considera, sin embargo, que su situación ha mejorado. “Cuando entré a trabajar aquí, pasé muchos años con un contrato de tres horas y media, cobraba 400 euros. Tenía cuatro empleos al mismo tiempo para poder mantenerme, y si podía llegar a fin de mes fue porque un familiar me permitía vivir gratis en su casa, sin pagar alquiler”. En la actualidad, las educadoras en la privada perciben un salario de unos 1.028 euros al mes, que se queda por debajo del SMI. “Nuestro sueldo ha ido subiendo un poco porque ha subido el salario mínimo. En 2019 cobrábamos menos de 900 euros mensuales. Mi madre me dice que de haber sabido que me esperaba este futuro, no me habría dejado estudiar la F.P. La realidad es que, con la edad que tengo, no puedo permitirme una vida independiente”. A esto se suma la precariedad de los contratos, que en su mayoría son fijos discontinuos, y además por lo general a jornada parcial, con la excusa de que no hay suficientes niños matriculados en los centros educativos.

Pese a tratarse de una actividad asalariada, muchas de estas profesionales cubren los gastos habituales del centro con su propio dinero. “Cuando llegué aquí, en mi aula no había más que una cocinita y algunos juguetes viejos. Por navidad o por mi cumpleaños siempre pido que me regalen cosas para mis niños, la mayor parte de los materiales que uso en el aula son míos, los he comprado yo”.

Ocaña ofrece un diagnóstico rápido de la situación: “Tenemos un problema de fondo, y es que este sector está muy feminizado. En CC.OO. estamos convencidos de que, de no ser así, este asunto ya estaría resuelto. Pero todavía mucha gente habla de ‘guarderías’, creen que simplemente son centros a los que llevan a sus hijos para que se los cuiden, omitiendo la vertiente educativa, fundamental en el desarrollo de los menores, que llevan a cabo estas trabajadoras”.

“Si les dijera a las familias que voy a la huelga no creo que les sentara bien, porque entonces tampoco ellos podrían conciliar”

Sofía se siente valorada por el centro y por las familias a las que atiende, pero solo mientras siga desempeñando fielmente su trabajo. “Los padres y madres se dan cuenta de la cantidad de horas, ilusión y esfuerzo que metemos aquí, pero si les dijera que voy a la huelga no creo que les sentara bien, porque entonces tampoco ellos podrían conciliar”. Lo mismo sucede con la dirección del centro, que la considera una trabajadora “imprescindible” y una y otra vez le pide que cubra días festivos, o le impide disfrutar de sus vacaciones en momentos de sobrecarga de trabajo, pero no los remunera debidamente.

En este intento de luchar para mejorar sus condiciones laborales, Sofía gestiona la cuenta de Instagram Escuelas Infantiles en Lucha (@escuelasinfantilesenlucha), en la que las propias educadoras se animan unas a otras en sus reclamaciones, generan redes de apoyo y solucionan dudas de toda índole, pues el sector está tan desmovilizado que muchas veces las trabajadoras desconocen los mínimos exigibles que marca el convenio. “Muchas compañeras de la privada tienen que ocuparse incluso de hacer la limpieza en profundidad del centro, aunque el convenio deja claro que esas no son nuestras funciones. ¿Cómo se supone que vas a atender correctamente a los niños de tu clase en esas condiciones?”.

Simón de la Riva es madrileño, lleva quince años trabajando como educador en escuelas públicas de gestión indirecta y forma parte de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que está movilizándose en la Comunidad de Madrid exigiendo condiciones laborales dignas para las trabajadoras. De la Riva ha pasado por media docena de escuelas diferentes y, si bien está contento con su centro actual, reconoce que no en todos los lugares se trabaja igual. Como técnico, gana unos 1.134 euros al mes –las educadoras con título de maestra cobran un poco más– por trabajar 38 horas semanales, de las cuales 35 son de carga lectiva. “Eso significa que nos quedan dos horas para reuniones y una para trabajo personal (como preparar propuestas de juego), pero no en todos los casos es cierto. En muchos centros educativos terminan redactando los informes de sus alumnos en su tiempo libre”. La temporalidad de los contratos también es una constante en las escuelas de gestión indirecta. “Antes era habitual que te contrataran en septiembre y te echaran en julio, al finalizar el curso. Como ahora eso no es legal, van trampeando la situación con contratos en los que te tienen once meses en periodo de prueba”.

 “Trabajamos con ratios que duplican las recomendaciones europeas”, dice Simón de la Riva, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles

De la Riva explica que la precariedad en la que trabaja incide en el desarrollo de su labor profesional y va en detrimento de los menores a los que tiene que cuidar y educar. “Trabajamos con ratios que duplican las recomendaciones europeas. Por ejemplo, no es aconsejable tener más de cuatro lactantes por adulto, pero en España pueden dejarte a cargo de hasta ocho bebés menores de un año. Esto genera situaciones muy frustrantes, no podemos garantizar la calidad asistencial ni educativa. Y, desde luego, cuando tienes alumnos con necesidades educativas especiales, es imposible atenderlos correctamente. Falta mucha cultura sobre la educación de cero a tres en nuestra sociedad, las familias te piden que hables en inglés con los niños o que trabajes el color rojo y pongas a los bebés a rellenar fichas, mostrando un total desconocimiento sobre cómo aprende un niño tan pequeño”.

Ocaña realiza una valoración “muy positiva” en relación al seguimiento de los paros por parte de las trabajadoras. “Es cierto que nos hemos encontrado con un hándicap importante, que son los servicios mínimos abusivos impuestos por las administraciones, pero las concentraciones y paros han sido un éxito. Hemos ido in crescendo, y las dos últimas convocatorias de huelga tuvieron un seguimiento de cerca del 90% en las comunidades de Madrid, Galicia y Cataluña, y del 60% en el resto del Estado”, si bien asume que el mayor seguimiento se produjo en los centros públicos de gestión indirecta. También de la Riva denuncia los abusivos servicios mínimos –cercanos al 100%– que se ven obligados a prestar durante las jornadas de huelga. “Para esto sí nos consideran personal imprescindible”, se lamenta, “pero luego eso no se refleja en nuestras condiciones de trabajo”.

Tanto Sofía como Simón de la Riva coinciden en la necesidad de hacer ruido, crear conciencia y seguir llamando a la movilización. “Muchas veces, las familias son las primeras sorprendidas cuando les hablamos de nuestras condiciones laborales. Especialmente en las escuelas públicas de gestión indirecta, los padres creen que somos funcionarios y jamás habrían imaginado lo que está pasando. Es importante no bajar los brazos, hay que evitar que el movimiento se desinfle”.

En las últimas semanas, algunas de las educadoras han podido reunirse con diferentes representantes públicos de PSOE, Podemos y Más Madrid, a los que han trasladado sus reivindicaciones, si bien por el momento no han arrancado ningún compromiso firme. Ocaña concluye: “Queremos lograr mejoras en el convenio del sector, pero también hacer visible este conflicto que todavía es muy desconocido para buena parte de la sociedad. Si la situación no cambia de manera radical, seguiremos convocando movilizaciones”.