La batalla que lleva a cabo La Liga contra aquellos que fomentan y recurren a la piratería para ver los partidos de fútbol ha vivido un nuevo capítulo. El juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha acordado que los operadores de acceso a internet en España entreguen a la patronal las direcciones IP y los datos personales de los usuarios que comparten estos contenidos de manera ilícita, con el fin de preparar una futura demanda contra ellos. El revuelo creado entre los aficionados ha sido enorme, generando muchas dudas e incertidumbre sobre el alcance de la decisión de cara al futuro.

El presidente del organismo que agrupa a los clubes de fútbol señalaba hace unos meses que habían detectado al inicio de la presente temporada más de cinco millones de descargas ilegales en móviles en todo el mundo, de las que 1.100.000 eran en nuestro país, para ver gratis los partidos del campeonato español. Además, tenía localizadas 46.000 IP’s a nivel internacional desde las que se retransmiten de forma ilegal diferentes eventos deportivos. En la pasada campaña, la 22-23, La Liga identificó 8.747 establecimientos que estaban emitiendo partidos de forma pirata, lo que, según sus cálculos, suponían unas pérdidas de 27,7 millones anuales.

Buscando tener herramientas para combatir este problema, La Liga inició el pasado mes de enero un procedimiento ante la justicia para poder reclamar a los operadores tecnológicos que faciliten los datos de las personas que tienen contratadas las líneas de internet que están asociadas a las direcciones IP’s que ofrecen estos contenidos de forma fraudulenta y que el organismo tiene localizadas, con fecha y hora de conexión. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 256, permite solicitarlos para su identificación a través de lo que se conoce como un auto de diligencias preliminares, en caso de que haya indicios de que se esté vulnerando la propiedad intelectual. 

El juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona emitió hace unos días un veredicto en el que daba la razón a La Liga y obligaba a cinco compañías tecnológicas que operan en España a entregar un fichero con la dirección IP asignada al usuario cuando accedió al servidor con el que pudo compartir el contenido audiovisual de forma ilícita, así como su nombre y apellidos, dirección y documentos identificativos. Las empresas proveedoras de acceso a internet tienen la obligación de guardar esas direcciones IP’s durante un año. 

En un primer momento, los medios generalistas deportivos dieron la versión de que La Liga podía actuar contra el usuario final del proceso de piratería, es decir, contra la persona que se limita a conectarse por algún sistema para ver un partido de forma ilegal, sin tener contratado el servicio, mientras que otras voces apuntaban que iban dirigidas sólo a los que comparten la señal de forma ilegal, obteniendo un lucro económico. 

Ante las informaciones contradictorias, el servicio de comunicación del poder judicial emitió un comunicado en el que aclaraba que “la petición de diligencias de La Liga buscaba perseguir un tipo concreto de piratería: el cardsharing (…) El cardsharing es una práctica por la cual usuarios legítimos difunden la señal a determinadas redes pirata en la que todos los partícipes, incluidos quienes únicamente defraudan la cuota, utilizan decodificadores”. También señalaba que “la descripción de esta práctica permite concluir que se están realizando actos de puesta a disposición o difusión de forma directa o indirecta de contenidos, obras o prestaciones objeto de los derechos audiovisuales. Estos actos que son la base para acordar la diligencia preliminar solicitada, sólo pueden ser realizados por los cardsharers, que redifunden la señal y se lucran con ello y no por los meros usuarios finales”. Y para acabar de dejar clara su postura, el comunicado concluye con esta aseveración: “Las eventuales demandas futuras que derivasen de estas diligencias preliminares sólo podrían ir dirigidas contra los cardsharersque re difunden la señal para obtener un lucro”. Queda claro, según este escrito, que La Liga no podrá actuar contra los que se limitan a ver en su móvil u ordenador un partido, aunque no haya contratado el servicio y acceda a él de forma ilícita. 

Sin embargo, La Liga reaccionó a este comunicado emitiendo otro en el que se agarra a la literalidad de lo que se expone en la parte dispositiva del auto para defender su postura por la que también podrá actuar contra los usuarios finales del proceso. Javier Tebas, presidente de La Liga, publicó un mensaje en redes sociales en el que decía: “Tan ladrón es el que emite la señal pirata como el que la ve o la compra a precios irrisorios. Ver contenido pirata = robar = ladrón”. La idea del organismo es presentar una demanda contra estas personas solicitando una indemnización por daños y perjuicios. El auto estipula que una vez que las operadoras entreguen la información requerida, La Liga tiene un mes de plazo para interponer las demandas.

Este asunto ha servido también para reabrir el debate a nivel público de porqué existe un alto nivel de pirateo en España de los partidos de fútbol. Y la conclusión está clara para una gran mayoría de aficionados. Estamos ante la transformación de un evento popular, como ha sido el fútbol a lo largo de la historia, en un producto de lujo que está fuera del alcance del consumidor medio, un proceso que se ha manifestado de forma más extrema en nuestro país. No hay más que comparar el coste económico que tiene poder ver el fútbol por televisión a nivel nacional respecto a las ligas más importantes del continente europeo teniendo en cuenta, además, el salario mínimo de cada país.

En España se puede ver fútbol por televisión desde 80,95 euros mensuales

Según un informe de la web futbolenlatv.es, en España se puede ver fútbol por televisión desde 80,95 euros mensuales a través de Orange, con obligación de permanencia de un año, mientras que si escoges Movistar el precio mínimo es de 116,90 euros al mes. Las dos te obligan a contratar línea de teléfono fijo o línea móvil, respectivamente. Mientras, en el Reino Unido, puedes ver todo el fútbol por 84,52 euros al mes; en Alemania por 74,48 euros; en Italia por 62,49 euros; en Francia por 44,98 euros; y en Portugal por 39,98 euros. 

A estos precios hay que añadirles la variante del poder económico de cada ciudadano de esos países. Mientras que en España el sueldo mínimo bruto es de 1.323 euros, en Reino Unido es de 1.929 euros. En Alemania alcanza los 2.054 euros, en Francia es de 1.767 euros y en Portugal de 957 euros. Italia no tiene estipulado un salario mínimo. De tal manera que a un hincha español le cuesta porcentualmente un esfuerzo mayor hacer frente a esas cuotas que a cualquiera de sus vecinos europeos.

La burbuja económica en la que está sumida el fútbol no solo afecta al coste de ver los partidos por televisión. También al coste de las entradas, de los abonos e incluso hasta del precio de las camisetas. Esa inflación de precios provoca que muchos seguidores no tengan la posibilidad de disfrutar de una actividad cada vez más restringida a las personas de un nivel adquisitivo medio-alto. 

Tebas ha pasado de ganar 360.000 euros anuales a poder alcanzar los 5,4 millones

Llegado a este punto, Tebas, que está en su papel de combatir una actividad como la piratería que hace daño a su negocio, debería reflexionar si no sería mejor redimensionar el sector del fútbol, por mucho que su prioridad sea que engorde todavía más. Puede que sea tarde y que ya no haya forma de reconducir la situación por iniciativa propia, pero deberían planteárselo antes de que algún día estalle el globo y tengan que apretarse todos de golpe los cinturones. Entre ellos, el propio presidente de La Liga, que en unos años ha pasado de ganar 360.000 euros anuales a poder alcanzar los 5,4 millones de euros si cumple una serie de variables. Piratería siempre habrá, pero seguro que el volumen sería mucho menor si los precios que rodean al fútbol no obligan a la gente a quedarse fuera del sistema y a tener que buscarse la vida, de una manera u otra, para disfrutar de su pasión.