Imagínate que te hacen las siguientes preguntas para un barómetro institucional: “¿Cree usted que las personas blancas son más o menos conflictivas/honradas/trabajadoras que el resto?”. Sería desconcertante, ¿verdad? Queremos cuestionar una tendencia arraigada en los estudios sociológicos: pedir a las mayorías sociales que emitan juicios de valor sobre grupos sociales históricamente discriminados. 

Desde el feminismo se criticó recientemente el barómetro del CIS donde se recogía que el 44% de los hombres cree que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos. El hecho de que los medios de comunicación llevasen al titular ese dato planteó una cuestión de fondo: cómo la orientación de las preguntas puede reforzar discursos prejuiciosos presentes en la cultura hegemónica.

El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, realiza cada año un Barómetro sobre percepciones y actitudes hacia la población extranjera, y presentó en enero de 2023 el primero equivalente sobre el pueblo gitano. Entonces, nuestra primera reacción fue de agradecimiento. Es urgente que se realicen investigaciones que sirvan de base para políticas públicas que reconozcan la diversidad, deslegitimen las discriminaciones y proporcionen datos actualizados sobre las violencias estructurales que vivimos. Sin embargo, nos resultó desalentador leer en profundidad el informe Neurtu 2022 sobre las percepciones y actitudes hacia las personas gitanas. 

No es la primera vez que la metodología del Observatorio es revisada de manera crítica. El sociólogo de la UPV Jokin Azpiazu Carballo, integrante del equipo colaborador del informe Neurtu 2021 sobre actitudes y percepciones hacia la población LGTBI, publicó en un monográfico del mismo observatorio un artículo con similares consideraciones que las nuestras. Para empezar, este investigador cuestionó el marco de la integración que asume el informe: es decir, que los barómetros pongan el foco en el grado de simpatía o tolerancia que la ciudadanía declara hacia los grupos sociales subalternizados, en vez de medir el alcance material de las violencias estructurales que enfrentamos. Por ejemplo, aunque más del 60% de la ciudadanía diga que no tendría problemas en contratar o en alquilar la vivienda a personas gitanas, la experiencia de nuestra asociación es que prácticamente el 100% de las personas gitanas tenemos problemas para acceder al empleo y la vivienda. 

Además, en el mismo trabajo se subraya la necesidad de buscar formas para compensar el llamado “sesgo de deseabilidad” o discurso políticamente correcto; muchas personas encuestadas no admitirán su implicación en conductas, actitudes u opiniones que perciben como socialmente indeseables, por lo que los resultados obtenidos no reflejan el nivel real de pensamiento racista. Un ejemplo claro es que, según Neurtu 2022, sólo el 38% de las personas dice que evitaría o rechazaría llevar a sus hijas e hijos a escuelas con mucho alumnado gitano; cuando sabemos que el alcance de la segregación escolar en Euskadi es infinitamente mayor. 

Lo que reclamamos es que la Academia y las instituciones revisen los cimientos metodológicos y de saberes que refuerzan los discursos dominantes

Sin embargo, nos preocupan más los bloques de preguntas en los que se invita a la ciudadanía a emitir juicios de valor sobre nuestra cultura, nuestras costumbres e incluso nuestra calidad moral, a pesar de que solo el 30% dice tener amigas o conocidas gitanas. Más allá de intentar medir el alcance de los consabidos rumores racistas (si acaparamos los servicios sociales y sanitarios, si provocamos delincuencia…), el cuestionario osa poner en el punto de mira a nuestra infancia, con enunciados escalofriantes: “El alumnado gitano baja el nivel educativo de las escuelas” o “Las personas gitanas no salen adelante porque enseñan a sus hijos/as valores que no son los adecuados en esta sociedad”.

Las investigadoras justifican en el informe la “estrategia metodológica” de consultar a la población “acerca de algunas ideas estereotípicas, aun a sabiendas de su invalidez”. Llama la atención que, siendo conscientes de ello, no hayan puesto más cuidado en afinar el instrumento de investigación, de manera que no contribuya a fijar un imaginario negativo y distorsionado sobre las personas gitanas. Insistimos en que es una estrategia dañina porque invita a la sociedad mayoritaria a pensarnos como una comunidad homogénea y antagónica al resto. 

De esta manera, Ikuspegi ignora la advertencia que hace Naciones Unidas en su informe Enfoque de datos basados en Derechos Humanos: que las encuestas de población especializadas “no deben generar discriminación, prejuicios ni estereotipos en detrimento de determinados grupos de población ni tampoco reforzar los que ya existan”.

En este sentido, coincidimos con Azpiazu en la importancia de acompañar los datos de una interpretación cuidadosa y compleja. En cambio, en los barómetros de Ikuspegi que hemos leído no hay (ni en el cuestionario ni en la redacción del informe) elementos para desmontar prejuicios tan extendidos como los relativos al antigitanismo de género, que colocan a las mujeres gitanas en una posición subalterna: tres de cada cuatro encuestadas considera que las personas gitanas somos más machistas que el resto, y que las pautas culturales de nuestro Pueblo limitan el desarrollo educativo y laboral de las mujeres gitanas.

Por otro lado, la encuesta incluye un bloque en el que se pide a la ciudadanía vasca que responda si ha asistido a la violencia antigitana; desde bromas y rumores a agresiones directas. Llama la atención que los barómetros asignen siempre a la ciudadanía el papel de testigo o de víctima, pero nunca el de victimaria. ¿No sería más interesante preguntar a esas personas que han presenciado antigitanismo si se callaron, se desmarcaron o se sumaron a violentarnos? 

Tal vez se habrían tenido en cuenta estos elementos si Ikuspegi hubiera sumado a su equipo colaborador a investigadoras gitanas como Patricia Caro Maya, Pastora Filigrana, Nicolás Jiménez, Helios F. Garcés o Araceli Cañada Ortega, entre otras. Sin embargo, eligió a dos hombres académicos blancos, reforzando así el prejuicio de que no hay personas racializadas con cualificación para asesorar investigaciones académicas. 

Más del 85% de las personas encuestadas niega que haya racismo antigitano, y casi la mitad nos culpa de nuestra situación de discriminación

No es en absoluto nuestra intención arremeter contra los estudios de opinión, ya que son herramientas necesarias para respaldar las denuncias de los casos de antigitanismo que recibimos. Lo que reclamamos es que la Academia y las instituciones revisen esos cimientos metodológicos y de saberes que refuerzan los discursos dominantes. Para ello, es fundamental que se nutran de conocimientos y epistemologías críticas (feministas, anticoloniales, participativas…), más afines a la búsqueda de justicia social y reconocimiento a la diversidad humana.

Queremos terminar destacando otros dos datos desesperanzadores en la encuesta Neurtu 2022: más del 85% de las personas encuestadas niega que haya racismo antigitano en los centros educativos, en los establecimientos comerciales o en los servicios de la Administración pública, y casi la mitad nos culpa de nuestra situación de discriminación. ¿Tiene sentido entonces seguir dando altavoz al desconocimiento y el prejuicio? Nosotras creemos que la fórmula para reconocer y combatir el antigitanismo tiene que ser otra: adoptar y promover una postura de aprendizaje hacia los saberes y resistencias de las personas gitanas. Solo así podremos forjar una sociedad más igualitaria y respetuosa con la diversidad.
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Firman también este artículo Tania Martínez Portugal, Zesar Martínez y Jule Goikoetxea, investigadoras de Ciencia Política y Sociología de la Universidad del País Vasco (UPV).