El PSOE, alineado con la derecha, ha desempolvado la misma propuesta abolicionista que casos como el de Mediador le obligaron a guardar en el cajón. Desde la investigación académica y el trabajo de campo conocemos el impacto de estas medidas y en 2022 ya escribí un artículo documentando las consecuencias que esta reforma del Código Penal traería para quienes ejercen la prostitución. Sin embargo, los ideales pesan más que los efectos materiales para el añejo debate; por eso hay un sector más preocupado por el uso de términos como ‘trabajadora sexual’ que por que vayan a desahuciarlas en masa. Cuando una postura goza de todo el poder institucional, no asistimos a un debate, sino a un combate dialéctico en el que la hegemonía abolicionista disemina sin obstáculo sus eslóganes, mientras la postura proderechos queda relegada a la caricatura que esta hace de ella. Para contribuir a equilibrar la balanza, en este artículo repaso algunas de las falacias más habituales de nuestro falso debate.

1)    No existe ninguna evidencia que apoye que la regulación mejora la vida de las prostitutas. De hecho, en Alemania y en Holanda ha empeorado.

Más que de una falacia se trata de una falta de formación deliberada y la clase de expresión que demuestra que hay abolicionistas que solo se leen a sí mismas: ninguna organización de trabajadoras sexuales demanda el regulacionismo. De hecho, el propio sindicato holandés Proud denuncia sus inconvenientes y reclama, en cambio, el modelo de despenalización neozelandés. Para muchas “son lo mismo” porque clasifican las normas jurídicas en función de si “legitiman” o no la prostitución, pero, aunque no estemos en un examen de derecho, convendría ser rigurosas, no extender bulos y poner en práctica el pensamiento crítico: ese que comienza cuestionando los propios prejuicios. Verbos como ‘legalizar’, ‘regular’ o ‘despenalizar’ enuncian acciones muy diferentes.

Un modelo despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores

Otra de sus fake news consiste en afirmar que en España la prostitución ya está despenalizada. Sin embargo, lo que despenalizó el PSOE en 1995 fue la tercería locativa, que Franco había penalizado en 1956 cuando declaró la abolición de la prostitución “velando por la dignidad de la mujer”. En nuestro contexto se combina un Código Penal que ya es abolicionista con un alterne reglamentado y un ejercicio callejero prohibido a través de ordenanzas y de la ley mordaza. Mientras el Código Penal español considera irrelevante el consentimiento de las prostitutas, un modelo verdaderamente despenalizador únicamente recogería los tipos penales de prostitución forzada y prostitución de menores; es decir: la trata de personas.

¿Hay evidencias de que el modelo despenalizador mejore la vida de las mujeres? Sí, por ejemplo, la evaluación oficial del gobierno neozelandés, estudios como el de la universidad de Otago con una muestra de 772 trabajadoras sexuales o, si lo prefieren en castellano, el volumen traducido por Virus. De ahí que sea la opción recomendada por Amnistía Internacional, ONU Sida, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. En cambio, el modelo abolicionista nórdico vulnera los derechos humanos de las trabajadoras y no ha conseguido abolir absolutamente nada, tan solo barrer a las prostitutas de las calles para reubicarlas en espacios clandestinos.

2)    Se legisla para la mayoría, que está obligada a prostituirse, no para las privilegiadas.

Al margen de que desconozco cuál es el privilegio del que goza una persona que carece de derechos –sociales, civiles y laborales–, sufre un estigma y suele estar, de hecho, en posición de opresión con respecto a quien le asigna este adjetivo, no existe ningún estudio cuantitativo que avale que el 80, 90 o 95% de la prostitución es trata. La ONU la cifró en su momento en un 14%, cifra muy similar a la hallada por Carmen Meneses en Euskadi. El reciente Plan Camino la estima en un 10%. Resulta fundamental no olvidar (como tantas veces nos ha reclamado el Consejo de Europa) que existen muchas más modalidades de trata de personas en nuestro país y el último balance del CITCO ha comenzado a dar cuenta de ello. En febrero una operación policial detectó 21 mujeres víctimas de explotación laboral en zonas agrícolas, a las que no dejaban comer ni beber y una de ellas había sufrido un aborto. Lo que tienen en común muchas modalidades de trata es el cierre de fronteras de la Europa Fortaleza que favorece a las redes, así como una ley de extranjería que condena a las personas migrantes a tres años de irregularidad forzosa.

3)    Se requiere de una ley abolicionista del sistema prostitucional junto a la abolición de la ley de extranjería.

El recurso a la ley de extranjería es una especie de comodín de la llamada, pero que en realidad se trata de un cliché vacío. En occidente, las políticas abolicionistas son uno de los instrumentos que emplea la policía para llevar a cabo el control migratorio, desde el enfoque trafiquista y securitario con el que Europa tematiza la trata, hasta las redadas en los clubes que acaban con aquellas mujeres que no pueden o no quieren denunciar en un CIE a la espera de deportación. Como mostró el informe de Mundo en Movimiento, el perfil mayoritario de mujeres encerradas en el CIE de Aluche era el de prostitutas latinoamericanas con cargas familiares. Estas políticas dan cobertura humanitaria a las deportaciones, opacadas detrás de verbos como “liberar” expedientes de expulsión. Por eso, oír a abolicionistas favorables a las medidas punitivas pedir a la vez la derogación de la ley de extranjería es como escuchar al director de un matadero hablar de antiespecismo: no cuela. Más sangrante, sin duda, cuando proceden de las filas del PSOE, partido que votó en contra de la PNL de Regularización Ya; colectivo del que es portavoz Kenia García, también militante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Este, como otros tantos del movimiento migrante y antirracista, se ha significado como proderechos y obras como Putas migras de Linda Porn y Kali Sudhra dan cuenta de la coherencia de esta alianza.

4)    Ninguna mujer lo hace porque quiere: no existe libre elección en condiciones de miseria.

Estamos de acuerdo: en el capitalismo la clase obrera no suele trabajar porque quiera, sino por necesidad económica. Como tenemos conciencia de clase, entendemos que el hecho de que jornaleras, riders, camareras de piso, trabajadoras del hogar y un largo etc. no tuvieran un amplio abanico de opciones no significa que lo que hagan deje de ser un trabajo. Tampoco tiene mucha lógica sostener que darles derechos a estas personas favorece su explotación, al contrario, pero en dichos casos no existe un estigma nublando el juicio. La patronal del alterne lleva décadas demandando la regulación de la prostitución por cuenta propia y no ajena por algo: porque figurar tan solo como arrendadores del espacio y tener a las mujeres como falsas autónomas trabajando bajo sus condiciones es lo que les sale rentable.

Llamar ‘trabajo’ al trabajo no implica defender el trabajo, al menos desde una perspectiva de izquierda. Para el marxismo, en el modo de producción capitalista el trabajo es el ámbito de la venta de uno mismo como mercancía y, por tanto, se trata del contexto de la explotación. La única herramienta que hemos conquistado en estos últimos siglos para hacerle frente a los abusos y a la explotación, para reducir la vulnerabilidad y proteger a los trabajadores se llama derechos.

Llamar ‘trabajo’ al trabajo no implica defender el trabajo, al menos desde una perspectiva de izquierda

5)    Hay que poner el foco en la demanda: sin clientes no hay prostitución.

Como se lleva documentando en tesis doctorales e informes de entidades, con la crisis económica de 2007 primero y con la pandemia después, ha ocurrido más bien lo contrario: más oferta que demanda. Convendría recordar que eso de que “somos el tercer país del mundo en consumo de prostitución” viene de un estudio de 1998 que, a su vez, utilizaba datos de 1990 y solo observó nueve países.

No es que yo crea que la clientela de la prostitución sea el adalid del feminismo (al contrario) ni tampoco que no piense que la prostitución es una institución patriarcal (por supuesto que sí), pero no es la única y ni siquiera la más peligrosa (esa se llama matrimonio). El problema estriba en asumir que la causa de la prostitución es la clientela, porque ese enfoque individualista desresponsabiliza al Estado de las causas estructurales por las que existe, las cuales tienen más que ver con la feminización de la pobreza y el cierre de fronteras. No hay forma humana de “ir a por el cliente” sin perjudicar principalmente a las mujeres. Desde hace nueve años la ley mordaza sanciona al cliente que solicita servicios en la calle, y esta medida, lejos de abolir la prostitución, lo que ha conseguido, de acuerdo con el estudio del Grupo Antígona de la Universidad de Barcelona, es precarizar a las mujeres, exponerlas a mayores riesgos y desplazarlas a espacios regentados por terceros.

Para ser “invisible”, llama la atención que llevemos casi una década sancionándola, que exista una producción académica e incluso audiovisual creciente y que se hayan destinado cientos de millones a pagar campañas contra la demanda. Es como quien sale en la portada del periódico afirmando que ya no se puede hablar de nada, porque te cancelan. Por mi parte, creo que el foco tiene que estar puesto en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres por la criminalización y la clandestinidad, en la derogación de todas las normativas, en la reforma urgente de la ley de extranjería y en construir alternativas realistas para el abandono del ejercicio. Resulta obsceno gastar tantos millones en campañas contra la demanda cuando las becas para el abandono apenas alcanzan los 400 euros mensuales.

6)    Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es lo mismo que decir que los hombres tienen derecho a comprarlas: no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona.

Si dicen que vender servicios sexuales es equivalente a venderse como mujer, entonces también están diciendo que nuestra identidad se reduce a unos genitales. El patriarcado considera que las mujeres somos solo sexo, una subjetividad sexualizada, de modo que nuestra dignidad y reputación se encuentra entre las piernas. Reducidas a ser cuerpos frente a las masculinas mentes cartesianas, hoy se nos pide que “no nos cosifiquemos”, que nos respetemos, que seamos mujeres “de alto valor”. Lo que no entiendo es cómo puede llamarse feminista una narrativa que reproduce esta escala de valores, aunque sea de manera acrítica e inconsciente.

En cuanto al tema de las fregonas y como profesora de Filosofía, me gustaría aclarar una vez más que en el capitalismo a la mercancía humana se le denomina fuerza de trabajo. Estos términos no representan ninguna clase de dicotomía, son sinónimos. Díganle a la camarera de piso que falleció el pasado año en Tenerife por la cantidad de fármacos que tenía que tomar para soportar la jornada laboral que no era su cuerpo lo que el capital ponía en juego. No entiendo la obsesión por idealizar y romantizar el concepto de trabajo para poder así demonizar a la prostitución; de lavarle la cara al capitalismo y olvidar el cuerpo en todas las demás relaciones de producción y reproducción. Ninguna capacidad o facultad humana con la que trabajamos en este sistema es ajena al Yo; ninguna parte del cuerpo es más sagrada que otra: este modo de producción se alimenta de sangre, sudor y músculo.

7)    El sexo no puede ser una relación laboral, son violaciones remuneradas.

En mi tesis doctoral documenté casos donde, al intentar denunciar una agresión sexual, la policía buscaba disuadir a la mujer diciéndole que eran “gajes del oficio”. El machismo considera que una prostituta nunca puede sufrir una violación, porque no tiene la reputación suficiente (se viola a las “puras”, frente a las cuales ellas están “disponibles”). En el otro extremo, el abolicionismo opina que se trata siempre de una violación. Estas dos respuestas antagónicas (nunca/siempre) tienen en común juzgar la violencia a partir de una idea preestablecida y esencialista. En cambio, y de acuerdo con Amnistía Internacional: “El análisis del consentimiento es necesariamente específico de cada caso y cada contexto, y en toda consideración relativa a la cuestión del consentimiento debe darse prioridad a las opiniones, las perspectivas y las experiencias de las personas que venden servicios sexuales”. También esta entidad señala que ambas posturas esencialistas conducen a consecuencias similares, como dificultar la detección de las violencias concretas cuando se producen, mermar la credibilidad del testimonio (que será juzgado a partir de sus estereotipos) y generar, en consecuencia, indefensión jurídica.

El machismo considera que una prostituta nunca puede sufrir una violación, porque no tiene la reputación suficiente

Situar al mismo nivel consumir servicios sexuales que agredir normaliza la violencia que puedan sufrir estas trabajadoras, algo especialmente grave para uno de los colectivos que menos recurre a la justicia. Las trabajadoras del sexo internalizan estos discursos, lo que las disuade muchas veces de denunciar, asumiéndose poco creíbles unas veces, y otras como malas mujeres que se merecen lo que les ocurra. Desde mi punto de vista, se debe reconocer la violencia sexual en el contexto de prostitución sin esencializarla en un siempre o en un nunca, y personas declaradas feministas no deberían ser las primeras en denegarles su capacidad de consentimiento.

8)    Deberías leer teoría feminista: feminismo solo hay uno, que es y siempre será abolicionista.

Angela Davis, Judith Butler, Emma Goldman, Nancy Fraser, Silvia Federici o Martha Nussbaum son solo algunos de los muchos nombres de teóricas feministas que demuestran que esto no es cierto. La perspectiva interseccional, de hecho, es diametralmente opuesta a la del feminismo “radical” que considera que solo hay una categoría de opresión fundamental –la de género– y las demás tan solo hacen más pesada esa carga. ¿Que las sufragistas eran abolicionistas? Sí, y también liberales, burguesas, colonialistas, heterosexistas y otros muchos sesgos, ¿reclamamos también todo eso?

Decía Echols que las autodenominadas feministas radicales de los ochenta tenían poco en común con las genuinas, y que eran, más bien, feministas culturales. De hecho, Kate Millet apoyó la huelga de prostitutas de 1975 en Lyon y también firmó, junto a Adrianne Rich, el informe de la FACT que se oponía a la prohibición de la pornografía en Indianápolis; ordenanza ideada por MacKinnon y Dworkin en alianza con Reagan. Como muestra de su “radicalidad”, a favor del abolicionismo también tenemos al papa, Frontex, la UCRIF, Ana Botella o Cuca Gamarra.

Al margen del clasismo que entraña mandar a leer, convendría recordar que nuestros derechos se los debemos al feminismo autónomo y de las bases. Y no, sus asambleas de coordinación, desde la transición hasta el presente, no le pertenecen al abolicionismo. Mujeres como Empar Pineda o Cristina Garaizabal formaron parte de las luchas que conquistaron derechos tales como el del aborto (como se recogía en este episodio de Ciberlocutorio) u otros tantos que rememora la genealogía de Paloma Uría.

El feminismo no ha venido a suturar la muerte de Dios, no es una religión con dogmas sagrados ni la sororidad sustituye al amor romántico; es, como decía Vasallo, ante todo un método y una praxis. Este es un momento crucial para que las proderechos hagamos ruido y abandonemos la tibieza por miedo al conflicto. Tenemos argumentos de sobra y no vamos a dejar solas a las trabajadoras sexuales mientras se debate una reforma que clandestinizará aún más sus vidas. No hemos venido a caerle bien a nadie ni a hacer negocio con el feminismo: sí, somos las malas y estamos orgullosas de romper con el principal mandato patriarcal.

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Paula Sánchez Perera es autora de Crítica de la razón puta: cartografías del estigma de la prostitución.