La motosierra del presidente Javier Milei ha llegado a las universidades públicas, que en Argentina son 57 y congregan a dos millones y medio de estudiantes en todo el país. En las últimas semanas, muchas de ellas se han declarado en estado de emergencia y han advertido que tendrán que cerrar si el Gobierno no revierte la actual situación de asfixia presupuestaria. Al ínfimo aumento salarial para trabajadores docentes y no docentes se suma una situación inédita: el Gobierno ha congelado la cuota de gastos de funcionamiento, que el Estado transfiere a las universidades para afrontar todo lo que no sea pago de salarios, a valores de enero de 2023. Es decir, que están recibiendo lo mismo que en aquel entonces, con un 300 por ciento acumulado de inflación.

“La perspectiva que tenemos, si nada cambia, es que esto termine muy mal”. Quien habla con CTXT es Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que fue creada en 1968 y tiene doce facultades con casi 90.000 alumnos. “Se nos pide que hagamos un esfuerzo y realmente lo hacemos, pero no hay forma de que podamos sostenernos en el tiempo sin lesionar ninguna de las actividades que hacemos”, sentencia.

No es una amenaza ni una manera de decir: con la cuota de gastos de funcionamiento las casas de altos estudios pagan, por ejemplo, la factura de luz, el mantenimiento de la infraestructura, los servicios de limpieza y seguridad, insumos de laboratorios y otros espacios especializados y hasta la beca de las y los estudiantes. Ninguna, ni la Universidad de Buenos Aires –una de las más prestigiosas del mundo–, puede afrontar esos costos con un congelamiento de quince meses. Para peor: en marzo la factura de luz triplicó a la de febrero. Y así todo.

Ninguna, ni la Universidad de Buenos Aires, puede afrontar los costos con un congelamiento de quince meses

En las últimas semanas, y para desactivar (sin éxito) un paro de trabajadores del sector, el Gobierno anunció un supuesto aumento del 70 por ciento del presupuesto. Pero las autoridades universitarias le restaron importancia. Primero, porque es algo que desde la Secretaría de Educación ya habían anunciado previamente y sin concreción, y luego porque, aún si sucediera el aumento, la cuota de gastos de funcionamiento seguiría estando a la mitad de lo que las universidades necesitan para funcionar.

Situación crítica

Además de la cuestión formativa, las universidades nacionales se constituyen, en todo el territorio argentino, como un espacio de contención en muchos sentidos. En la amplia heterogeneidad del sistema de educación superior, muchas de ellas tienen comedores, merenderos, centros culturales, campos deportivos, jardines maternales y otros espacios abiertos a la comunidad. Sobre éstos van recayendo los primeros recortes, que muchas instituciones ya debieron anticipar por falta de presupuesto.

Los ajustes empiezan a aparecer de a poco en el propio funcionamiento académico. Algunas universidades ya anunciaron cupos para cursar materias (lxs estudiantes pueden anotarse, por ejemplo, en hasta dos materias) y otras evalúan suprimir el turno noche, en el que hay mayor consumo de electricidad. Un duro golpe a la clase trabajadora, que retrasaría los plazos de egreso de miles de personas.

Germán Pinazo es vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, fundada en 1993 en la Provincia de Buenos Aires. Respecto a esto último señala una importante paradoja: “Quienes no conocen la cotidianeidad del sistema universitario no lo saben, pero en los momentos de crisis económica las matrículas de las universidades crecen. Como hay menos trabajo, muchas personas aprovechan para retomar estudios abandonados o para acelerar la cursada. Acá lamentablemente va a pasar todo lo contrario: quienes tardaban cinco años en graduarse lo van a poder hacer en nueve o diez”.

Desde varias instituciones ya le pusieron fecha a su capacidad de resistencia: mayo de este año

Desde varias instituciones ya le pusieron fecha a su capacidad de resistencia: mayo de este año. Si para ese entonces no hay un aumento significativo del presupuesto, algunas tendrán que cerrar. Ante la consulta de esta cronista sobre si “cerrar” es una expresión literal o en sentido figurado, diversas autoridades universitarias respondieron: “Cerrar es cerrar. No poder pagar la luz, que te la corten, que renuncien los docentes por falta de pago y no poder dar clases a nadie más”.

A la defensa de un sector estratégico

El salarial es el otro gran problema que enfrentan las universidades por estas semanas. El Frente Sindical Universitario, que reúne a los principales gremios del sector, rechazó por insuficiente una magra propuesta del Gobierno, que luego paralizó las negociaciones. Las y los trabajadores docentes y no docentes de estas universidades –unos 300.000 en todo el país– reclaman una suma que recupere el poder adquisitivo, en un contexto en el que, en el último mes, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 11,9%.

“La situación es grave. Perdimos un cincuenta por ciento de poder adquisitivo y no hay una mesa de negociación abierta. Los trabajadores y trabajadoras no tenemos que seguir pagando una crisis que no hemos generado”, señala a este medio Francisca Paquita Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica, uno de los principales sindicatos del sector. Para ella existe un “ataque deliberado” hacia la educación y hacia lo público en general. “El Estado se preocupa en llegar a metas de déficit cero y no cumple con las garantías necesarias y obligatorias”.

En el último mes, todos los gremios del sector hicieron un gran paro de actividades y no descartan otras medidas de fuerza. Denuncian no sólo su situación, sino otras que ponen en jaque al sistema de producción del conocimiento autóctono en el país: el freno del Gobierno a la creación de cinco nuevas universidades que había sido aprobada en el Congreso de la Nación, la falta de designación de autoridades en la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y los despidos en el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, el Conicet, entre otras.

“Estamos convencidos del rol estratégico que tiene la educación superior para un país que tiene los problemas estructurales que tiene Argentina”, señala Bartolacci, que habla de “medidas creativas alternativas” hasta que se regularice la situación presupuestaria. ¿Cuáles serían esas medidas? La búsqueda de alianzas, de colaboración y cooperación con otros niveles del Estado y el sector privado que entiendan la importancia estratégica del sector. “No es un reclamo de carácter corporativo, se trata de cuidar algo fundamental que ha construído la sociedad”, afirma el rector de la UNR.

En ese camino de pensar alternativas, en los últimos días un grupo de autoridades de casas de estudio lograron que la oposición peronista presentara en el Congreso un proyecto de ley para reformar el Régimen de Economía del Conocimiento y con eso financiar al sistema educativo superior. Todo lo que las universidades percibieron en concepto de gastos de funcionamiento en 2023 es menor de lo que obtuvo, por ejemplo, Mercado Libre (empresa líder en comercio electrónico), en concepto de exenciones impositivas. “Si una sola empresa pagara los impuestos que tiene que pagar no habría problemas en todo el sistema universitario”, explica Pinazo, que colaboró desde la UNGS a impulsar el proyecto.

En este marco de crisis, desde distintas universidades están combatiendo el discurso anti gasto público de Milei, explicando a la sociedad que, lejos de suponer un derroche para las arcas del Estado, las partidas que el Gobierno congeló no han superado en los últimos 10 años el 0,12% del Producto Bruto Interno, que no es un problema de falta de dinero y que no hay tiempo que perder para preservar a este sector clave para el desarrollo del país. Rectores y autoridades no descartan acudir a la justicia para exigir la regularización de los pagos y sentencian: “Ha habido otros momentos de crisis, pero esta situación es inédita en nuestra historia”.